La ofensiva migratoria de ICE: ¿protección o vigilancia masiva de niños migrantes?

El nuevo centro nacional de llamadas de ICE: una red de monitoreo para menores migrantes

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se prepara para abrir un centro nacional de llamadas en Nashville, Tennessee, cuyo objetivo es asistir a agencias locales y estatales a localizar a menores migrantes no acompañados que ingresaron al país de forma ilegal. Esta iniciativa, según los documentos de contratación federal, tendrá la capacidad de manejar entre 6,000 y 7,000 llamadas diarias una vez esté operativa en junio.

Este movimiento forma parte de una serie de acciones coordinadas por el gobierno tras la aprobación de una ley de seguridad fronteriza por parte del Partido Republicano, la cual fue firmada por Donald Trump en julio pasado. La ley destina 170 mil millones de dólares a políticas de inmigración y seguridad en la frontera, lo que ha derivado en una explosión de alianzas entre agencias federales y la policía local para reforzar la vigilancia sobre los migrantes, en especial los menores no acompañados.

¿Qué es un menor migrante no acompañado?

Según el gobierno de EE.UU., un menor migrante no acompañado es una persona menor de 18 años, sin estatus migratorio legal y que no tiene padres o tutores legales en el país que puedan asumir su custodia. Durante los últimos años, cientos de miles de estos menores han cruzado la frontera sur, especialmente desde el inicio del gobierno de Joe Biden.

Cuando ingresan al país, estos niños son transferidos de la Patrulla Fronteriza a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la cual los aloja en una red de refugios distribuidos por todo EE.UU. Posteriormente, pueden ser entregados a patrocinadores, típicamente familiares cercanos, mientras se resuelve su situación migratoria.

Trasfondo político: un plan más grande impulsado por el trumpismo

La apertura del centro de llamadas no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática impulsada por la administración Trump para aumentar la presión sobre los migrantes. La política de tolerancia cero, recordada por la separación de familias en la frontera, se ha transformado en una silenciosa pero potente red de vigilancia sobre menores y sus patrocinadores.

La administración ha iniciado una auditoría de los más de 450,000 niños migrantes que cruzaron la frontera sin sus padres bajo el gobierno de Biden. Muchos de los patrocinadores de estos menores están siendo obligados a someterse a pruebas de ADN, huellas dactilares y verificación de antecedentes. Si bien oficialmente se alega que esto es por razones de “seguridad del menor”, organizaciones pro derechos del migrante han señalado que esto responde a una agenda de deportación masiva.

“Esta no es una política de protección infantil, es una red de rastreo de personas migrantes que pone a los niños en el centro de una maquinaria de separación y vigilancia”, comentó Marisa Lazo, coordinadora de la organización Human Rights Now.

Nashville, un centro estratégico con raíces corporativas

La elección de Nashville como sede del centro de llamadas no ha sido explicada por ICE, pero los ojos están puestos sobre CoreCivic Inc., una de las mayores compañías privadas de detención en EE.UU., con sede en esa misma ciudad. La empresa ha suscrito múltiples contratos con el gobierno federal y ha realizado millonarias donaciones a candidatos republicanos.

CoreCivic, que administra prisiones y centros de detención de ICE en distintos estados, podría beneficiarse con esta expansión tecnológica, aunque no ha confirmado si participará en el nuevo contrato del call center.

Sistema de transporte masivo: consolidando la red migratoria

Además del centro de llamadas, ICE ha lanzado una segunda licitación para encontrar empresas capaces de transportar diariamente a miles de detenidos migrantes en Texas. Este esfuerzo está conectado con una nueva ley estatal que exige que todos los condados con cárcel establezcan alianzas con ICE.

El plan buscaría realizar al menos seis traslados diarios con alrededor de 30 detenidos cada uno, partiendo de centros regionales ubicados cerca de cada cárcel del condado. Los detenidos serían trasladados en SUVs bajo escolta armada, incluso desde hospitales, domicilios y retenes vehiculares.

Las compañías contratistas deberán establecer sus propios centros logísticos dentro de los seis meses siguientes a la firma de los contratos.

Reacciones de la comunidad migrante y expertos legales

La implementación de estas políticas ha generado una intensa respuesta en organismos de derechos humanos y expertos legales. Para muchos, estas medidas son una forma encubierta de extender la política migratoria hiper-restrictiva del trumpismo, aunque bajo nuevas justificaciones legales.

“Lo que estamos viendo aquí no es una acción puntual, es la institucionalización de una red de control migratorio con tecnología, alianzas policiales e inteligencia sobre comunidades vulnerables”, afirmó Douglas Hernández, abogado de inmigración en el estado de Texas.

Grupos como el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes han advertido sobre los riesgos que estas políticas implican para los niños migrantes, quienes podrían convertirse en herramientas para perseguir a otros miembros de sus comunidades.

Una lupa sobre los patrocinadores

Una de las preocupaciones principales es el trato que están recibiendo los patrocinadores de menores migrantes. ICE ha reforzado políticas de verificación rígida, incluyendo antecedentes penales y situaciones migratorias irregulares, lo que ha generado miedo entre familias migrantes.

En muchos casos, familiares con estatus migratorio irregular se abstienen de recibir a sus hijos por temor a ser detenidos o deportados durante el proceso de verificación, lo que puede mantener a los niños más tiempo en centros de refugio, sometidos a estrés psicológico, trauma o incluso maltrato, según múltiples reportes.

Impacto psicológico en los menores

Expertos en salud mental infantil han advertido ampliamente sobre los efectos de estar movilizados o separados forzosamente. De acuerdo con un estudio del Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, los menores migrantes no acompañados tienen tasas elevadas de:

• Trastorno de estrés postraumático (TEPT): 32%
• Ansiedad severa: 41%
• Depresión: 29%

Estos efectos se intensifican cuando los niños se encuentran bajo vigilancia constante o sienten que sus familias están en peligro debido a políticas migratorias agresivas.

¿Hacia un modelo de vigilancia digital de la migración?

Desde múltiples ángulos, observadores políticos y especialistas en derechos humanos ven estas políticas como parte de un modelo de vigilancia masivo apoyado en infraestructura tecnológica, con capacidad de rastrear movimientos, alojamientos, contactos familiares y hasta llamadas telefónicas de menores y sus apoyos.

“El centro de llamadas es apenas el comienzo de una red de monitoreo centralizado que puede recolectar inteligencia institucional sobre cada niño y cada patrocinador”, advirtió la politóloga Johanna Herrera del Migration Policy Innovation Institute.

¿Qué sigue?

Si las licitaciones se concretan como se espera, ICE tendrá en funcionamiento uno de los sistemas más amplios de localización y traslado de menores migrantes y sus familiares en la historia del país para mediados de 2025.

Grupos defensoras se preparan para posibles litigios legales que desafíen la constitucionalidad de estas políticas, incluyendo el uso de centros privados para gestionar la infancia migrante, como lo sería el call center de Nashville si se concreta con CoreCivic. El debate nacional sobre migración infantil parece estar lejos de concluir.