Corte de fondos SNAP en EE. UU.: ¿Quién paga el precio de una pelea política?

El temblor que sacude a SNAP en EE. UU.

En noviembre de 2025, más de 42 millones de personas en Estados Unidos se vieron en el centro de una controversia política: el acceso a su alimentación depende del programa Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), conocido también como cupones de alimentos. La administración liderada por Donald Trump anunció inicialmente una reducción drástica de los beneficios mensuales, lo cual provocó un gran revuelo político, legal y social. Lo que parecía ser un drástico corte del 50 %, terminó siendo reducido al 35 % para muchos, mientras que otros beneficiarios no recibirían absolutamente nada.

¿Qué es SNAP y por qué es vital para millones?

SNAP es un programa de asistencia federal que permite a personas de bajos recursos acceder a alimentos a través de tarjetas electrónicas que pueden usar en tiendas autorizadas. Según el U.S. Department of Agriculture (USDA), a septiembre de 2024, más de 1 de cada 8 estadounidenses dependían de este programa.

La importancia de SNAP va más allá de la provisión directa de alimentos: también se considera un estabilizador económico que ayuda a las familias a concentrarse en educación, empleo y salud, sin el peso constante del hambre.

Cierre del gobierno y su impacto directo en la mesa de los estadounidenses

El colapso del diálogo político derivó en el inminente cierre del gobierno federal, un evento que, a menudo, parece lejano para el ciudadano común, pero esta vez tocó el plato directamente. Inicialmente, el gobierno declaró que no habría fondos para SNAP en noviembre, lo que causó pánico entre millones de beneficiarios.

Posteriormente, dos jueces federales ordenaron usar fondos de emergencia para proporcionar ayuda parcial. Así, el USDA anunció que el máximo beneficio sería del 65 % del monto habitual, no del 50 % como se anunció originalmente. Sin embargo, muchos hogares solo recibirían ayuda limitada, y otros nada en absoluto.

Matemáticas alimentarias: ¿A quién afecta más?

De acuerdo con Ben Molin de SNAP Screener, una familia de tres integrantes que normalmente recibe el máximo beneficio verá una reducción de $275 en noviembre, lo que constituye poco más de un tercio del subsidio regular. Aquellos que viven solos perderán aproximadamente $105. Increíblemente, hogares de más integrantes podrían quedarse sin un solo dólar en el mes.

Por si fuera poco, las regulaciones federales establecen que los hogares de una o dos personas deben recibir un mínimo de $16. ¿Cómo pueden sobrevivir con eso?

El rostro humano de los recortes

Carmel Scaife, una mujer de 56 años en Milwaukee, expropietaria de una guardería y hoy incapacitada por lesiones tras un accidente automovilístico, compartió su caso con los medios. Ella depende de SNAP para alimentar a su familia, recibiendo normalmente $130 al mes. “Eso ya de por sí no alcanza. Ahora, si me lo reducen más, tendré que usar lo poco que recibo de la seguridad social”, afirmó. “Pero eso significa que dejaré de pagar otras cuentas”.

Una respuesta desigual a nivel estatal

Mientras la administración federal lidia con demandas y contrademandas, los estados toman la iniciativa. Algunos, como Louisiana, comenzaron a recargar las tarjetas SNAP el viernes posterior al anuncio. Otros, como Carolina del Norte y Connecticut, lo harían durante la siguiente semana. Sin embargo, estados como Alabama advirtieron que la situación requerirá meses de ajustes en sistemas y notificaciones para procesar beneficios parciales.

La demora afecta seriamente a millones de hogares, generando incertidumbre sobre cómo y cuándo podrán contar nuevamente con la asistencia.

Los bancos de alimentos: la última línea de defensa

Ante este escenario, los bancos de alimentos han jugado un papel crucial. En centros como el San Antonio Food Bank, cientos de voluntarios distribuyen productos como tomates, arroz y leche a familias afectadas por el cierre gubernamental. La demanda ha aumentado exponencialmente, y muchas instituciones están trabajando con presupuestos extraordinarios y fondos estatales adicionales para poder responder.

“Nunca habíamos visto estas cifras de demanda desde la pandemia”, comenta Eric Cooper, presidente del banco de alimentos local. “Es inhumano que pongamos a las personas en esta situación por una disputa política”.

¿Detrás de una crisis de alimentos o de una guerra política?

Para muchas organizaciones y líderes estatales, lo que ocurre no es un simple “problema de presupuesto”. La gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, lo enunció duramente: “¿Vamos a alimentar parcialmente a los estadounidenses? ¿O vamos a dejar que pasen hambre? Es inadmisible”.

Mientras tanto, el presidente Trump, lejos de suavizar posiciones, utilizó el tema como herramienta de presión política, advirtiendo que no habrá más beneficios si el Congreso no reabre el gobierno. Su secretaria de prensa declaró que los recortes actuales eran temporales, pero no ofreció garantías a largo plazo.

Jueces, abogados y ciudades ante una batalla legal sin precedentes

Una coalición de ciudades y organizaciones sin fines de lucro presentó una demanda al gobierno federal en Rhode Island, solicitando que un juez obligue a la administración a otorgar los beneficios completos. Argumentan que los pagos parciales “no remedian adecuadamente el daño” causado a los beneficiarios.

El USDA respondió que está destinando sus escasos recursos a otros programas fundamentales como la nutrición infantil, insinuando que no es viable redirigir billones de dólares sin que el Congreso intervenga para resolver el déficit presupuestario creado por el cierre.

Lo que podría venir en diciembre: hambre como moneda de cambio

Hasta el momento, no hay un plan de financiamiento para diciembre. Si el cierre continúa, millones de hogares podrían enfrentar un colapso total en la recepción de ayuda alimentaria. La incertidumbre se cierne como una nube oscura sobre las familias vulnerables, que ya están al límite.

Más allá de las estadísticas y los tecnicismos legales, queda claro que aquí no hay ganadores. La alimentación no debería ser una moneda política ni estar a la merced de cálculos electorales o rivalidades partidistas. ¿Quién pagará este costo? La respuesta ya está en los estantes vacíos de millones de cocinas en EE. UU.

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