Dick Cheney y el legado del Estado de vigilancia: del 11-S a la era Trump

Un país marcado por el 11 de septiembre

El 11 de septiembre de 2001 no solo significó una tragedia nacional sin precedentes, sino que también alteró de forma irreversible la arquitectura del poder en Estados Unidos. Al calor del miedo y la urgencia, se tomaron decisiones que ampliaron drásticamente los poderes del Ejecutivo, en especial en materia de vigilancia e inteligencia. En el centro de esta transformación estuvo Dick Cheney, el entonces vicepresidente bajo la administración de George W. Bush.

Cheney no fue simplemente un actor secundario del gobierno; fue, en muchos sentidos, su arquitecto ideológico en políticas de seguridad. Su visión de un Ejecutivo ampliado marcó profundamente al Estado moderno de vigilancia, construyendo una estructura legal que continúa vigente —con cuestionamientos— más de dos décadas después.

El nacimiento del patriotismo legislativo: la Ley Patriota

Apenas unos días después de los atentados, el Congreso aprobó la USA PATRIOT Act, una pieza legislativa que otorgó al gobierno poderes casi ilimitados de vigilancia y recolección de datos. Cheney fue uno de sus principales promotores.

“Si esta autoridad hubiera existido antes del 11-S, podríamos haber detectado a los dos secuestradores que estrellaron el avión contra el Pentágono”, llegó a declarar Cheney en defensa del programa de interceptación sin orden judicial de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Entre los poderes concedidos por la ley destacaban las controvertidas cartas de seguridad nacional del FBI, que permitían solicitar información privada de los ciudadanos sin necesidad de aprobación judicial. Todo esto en nombre de la lucha contra el terrorismo.

Vigilancia sin límites: el legado de la NSA

Uno de los programas más polémicos respaldados por Cheney fue el de intervenciones telefónicas sin autorización judicial. El vicepresidente defendió que interceptar comunicaciones entre presuntos terroristas era una necesidad de seguridad, aunque incluso dentro del propio gobierno —como en el caso del entonces secretario de Justicia interino James Comey— se cuestionó su legalidad.

Este programa secreto fue revelado por The New York Times en 2005, abriendo una tormenta política y jurídica. Sin embargo, la mayoría de los mecanismos legales adoptados tras el 11-S se mantuvieron, e incluso se expandieron bajo nuevas legislaciones como la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).

El nuevo conflicto del siglo XXI: la inteligencia como arma política

Este marco legal totalmente transformado también permitió que el espionaje e inteligencia fueran utilizados con fines políticos. Durante los años previos a la invasión de Irak en 2003, Cheney presionó a los servicios de inteligencia para encontrar vínculos entre Saddam Hussein y Al-Qaeda, además de supuestas armas de destrucción masiva.

“Cheney y otros altos mandos jugaron con los datos sin confirmar para justificar una guerra”, comentó Jim Ludes, exanalista de seguridad nacional y actual director del Pell Center, en una entrevista reciente. El resultado fue una de las intervenciones militares más costosas y cuestionadas de las últimas décadas.

Según un informe del SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo), la guerra de Irak ha costado más de 2 billones de dólares y ha dejado más de 200.000 civiles muertos —todo basado en inteligencia errónea o manipulada.

¿Un ciclo sin fin? Las tácticas de Cheney en la era Trump

Irónicamente, aunque Trump ha criticado duramente a Cheney, adoptó la misma doctrina legal para justificar ataques extraterritoriales durante su gobierno, incluyendo operaciones letales contra supuestos narcotraficantes en América Latina.

“Estas organizaciones narco-terroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y serán tratadas de la misma manera”, declaró en 2023 el secretario de Defensa Pete Hegseth en redes sociales, evocando el lenguaje del enfrentamiento bélico perpetuo impulsado por Cheney.

El poder del Ejecutivo hoy: ¿fronteras difusas?

Uno de los legados más duraderos del periodo Cheney es la confusión entre políticas civiles y militares. “Su enfoque colapsó las líneas entre la aplicación civil de la ley y las respuestas militares”, señaló el profesor Stephen Vladeck de la Universidad de Georgetown.

La designación de grupos como terroristas se volvió una herramienta común, siendo utilizada recientemente por Trump para justificar acciones contra cárteles mexicanos. ¿Hasta dónde se puede estirar el concepto de ‘combatientes enemigos’? La discusión legal y moral sigue abierta.

Grietas internas: espionaje y divisiones gubernamentales

El modelo de Cheney también generó un aparato institucional enorme y dividido que hoy enfrenta tensiones internas. En el centro de esta disputa se encuentran el FBI y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI).

Una carta enviada recientemente al Congreso por el FBI alertó sobre un proyecto legislativo que eliminaría al buró como principal agencia de contrainteligencia del país. “La propuesta pondría en manos de empleados no capacitados la toma de decisiones estratégicas en contrainteligencia”, advirtió la misiva, revelando una batalla por el control del aparato de espionaje.

¿Un giro en la opinión pública?

Mientras en 2001 el consenso político apoyaba sin fisuras las medidas de vigilancia extrema, el panorama hoy es distinto. Muchos republicanos que antes respaldaban el enfoque de Cheney hoy cuestionan el papel de las agencias de inteligencia, especialmente por su papel en la investigación de la trama rusa y Trump.

El Congreso dejó expirar disposiciones de la Ley Patriota en 2020, y la reautorización de otros programas ha enfrentado duras negociaciones. La era Cheney dejó cicatrices y un aprendizaje amargo: el equilibrio entre la seguridad y la libertad es precario, y los excesos pueden volverse en contra del propio sistema democrático.

El dilema no resuelto

Como advierte Vladeck, “expandir esas autoridades no fue un objetivo incidental para Cheney; fue uno central”. A más de 20 años del 11 de septiembre, su visión del poder estatal continúa moldeando la política de seguridad con efectos profundamente ambivalentes.

¿Es posible garantizar seguridad sin vulnerar las libertades civiles? Esta pregunta, que emergió bajo la sombra de las Torres Gemelas, sigue sin respuesta definitiva.