El oro, la selva y la impunidad: el oscuro negocio que arrasa los bosques tropicales
Interpol intensifica su ofensiva contra redes criminales trasnacionales que lucran con la deforestación ilegal en América del Sur, Asia y Oceanía
¿Puede la lucha contra el crimen organizado salvar los bosques tropicales del planeta? Esta pregunta resuena con fuerza mientras Interpol lanza una nueva ofensiva global para combatir la minería ilegal, el tráfico de madera y la deforestación que amenaza ecosistemas vitales en países como Brasil, Perú, Ecuador, Indonesia y Papúa Nueva Guinea.
Una economía clandestina que genera miles de millones
La tala ilegal y la minería aurífera clandestina no son solo amenazas ambientales: representan una economía paralela que mueve ingresos multimillonarios y contribuye significativamente al cambio climático. En palabras del secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, “los criminales están haciéndose ricos saqueando los bosques del planeta. La única manera de detenerlos es con acción policial decidida y cooperación internacional sólida”.
Estas actividades ilícitas generan entre 50,000 y 152,000 millones de dólares al año, según reportes del Programa de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Más allá del lucro ilícito, están alimentando redes de trata de personas, corrupción institucional, violencia armada y contaminación ambiental a gran escala.
LEAP: una ofensiva contra el crimen ecológico
La iniciativa Law Enforcement Assistance Program to Reduce Tropical Deforestation (LEAP), lanzada en 2018, ha evolucionado drásticamente. Lo que comenzó como un esfuerzo para mapear rutas de tráfico ilegal de madera, ahora incluye operativos transnacionales coordinados y confiscaciones multimillonarias en madera y minerales ilícitos.
Esta nueva fase, anunciada durante la United for Wildlife Global Summit en Río de Janeiro, amplía su alcance hacia la minería ilegal en la Amazonía, uno de los motores actuales más poderosos de deforestación, desplazamiento de comunidades indígenas y contaminación por mercurio.
“El Amazonas no es el salvaje oeste”: operaciones recientes
La lucha adquirió tintes cinematográficos la semana pasada, cuando la Policía Federal de Brasil destruyó más de 270 dragas mineras ilegales operando en el río Madeira. Estas infraestructuras flotantes no solo eran ilegales, sino que también formaban parte de una red criminal que conecta el contrabando de oro entre Brasil, Bolivia y Perú.
La operación fue considerada un “golpe significativo” por las autoridades ambientales de Brasil y Interpol. Sin embargo, expertos ambientalistas advierten que sin reformas sistémicas, los vacíos dejados serán ocupados rápidamente por nuevos operadores criminales.
El crimen organizado y la selva: viejos aliados
La deforestación no es, como muchos imaginan, solo resultado de la necesidad económica de los campesinos. Está impulsada por redes organizadas de corrupción, tráfico y crimen transnacional. La madera ilegal, por ejemplo, puede mezclarse fácilmente con cargamentos legales gracias a la falsificación de documentos, complicidad de funcionarios locales y la debilidad de los sistemas de monitoreo forestal.
Además, la minería ilegal de oro ha escalado como una amenaza crítica debido al uso masivo de mercurio —un metal pesado altamente tóxico que contamina ríos, suelo y fauna— y por el aumento del precio del oro en el mercado global, especialmente desde la pandemia de COVID-19.
El papel de las comunidades locales y los riesgos que enfrentan
Mientras las redes criminales operan con relativa impunidad, defensores ambientales, comunidades indígenas y líderes locales enfrentan amenazas constantes. Según la organización Global Witness, 2022 fue el año más letal para los defensores ambientales en América Latina, donde 88 de los 177 asesinatos registrados ocurrieron solo en Colombia, México y Brasil.
“La criminalidad ambiental está debilitando el estado de derecho y financiando estructuras organizadas de violencia”, declaró Ghada Waly, directora ejecutiva del UNODC.
Noruega, un inesperado aliado
Noruega, a través de su Iniciativa Internacional para el Clima y los Bosques, ha sido un actor clave. Este país escandinavo es uno de los mayores inversores mundiales en programas de conservación forestal y financia actualmente la fase más ambiciosa de LEAP.
Noruega ha invertido más de 3 mil millones de dólares desde 2008 en esfuerzos globales para reducir la deforestación tropical, siendo Brasil uno de sus principales beneficiarios. Sin embargo, la cooperación ha fluctuado en los últimos años debido al debilitamiento de las políticas ambientales bajo gobiernos anteriores.
Corrupción institucional: un obstáculo persistente
Uno de los peores enemigos de estas iniciativas es la corrupción estructural. Un informe reciente del Instituto Igarapé reveló que hasta el 29% de las licencias mineras en la Amazonía brasileña presentan indicios de irregularidades. En muchas áreas, las mafias del oro operan con equipos de última generación comprados con dinero lavado gracias al comercio clandestino internacional.
“Cuando los bosques desaparecen, no solo perdemos árboles, perdemos nuestra capacidad de regular el clima, conservar el agua y proteger la biodiversidad”, aseguró la especialista en cambio climático Luciana Nogueira de la Universidad Federal de Acre.
Reforestación: ¿una utopía en tiempos de crimen ambiental?
Los programas de reforestación, aunque esenciales, no pueden seguir el ritmo de la devastación causada por la minería ilegal. La pérdida de cobertura forestal en la Amazonía brasileña en 2022 superó los 11,568 km², lo que equivale a casi 1.600.000 campos de fútbol, según datos del INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).
Proyectos de reforestación y transformación sostenible del uso del suelo siguen siendo importantes, pero insuficientes sin un marco legal firme y la aplicación de la ley de manera coordinada.
Las selvas tropicales como cuestión de seguridad global
La nueva fase del programa LEAP pone de manifiesto que la lucha por conservar los bosques tropicales no es solo una causa ambiental: se trata de una cuestión de seguridad internacional, desarrollo sostenible y derechos humanos.
Este esfuerzo multilateral requiere una colaboración sin precedentes entre agencias gubernamentales, fuerzas armadas, inteligencia financiera y organismos internacionales. También demanda mecanismos de justicia ambiental que garanticen protección a las comunidades originarias y castigo a los corruptos.
“El enemigo ya no es un cazador de árboles con motosierra, sino una estructura criminal con helicópteros, abogados y blanqueadores de dinero”, remató un agente de Interpol durante el encuentro en Río.
El camino es largo, pero con coordinación, voluntad política y cooperación internacional, aún es posible ganar una guerra que durante décadas habíamos venido perdiendo.
