Guerra en alta mar: ¿una nueva doctrina militar de EE.UU. en América Latina?

Un giro decisivo en la estrategia antidroga

Desde mediados de los años 80, Estados Unidos ha encabezado numerosos esfuerzos para combatir el tráfico de drogas en Latinoamérica. Sin embargo, el anuncio reciente del Secretario de Defensa Pete Hegseth marca un claro punto de inflexión. El martes, Estados Unidos llevó a cabo otro ataque mortal sobre una embarcación acusada de transportar drogas en el Pacífico oriental, matando a dos personas. Con este, ya suman 66 muertos en al menos 16 ataques desde que la administración Trump intensificó su ofensiva marítima contra narcotraficantes.

La narrativa que ha acompañado la operación es clara: según el presidente Donald Trump, su gobierno se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de la droga. No obstante, son muchos los que ven esta afirmación con escepticismo y preocupación.

Legalidad cuestionada y críticas desde fuera y dentro

El Congreso de Estados Unidos —tanto republicanos como demócratas— ha exigido explicaciones más claras sobre quiénes están siendo atacados y en base a qué justificación legal se ejecutan estas acciones militares. La Constitución de EE.UU. otorga al Congreso la facultad exclusiva de declarar la guerra, por lo cual este tipo de operaciones sin autorización explícita levantan serias preocupaciones.

Desde la comunidad internacional tampoco han tardado en llegar las críticas. Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió el cese inmediato de los ataques, advirtiendo sobre la posibilidad de “asesinatos extrajudiciales” perpetrados desde barcos y aeronaves estadounidenses.

Las imágenes compartidas por Hegseth en redes sociales, que muestran una embarcación siendo atacada y luego envuelta en llamas, no han hecho más que añadir combustible a este intenso debate.

¿Quiénes son realmente los blancos de estos ataques?

Una de las cuestiones más problemáticas es la opacidad entorno a los blancos de estos ataques. ¿Se trata de pequeños cargueros con rudimentarios medios de navegación, o de embarcaciones de alto calibre militarizadas por cárteles? ¿Se está disparando primero y preguntando después?

Según Trump, muchos de estos barcos están operados por “organizaciones terroristas extranjeras”. Pero hasta el momento no se ha hecho público ni un solo informe que muestre datos concretos sobre la pertenencia de estos tripulantes a grupos terroristas identificados por el Departamento de Estado.

“Vamos a encontrar y eliminar TODA embarcación con intención de traficar drogas hacia América para envenenar a nuestros ciudadanos”, dijo Hegseth durante un viaje oficial a Asia. Pero esta retórica, mientras intenta proyectar firmeza, también muestra un preocupante desdén por los estándares internacionales de uso proporcional de la fuerza.

Presencia militar creciente en Latinoamérica

Todo esto sucede en paralelo al despliegue del portaviones USS Gerald R. Ford, que ha abandonado recientemente el mar Mediterráneo rumbo al Caribe. Este despliegue, que incluye también al destructor USS Bainbridge, se suma a una acumulación notable de fuerzas estadounidenses en América Latina.

Estados Unidos ya contaba con aviones, embarcaciones y tropas en puntos estratégicos de la región, pero el envío del Ford, capaz de transportar más de 75 aeronaves y más de 4,500 efectivos, representa una clara escalada militar.

Según fuentes del Pentágono, otros destructores de la flota del Ford —como el USS Winston Churchill y el USS Mahan— se encuentran aún en el Mediterráneo en espera de instrucciones, mientras el USS Forrest Sherman y el USS Mitchener están desplegados en la zona del Mar Rojo.

Venezuela en la mira

Esta creciente presencia militar ha despertado naturalmente sospechas en América Latina, particularmente en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro —quien ha sido acusado por EE.UU. de estar implicado en el narcotráfico internacional— ha ido más allá al declarar que el gobierno estadounidense está “fabricando una guerra” contra él.

Durante una entrevista transmitida el domingo por el programa 60 Minutes, Trump fue cuestionado sobre su intención de ir a guerra con Venezuela. Aunque respondió con un: “Lo dudo. No lo creo”, también insinuó que los días de Maduro estaban contados.

No obstante, no cerró la puerta a futuros ataques con misiles o intervenciones terrestres: “Veremos”, dijo con ambigüedad.

Una política exterior cada vez más beligerante

Desde 2017, la evolución de la política exterior estadounidense ha mostrado un evidente giro hacia el unilateralismo y la proyección del poder duro. Bajo Trump, el Departamento de Defensa adquirió un rol prominente en áreas tradicionalmente lideradas por el Departamento de Estado, lo que ha generado tensiones incluso dentro del propio aparato de gobierno.

Algunos observadores internacionales como el politólogo Michael Shifter, presidente de Inter-American Dialogue, advirtieron en su momento que “América Latina está volviendo a ser percibida por EE.UU. como un tablero estratégico militar, no como una oportunidad de cooperación multilateral”.

El legado controversial de la 'guerra contra las drogas'

Estados Unidos ha gastado más de $1 billón de dólares desde 1971, cuando el presidente Richard Nixon declaró formalmente la “guerra contra las drogas”. Décadas después, no sólo el consumo de estupefacientes aumenta dentro del país, sino que las tácticas militarizadas han sido ampliamente criticadas por su ineficacia y por fomentar la violencia en los países productores.

En Colombia, por ejemplo, los programas financiados por EE.UU., como Plan Colombia, lograron ciertas victorias operativas pero también contribuyeron al desplazamiento forzado de comunidades rurales y al fortalecimiento de actores armados no estatales.

Hoy, la misma fórmula parece estarse reciclando en alta mar. Y aunque la justificación es la seguridad nacional, los antecedentes históricos sugieren que el enfoque militar tiende a cosechar más conflictos que soluciones duraderas.

La delgada línea entre defensa y agresión

Existen principios claros en el derecho internacional sobre el uso de la fuerza. Los ataques preventivos, en muchos casos, violan la soberanía de otros estados y corren el riesgo de ser catalogados como actos de agresión. El argumento de “conflicto armado no internacional” que la administración Trump ha invocado para justificar estas operaciones no ha sido avalado ni por Naciones Unidas ni por organismos regionales como la OEA.

¿Qué pasa si uno de estos ataques recae sobre ciudadanos inocentes? ¿Qué posibilidad de reparación existe cuando las víctimas son tachadas a priori como “terroristas” o “narcos”? El precedente sienta una peligrosa ruta poco transparente para futuros gobiernos.

¿Hacia una doctrina de ataques extraterritoriales permanentes?

Lo que comenzó como una ofensiva naval puntual podría estar convirtiéndose en una doctrina de seguridad nacional con amplitud global. Las armas, los drones y los buques de guerra están remplazando cada vez más a los embajadores, diplomáticos y tratados bilaterales.

Y mientras esa transformación avanza sin cuestionamientos sólidos, América Latina observa un revival de la doctrina Monroe del siglo XIX —esa que justificaba la intervención directa de Estados Unidos en el hemisferio— solo que ahora cargada de misiles guiados y comandos tácticos.

No es sólo un resurgir de posturas intervencionistas: podría ser el inicio de una nueva era de militarización regional sin precedentes.