¿Escuelas religiosas excluidas? La batalla legal que enfrenta Vermont por fondos públicos
Una demanda desafía la nueva ley educativa del estado tras bloquear fondos de matrícula a instituciones religiosas: ¿Un conflicto de libertad religiosa o una política educativa legítima?
Vermont y la educación religiosa: una historia de tensión creciente
En los últimos años, el sistema educativo de Vermont ha estado en el centro de una batalla silenciosa pero intensa que choca en la intersección entre política, religión y derechos civiles. El detonante más reciente tiene nombre y apellido: Act 73, una ley educativa firmada por el gobernador republicano Phil Scott en julio, que ha causado una controversia significativa al reinterpretar quién puede y no recibir fondos de matrícula pública. Uno de los protagonistas más visibles de esta disputa es la escuela Mid Vermont Christian School, ubicada en Quechee, Vermont. Esta institución, junto a un grupo de familias, ha presentado una demanda federal argumentando que Act 73 es una forma camuflada de discriminación religiosa. Esta queja ha desatado una discusión nacional sobre si los estados tienen derecho a establecer requisitos que, en la práctica, dejan fuera a instituciones de carácter religioso.¿De qué trata exactamente la Act 73?
El corazón de Act 73 reside en sus nuevos criterios de elegibilidad para que las escuelas privadas (denominadas independent schools en la legislación estatal) sean aptas para recibir fondos públicos de matrícula en aquellos distritos escolares que no cuentan con instituciones públicas. Según la ley:- Las escuelas deben estar ubicadas en un distrito escolar o unión supervisora que no ofrezca educación pública para ciertos grados.
- Además, al menos el 25% de su matrícula en el año escolar 2023-24 debe haber estado financiada con fondos públicos estatales.
Un regreso al debate “Estado vs. religión”
La controversia detrás del caso Carson v. Makin estableció que un estado no puede ofrecer un beneficio público de manera generalizada y luego excluir a las entidades religiosas simplemente por su carácter confesional. En palabras del juez John Roberts, quien escribió la opinión mayoritaria: “Una vez que el estado decide subsidiar la educación privada, no puede discriminar a las escuelas religiosas solamente por serlo”. A raíz de esa decisión, más de una docena de escuelas religiosas en Vermont comenzaron a recibir fondos públicos que antes les eran negados. Mid Vermont Christian School fue uno de los beneficiarios. Pero la entrada en vigor de Act 73 ha revertido esa tendencia, lo que llevó a la escuela y las familias involucradas a acusar al estado de usar “subterfugios legislativos” para circunvalar el fallo de la Corte Suprema.El argumento legal de la escuela cristiana
Representada por Alliance Defending Freedom —un influyente bufete legal conservador conocido por su defensa de los derechos religiosos— Mid Vermont Christian School amplió una demanda ya en curso para incluir un nuevo desafío contra la Act 73. En documentos presentados ante la corte federal, se acusa al estado de crear un entramado legal que "excluye a todas las escuelas religiosas de los beneficios públicos" mediante una redefinición estratégica de los requisitos para ser una escuela independiente "aprobada". La clave, según los demandantes, está en ese umbral del 25% de alumnos financiados públicamente. Lo llaman una “línea arbitraria que no sirve a un propósito gubernamental legítimo”. Argumentan que esta disposición permite que ciertas escuelas seculares sigan accediendo a la financiación estatal, mientras que bloquea deliberadamente a aquellas vinculadas a credos religiosos.¿Qué dice el estado?
El Departamento de Educación de Vermont ha optado por no hacer comentarios debido a la naturaleza legal en curso del asunto. La defensa del estado está liderada por la Oficina del Fiscal General de Vermont, que ha anunciado su oposición a integrar esta nueva queja con el caso original del 2023, que surgió cuando la escuela fue expulsada de competencias deportivas por negarse a jugar contra un equipo con una jugadora transgénero. La principal postura del estado es que la ley busca racionalizar el uso de fondos públicos, asegurando que se destinen a instituciones educativas que cumplan con ciertos estándares organizativos y que sirvan a un público sustancialmente financiado por el estado. La religión, argumentan, no figura como criterio de exclusión explícito.Las implicaciones federales de este caso
Este conflicto legal es una pieza más del rompecabezas nacional sobre la frontera entre libertad religiosa y uso de fondos públicos. Y aunque el caso aún debe ser evaluado por el tribunal de distrito para determinar si puede incorporarse al proceso original, su potencial impacto es innegable. Peter Teachout, profesor de la Vermont Law School y experto en derecho constitucional, considera que será “extremadamente difícil” para los demandantes probar que la legislatura actuó con intenciones específicas de excluir escuelas religiosas. “Tendrían que demostrar una intención discriminatoria clara y eso es complejo desde un punto de vista probatorio”, asegura.¿Qué sigue en la batalla judicial?
A pesar de que ya solo 18 escuelas privadas en Vermont cumplen los requisitos para seguir recibiendo fondos públicos, algunos estudiantes en instituciones no elegibles están “protegidos” hasta su graduación por una cláusula de transición. Sin embargo, la demanda de Mid Vermont Christian School podría tener repercusiones más allá del estado. En un contexto donde otros estados con sistemas similares observan con atención, un fallo favorable a los demandantes podría sentar precedente legal y abrir la puerta a nuevas disputas en lugares como Nueva Hampshire, Maine o incluso Texas, donde el uso de fondos públicos para educación privada está en proceso de expansión.Un conflicto que resuena en lo político y lo social
El caso también refleja un enfrentamiento ideológico más amplio sobre el rol de la religión en la esfera pública. Para algunos sectores conservadores, leyes como Act 73 representan una forma de “persecución institucionalizada” hacia sus creencias. Para otros sectores progresistas, se trata de una defensa legítima del principio de separación Iglesia-Estado y de garantizar que los recursos públicos se utilicen de forma equitativa y sin financiamiento indirecto de doctrinas religiosas.¿Se puede reconciliar el derecho a la fe con la equidad pública?
Más allá del tecnicismo legal, este conflicto destaca una pregunta que la sociedad estadounidense aún no ha resuelto: ¿cómo equilibrar la libertad religiosa con las obligaciones y limitaciones propias del Estado laico? Mientras tanto, miles de familias religiosas en Vermont —y quizás millones en todo el país— esperan la respuesta con ansiedad. Porque más allá de una escuela, una ley o una demanda, está la convicción de que el futuro de sus hijos depende de quién domine este complejo tablero de ajedrez judicial. Este artículo fue redactado con información de Associated Press
