Cornell en la Mira: La Universidad que Cedió para Recuperar Fondos Federales

Un acuerdo con implicaciones profundas

La Universidad de Cornell, una de las instituciones académicas más prestigiosas de los Estados Unidos y parte de la Ivy League, se encuentra en el epicentro de un debate nacional tras aceptar un polémico acuerdo con el gobierno federal. Este pacto de 60 millones de dólares no solo restablece más de 250 millones de dólares en fondos de investigación previamente retenidos, sino que obliga a la universidad a adoptar la interpretación del gobierno de Trump sobre las leyes de derechos civiles.

¿Qué incluye el acuerdo?

El acuerdo de seis páginas, firmado por el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, contiene tres elementos vitales:

• Un pago directo de 30 millones de dólares al gobierno federal.
• Otros 30 millones para investigación en beneficio de agricultores estadounidenses.
• La adopción de políticas sobre antisemitismo, discriminación racial y temas transgénero según la línea ideológica del trumpismo.

Kotlikoff justificó el acuerdo como una forma de “restaurar la libertad académica mientras se reaviva la colaboración con el gobierno”. Pero una mirada más crítica revela que este pacto conlleva importantes consecuencias ideológicas y estructurales para la educación superior.

¿Una amenaza a la libertad académica?

El núcleo de la controversia radica en si la adopción de la visión de un gobierno particular sobre derechos civiles contradice la esencia misma de la autonomía universitaria que las universidades estadounidenses han defendido durante más de un siglo.

Un punto clave es que Cornell debe usar como material obligatorio de capacitación un memorando del Departamento de Justicia que ordena eliminar políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés), además de restringir políticas inclusivas respecto a estudiantes y docentes transgénero.

Esta política se alinea con los esfuerzos de la administración Trump por desmantelar programas progresistas en las universidades. Según la secretaria de Educación, Linda McMahon, el acuerdo representa un “compromiso transformador que prioriza el mérito, el rigor y la búsqueda de la verdad” —palabras que refuerzan la narrativa de que las universidades priorizan la identidad sobre el mérito.

El contexto: universidades bajo fuego

Este no es un caso aislado. Universidades como Columbia, Brown y Virginia también han firmado acuerdos similares, aunque en condiciones distintas. Columbia pagó 200 millones, Brown 50 millones (a organizaciones laborales estatales), y Virginia logró un acuerdo sin compensación económica.

El trasfondo común en estos casos es la presión federal para reformar políticas de admisión relacionadas con la raza, especialmente tras la decisión de la Corte Suprema en 2023 que eliminó la acción afirmativa como criterio legítimo de admisión educativa.

El gobierno exige ahora que universidades como Cornell entreguen datos exhaustivos de admisión para garantizar que la raza no sea tomada como un factor determinante en dichas decisiones.

¿Miedos al antisemitismo o táctica política?

Uno de los motores más polémicos de estos acuerdos es la interpretación del antisemitismo. El gobierno ha presionado para considerar como antisemita cualquier crítica desmedida a Israel o sus políticas, una medida que muchos defensores de derechos humanos creen que socava la libertad de expresión política en los campus.

Estos temas han generado profundos conflictos internos dentro de los claustros universitarios, con profesores divididos entre proteger la libertad de expresión y acatar las nuevas condiciones dictadas por el gobierno.

La educación como campo de batalla cultural

Este acuerdo se inscribe en una guerra cultural más amplia en Estados Unidos, donde sectores conservadores acusan a las universidades de haberse convertido en “fábricas de ideología woke”. Mientras tanto, progresistas defienden la necesidad de mantener entornos inclusivos que representen la diversidad social.

La transformación de Stefanik —quien pasó de ser una republicana moderada a ferviente defensora del movimiento Make America Great Again— ha coincidido con una campaña intensificada contra la educación progresista en los últimos años. Ahora, desde el Congreso, figuras como ella han utilizado su influencia para fiscalizar universidades bajo el pretexto del combate al antisemitismo y la discriminación.

Repercusiones dentro y fuera del campus

El impacto del acuerdo no solo es ideológico, sino financiero. Los fondos federales de investigación suman una parte vital del presupuesto de universidades como Cornell. De hecho, antes del acuerdo, la retención de más de 250 millones de dólares había dejado en incertidumbre cientos de proyectos científicos.

Según un informe del Chronicle of Higher Education, aproximadamente el 38% del total del presupuesto de investigación de Cornell proviene de fondos federales. Investigadores en ciencias agrícolas, ingeniería genética, cambio climático y más, estaban en vilo.

Algunos expertos advierten que este tipo de arreglos puede sentar un precedente peligroso: aceptar condiciones políticas para recibir financiamiento académico.

¿Hacia dónde va la educación estadounidense?

Durante décadas, las universidades han sido símbolo de libertad intelectual. Sin embargo, el acuerdo con Cornell marca una nueva etapa en la tensión entre autonomía universitaria y políticas gubernamentales.

¿Podrán las instituciones académicas resistir estas presiones? ¿O deberán ceder más áreas de autonomía para continuar beneficiándose de los fondos públicos?

El tiempo lo dirá. Lo cierto es que, con este acuerdo, Cornell se convierte en caso testigo de una nueva era en la educación superior de Estados Unidos, una en la que las ideologías políticas tienen cada vez más peso en las aulas, los laboratorios y las bibliotecas.

Lo que podría venir

Entre los futuros escenarios se encuentran:

• La firma de acuerdos similares por otras universidades, ante la presión presupuestaria.
• Una eventual ola de demandas judiciales que cuestionen la legitimidad de estos ajustes normativos.
• Un enfrentamiento más frontal entre las instancias estatales, grupos de derechos civiles y el Departamento de Educación.

De momento, Cornell tiene hasta finales de 2028 para demostrar su cumplimiento trimestral al acuerdo. Pero el verdadero examen está en observar si estos cambios terminan afectando la calidad académica, la inclusión estudiantil y la libertad docente que han dado prestigio a las universidades norteamericanas.

Cornell y el futuro del sector

El caso Cornell deja claro que la educación superior no es inmune a las corrientes políticas. La búsqueda de conocimiento, lejos de ser aislada del poder, está profundamente vinculada a él. En este nuevo capítulo, la pregunta ya no es solo qué enseñan las universidades, sino quién decide lo que se puede enseñar.