Trump, los aranceles y la Corte Suprema: ¿Hasta dónde puede llegar el poder presidencial?

El corazón del conflicto: el poder arancelario de Trump

En el centro de una de las disputas legales más importantes de los últimos tiempos en Estados Unidos se encuentra una pregunta clave: ¿puede el presidente imponer unilateralmente aranceles utilizando poderes de emergencia? La Corte Suprema ha aceptado revisar este dilema, y el caso podría cambiar no solo la política comercial del país, sino también el equilibrio de poderes entre el Congreso y la Presidencia.

Donald Trump, en su segundo mandato, puso la política arancelaria como una piedra angular de su agenda económica. Argumentó que las crisis en la frontera, el narcotráfico y los déficits comerciales justificaban recurrir a la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977 para imponer gravámenes a países como Canadá, México y China, así como a economías en todo el mundo.

¿Qué es la IEEPA y por qué es polémica?

La IEEPA fue creada durante la Guerra Fría con la intención de responder rápidamente ante amenazas internacionales. Sin embargo, su lenguaje es amplio y no hace mención explícita a los aranceles. Históricamente se ha utilizado en contextos muy diferentes, como sanciones contra actores internacionales que financian terrorismo.

Trump es el primer presidente en utilizar esta ley para establecer una política arancelaria global. Las cortes inferiores ya han fallado en su contra, indicando que se trata de un uso inapropiado de los poderes de emergencia. Ahora, la Corte Suprema, dominada por una mayoría conservadora, deberá decidir si esta interpretación expansiva es constitucional.

El juego de billones: las implicaciones económicas

Desde la implementación de estos aranceles, el gobierno ha recaudado $195 mil millones hasta septiembre del año pasado. Proyecciones conservadoras estiman que, de mantenerse, podrían generar $3 billones en la próxima década.

Pero esto no es solo una victoria fiscal. Las pequeñas y medianas empresas han sufrido la carga de estos impuestos indirectos. Importadores de todo tipo —desde componentes para plomería hasta ropa para ciclismo femenino— han reportado aumentos significativos en sus costos, afectando sus ventas y, en algunos casos, llevándolos al borde de la bancarrota.

“La incertidumbre de no saber si mañana tendremos una nueva tarifa está destruyendo nuestra capacidad de planificar”, dijo la dueña de una empresa textil en Vermont.

Una Corte Supremo moldeada por Trump

Parte del interés mediático en este caso recae en el hecho de que tres de los jueces del tribunal superior fueron nombrados por Trump: Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch. Aunque en ocasiones han mostrado cierto escepticismo hacia el uso abusivo del poder ejecutivo, también han defendido su amplitud en temas de política exterior, lo cual podría favorecer al expresidente.

El precedente más reciente elocuente fue cuando la Corte bloqueó la amnistía de préstamos estudiantiles de $400 mil millones de Joe Biden, argumentando que el Congreso debe autorizar con claridad acciones con un impacto económico tan inmenso, en lo que se denomina la doctrina de ‘preguntas mayores’ (major questions doctrine).

Federalismo, delegación y otras doctrinas legales en juego

La otra gran herramienta argumentativa de los demandantes es el principio de la no delegación. Este establece que el Congreso no puede transferir sus poderes fundamentales —como el derecho a imponer impuestos— al Ejecutivo sin un marco claramente definido.

En el fallo sobre la IEEPA, algunas cortes apuntaron hacia esta doctrina, que no se invoca con éxito desde la era del New Deal. Sin embargo, Gorsuch ha mostrado interés en revivir esta interpretación, incluso firmando una disidencia reciente sobre tasas regulatorias impuestas por la Comisión Federal de Comunicaciones.

“¿Qué sucede cuando el Congreso, cansado del difícil trabajo de legislar, cede su poder legislativo a un Ejecutivo que lo desea desesperadamente?”, escribió Gorsuch en una de sus opiniones más severas.

Trump y su gira para salvar los aranceles

En paralelo al proceso judicial, Trump ha lanzado una ofensiva política. En su visita reciente a Miami durante el Foro Empresarial Americano, el presidente defendió a capa y espada su política económica, destacando inversiones extranjeras, su apoyo a la energía doméstica y su compromiso con reducir el costo de vida.

“Nuestros aranceles no solo protegen a los trabajadores estadounidenses, también obligan a nuestros socios internacionales a tomar en serio nuestras preocupaciones”, afirmó Trump durante su intervención, aplaudido por ejecutivos y atletas globales.

Miami, nuevo epicentro económico y político

La ciudad de Miami ha cobrado cada vez más protagonismo dentro de la estrategia nacional de Trump. No solo planea instalar allí su futura biblioteca presidencial, sino que la ciudad será anfitriona de la cumbre del G20 el próximo año en un club de golf de su propiedad en Doral. Los críticos denuncian un evidente conflicto de intereses, pero la administración asegura que no habrá beneficios económicos personales involucrados.

Además, Miami será sede del Mundial de Fútbol en 2026, un evento que Trump ha vinculado a su gestión y que ha promovido activamente como ejemplo de la nueva cara cosmopolita y pro-negocios del país.

El desenlace: una decisión de alto voltaje político y económico

La Corte Suprema se ha movido con velocidad inusitada en este caso, programando argumentos y audiencias apenas dos meses después de aceptarlo. De pronunciarse antes de fin de año, la decisión sentará precedente sobre el alcance del poder presidencial en materia fiscal, el rol supervisivo del Congreso y la relación de Estados Unidos con sus socios comerciales.

Hay mucho en juego. Una derrota para Trump obligaría al gobierno federal a emitir reembolsos por miles de millones y limitaría su capacidad para imponer nuevas medidas rápidamente. Una victoria, por su parte, reconfiguraría el equilibrio institucional de Estados Unidos, consolidando un modelo de poder ejecutivo fuerte que podría persistir más allá de su administración.

¿Una ‘emergencia nacional’ o un atajo presidencial?

El interrogante que el máximo tribunal deberá resolver no es solo legal, sino filosófico: ¿puede un presidente redefinir las reglas del comercio global declarando emergencias según su propio criterio?

La respuesta puede redefinir los límites de la democracia representativa en EE.UU. y marcar para siempre el camino de su política económica. Trump ha dicho que el fallo será “catastrófico” si le resulta adverso. Pero también podría serlo para el futuro del Estado de derecho si se permite que un solo hombre decida cuándo y cómo gravar al mundo.