Trump, identidad de género e intervención en Venezuela: una mirada crítica a las políticas y tensiones en EE.UU.

El poder del ejecutivo y la Corte Suprema: una lucha por la identidad

En una reciente y polémica decisión, la Corte Suprema de EE.UU., de mayoría conservadora, autorizó al gobierno de Donald Trump a aplicar de forma inmediata una política que restringe la opción de género en los pasaportes estadounidenses. Esta medida revierte años de avance en derechos civiles para las personas trans y no binarias.

Previamente, bajo la administración Biden, las personas podían escoger “masculino”, “femenino” o “X” como marcador de sexo en su pasaporte, sin necesidad de documentación médica. Esa flexibilización fue producto de décadas de activismo y litigios, con un hito en 2021 cuando el Departamento de Estado aprobó la designación "X", reconociendo así identidades no binarias.

Sin embargo, Trump, mediante una orden ejecutiva emitida en enero, volvió a limitar esa flexibilidad, ordenando que EE.UU. "reconozca solo dos sexos basados en el certificado de nacimiento y la clasificación biológica".

La reacción judicial y política

La decisión del Supremo, tomada en un breve fallo sin firmar, afirma que colocar el sexo al nacer "no ofende los principios de igualdad” más que indicar el país de nacimiento en un pasaporte. Esta interpretación fue duramente criticada por las tres magistradas liberales de la corte, entre ellas Ketanji Brown Jackson, quien denunció que esta política genera "discriminación, violencia y hostigamiento innecesario".

“Una vez más, la Corte ha promovido la posibilidad de que se inflija daño inmediato sin una justificación adecuada (o realmente, sin ninguna)”, escribió Jackson en su disenso.

En concreto, organizaciones legales argumentan que esta política compromete el derecho a viajar de forma segura y a obtener documentos de identificación válidos. Documentos legales incoherentes entre género percibido y género oficial pueden dar pie a cuestionamientos, acoso, e incluso detenciones arbitrarias.

Caso real: Hunter Schafer

La actriz transgénero Hunter Schafer, conocida por su participación en la serie "Euphoria", denunció en febrero que recibió un pasaporte con la marca “masculino” pese a que su licencia de conducir y pasaportes anteriores indicaban “femenino”. Su caso fue clave para mostrar cómo esta política afecta vidas concretas, sobre todo aquellas visibles públicamente.

El tema ha generado un amplio debate sobre el derecho del gobierno federal a limitar identidades frente al derecho individual a la identidad de género y la autodeterminación. La Corte Suprema, récord en fallos conservadores desde 2020, parece respaldar hasta ahora una visión biologicista frente a una sociedad cada vez más inclusiva.

Paralelo geopolítico: intervención en Venezuela

En otro flanco político, el Senado de EE.UU. debatió esta semana una resolución para limitar la capacidad del presidente, en este caso Trump, de ordenar ataques militares contra Venezuela sin autorización del Congreso.

Esta acción legislativa llega tras reportes de una acumulación inusual de fuerza naval estadounidense en el Mar Caribe, incluyendo el despliegue del portaaviones más moderno del país. Aunque la administración Trump alegó que su objetivo es interceptar el narcotráfico, varios senadores apuntan a una posible intención de cambio de régimen contra Nicolás Maduro.

“Es un secreto a voces que esto va más allá de interceptar botes. Hablamos de intervención directa”, advirtió el senador demócrata Adam Schiff.

La resolución, impulsada por el senador Tim Kaine, busca aplicar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 y exigir que cualquier acción militar directa se someta a votación en el Capitolio.

División dentro del Partido Republicano

No todos en el Partido Republicano están alineados con la estrategia militar de Trump. El senador Rand Paul fue coautor de la propuesta, y Susan Collins reconoció dudar sobre cómo votar. Aunque la mayoría de republicanos defendió lo que Trump califica como acciones “contra el narcoterrorismo”, persisten dudas sobre el costo logístico y las consecuencias diplomáticas.

Por ejemplo, el senador Thom Tillis insinuó que los fondos usados para desplegar fuerzas en el Caribe podrían ser mejor utilizados en la frontera con México para combatir el tráfico de fentanilo.

Control, protesta y el nuevo papel del FPS

Simultáneamente, la administración aceleró la aplicación de nuevas reglas que amplían las facultades del Servicio Federal de Protección (FPS), entidad del Departamento de Seguridad Nacional encargada de proteger inmuebles federales. Estas nuevas normativas, previstas para entrar en vigor en 2025, ya están en efecto desde esta semana.

Los cambios autorizan a los agentes del FPS actuar fuera de edificios federales, intervenir en protestas cercanas y aplicar cargos por obstrucción, uso indebido de drones o sabotaje de sistemas digitales. Todo esto, en un contexto donde las protestas críticas con el legado de Trump y las políticas migratorias han crecido frente a instalaciones como las oficinas de ICE.

“Veo esto como una guía para reprimir protestas pacíficas,” advirtió el exabogado de Inteligencia del DHS, Spencer Reynolds.

Según Reynolds, esta ampliación de funciones del FPS es reflejo de una tendencia peligrosa de militarización doméstica iniciada tras el 11 de septiembre. En su visión, responde más a presiones políticas que a necesidades de seguridad real.

Más allá del momento: impacto estructural

Estas medidas reflejan un patrón preocupante de expansión de poderes presidenciales y judiciales bajo racionales conservadoras. Desde limitar identidades legales hasta aumentar el espionaje interno o potenciales agresiones externas, se perfila un modelo de gobernanza unilateral con baja rendición de cuentas.

El caso de los pasaportes, la tensión con Venezuela y la potencia represiva del FPS revelan la forma en que la agenda trumpista sigue influenciando aspectos clave del Estado estadounidense, incluso después de su mandato.

¿Se impondrá finalmente un modelo de democracia vigilante, con poderes judiciales conservadores y fuerzas federales facultadas para actuar con mínima supervisión, o logrará el Congreso frenar esa ola autoritaria? Tal vez este sea uno de los dilemas más importantes del presente político en EE.UU.