El regreso del negacionismo climático: Trump, los HFC y la batalla por el futuro del planeta

El legado climático de Trump: una historia con doble filo

En 2020, cuando Donald Trump aún ocupaba la Casa Blanca, sorprendió a muchos al firmar una de las leyes ambientales más relevantes en una década: la American Innovation and Manufacturing Act (AIM Act), una normativa destinada a reducir progresivamente el uso de hidrofluorocarbonos (HFCs), gases de efecto invernadero miles de veces más potentes que el CO₂. La ley fue parte de un consenso bipartidista e incluso recibió apoyo de actores económicos tan influyentes como la Cámara de Comercio de EE.UU. y gigantes de la industria química como Chemours y Honeywell.

Esta legislación fue además una herramienta estratégica para cumplir con el compromiso del país dentro de la Enmienda de Kigali, una extensión del Protocolo de Montreal adoptada por múltiples países para proteger la capa de ozono y mitigar el calentamiento global. Sin embargo, cinco años después y ya en un segundo mandato, Trump parece haber decidido borrar su propio legado.

EPA en reversa: cuando la política supera la ciencia

Bajo la administración Trump 2.0, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), ahora liderada por Lee Zeldin, está proponiendo revertir la norma impuesta en 2023, derivada directamente de la AIM Act. Esta medida exigía a industrias clave —como cadenas de supermercados, almacenes refrigerados y fabricantes de aire acondicionado— reducir significativamente su uso de HFCs para 2024.

La nueva propuesta del gobierno retrasa ese cronograma hasta 2032. Según Zeldin, el argumento es el “alto costo” para las industrias y una “transición forzada” hacia refrigerantes más ecológicos. Mientras tanto, organizaciones científicas y medioambientales advierten que los impactos climáticos de este atraso pueden ser devastadores.

¿Qué son los HFCs y por qué son tan peligrosos?

Los hidrofluorocarbonos (HFCs) son compuestos químicos sintéticos utilizados ampliamente en sistemas de refrigeración, como aires acondicionados, congeladores y refrigeradores. Aunque no dañan directamente la capa de ozono como sus predecesores (los CFCs), tienen un potencial de calentamiento global (GWP) entre 1.000 y 3.000 veces mayor que el dióxido de carbono.

De hecho, de acuerdo con el EPA, a pesar de su menor cantidad en la atmósfera, su impacto es desproporcionado. Los HFCs son responsables de aproximadamente el 1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero su contribución al aumento de la temperatura global sigue creciendo rápidamente.

Una industria preparada quedó a la deriva

Lo más contradictorio de este giro político es que la industria ya se había adaptado. Grandes fabricantes como Honeywell y Chemours invirtieron miles de millones de dólares para desarrollar alternativas a los HFCs, como los HFOs (hidrofluoroolefinas), menos contaminantes y más seguras para el medio ambiente.

Según Samantha Slater, vicepresidenta senior del Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute, alrededor del 90% de los sistemas de aire acondicionado residenciales y comerciales ya usa refrigerantes sustitutos. “Cambiar el calendario ahora inyectará incertidumbre en el mercado”, advirtió.

Un retroceso que desconcierta incluso a los aliados de Trump

El movimiento del gobierno también ha provocado confusión y molestia dentro de algunos sectores industriales que inicialmente eran aliados de Trump. “El retraso le dará ventajas estratégicas a competidores extranjeros que no invirtieron en estas tecnologías limpias”, alertó Slater.

Por su parte, Joe Martinko, presidente del área de soluciones térmicas especializadas de Chemours, enfatizó que la reversión “podría poner en riesgo las inversiones de manufactura e innovación de EE.UU. y elevar los precios al consumidor”.

¿Quiénes apoyan esta reversión y por qué?

Mientras los ecologistas y una parte significativa de la industria están en contra de desmantelar el cronograma climático establecido, hay empresas —especialmente del sector minorista y de refrigeración— que respaldan la medida. Entre ellas está Alta Refrigeration de Georgia y la Food Industry Association. Estas alegan que los plazos eran “poco realistas” y que el cambio “alivia cargas innecesarias”.

Jorge Álvarez, cofundador de la empresa iGas USA en Florida, fue más tajante al decir que la norma fue “empujada por la garganta” de la industria. “Ahora tenemos la oportunidad de crear nuevos refrigerantes”, aseguró.

Política vs. ciencia: ¿quién gana?

Lee Zeldin ha dejado clara su postura ideológica al afirmar que su cruzada busca “clavar un puñal en el corazón de la religión del cambio climático”. Estas palabras han generado reacciones airadas desde la comunidad científica y medioambiental, que denuncian una politización absoluta del tema climático.

“Kiff Gallagher”, del Global Heat Reduction Initiative, advierte que postergar la reducción de HFCs “va a tener consecuencias negativas significativas”. En un contexto donde los años más calurosos se suceden uno tras otro —con 2023 y 2024 registrando temperaturas récord según la NASA—, cualquier retraso tiene implicaciones catastróficas.

Una nueva guerra cultural con aroma industrial

La estrategia climática de Trump va en la misma línea que otras propuestas de su segundo mandato centradas en minar regulaciones verdes, flexibilizar requisitos ambientales para exploración petrolera e incluso justificar medidas contra la transición energética, todo bajo la etiqueta de estar “salvando empleos” o “defendiendo la libertad empresarial”.

Pero este retorno al paradigma de la desregulación ambiental ha chocado contra una realidad mucho más compleja: la interdependencia entre economía moderna y sostenibilidad. Muchas compañías ya apostaron sus recursos en productos ecológicos, y revertir el curso ahora los deja expuestos.

Estados vs. Federación: una posible guerra legal

Una consecuencia clave de este retroceso regulatorio podría ser la reaparición de un mosaico normativo fragmentado en todo EE.UU. Ya estados como California, Nueva York y Washington han desarrollado normativas similares a la que ahora quiere desmantelar el gobierno federal.

De debilitarse el marco federal, podrían regresar las disputas entre jurisdicciones, imponiendo costos adicionales a las empresas que deban cumplir diferentes regulaciones según el estado donde operen. “Debilitar la regla federal va a confundir al mercado y crear caos legal”, advirtió David Doniger, del Natural Resources Defense Council.

¿Puede la ciudadanía hacer algo?

La reversión de políticas como la AIM Act resalta la fragilidad de los avances ambientales cuando están atados a voluntades políticas. Sin una legislación blindada por compromisos a largo plazo y reforzada por acuerdos internacionales, cualquier nuevo ciclo de gobierno puede tirar todo por la borda.

Lo que resta ahora es la movilización ciudadana, tanto mediante activismo como en las urnas, para salvaguardar un planeta cuyo futuro depende, literalmente, de cada tonelada de gases contaminantes evitada. No hay tiempo que perder.

Nota: Este artículo fue creado para ofrecer un análisis a profundidad sobre políticas climáticas en Estados Unidos y su impacto en el medio ambiente global.