Trump vs. el ‘Deep State’: Subpoenas, venganza y el eterno retorno a la investigación rusa

Un déjà vu político: la eterna cruzada contra la investigación de Rusia

El expresidente Donald Trump parece decidido a no dejar morir la investigación que marcó buena parte de su primer mandato: el caso de la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. No solo se ha referido constantemente al tema como una "cacería de brujas", sino que ahora, según múltiples fuentes, el Departamento de Justicia ha emitido una ola de subpoenas (citaciones judiciales) relacionadas con esa misma investigación inicial.

Lo extraordinario no es solo el contenido de esta nueva ofensiva judicial, sino la insistencia casi obsesiva de Trump e integrantes de su entorno político para revisar —y si es posible, desacreditar— cada componente de la comunidad de inteligencia de la era Obama. Esta vez, se trata de investigar los fundamentos mismos del Intelligence Community Assessment (Evaluación de la Comunidad de Inteligencia), un documento que fue publicado en enero de 2017 y que afirmaba que Rusia ejecutó una campaña clandestina para ayudar a Trump y dañar a Hillary Clinton.

Subpoenas en el sur de Florida: ¿venganza o justicia selectiva?

De acuerdo con reportes, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida ha emitido al menos 30 citaciones judiciales. Entre los posibles destinatarios figuran el exdirector de la CIA John Brennan, y los agentes del FBI Peter Strzok y Lisa Page, cuyos mensajes privados criticando a Trump saltaron a la luz pública durante la administración anterior.

Estos nombres no son elegidos al azar: tanto Page como Strzok fueron el blanco de numerosas denuncias de parcialidad durante la administración Trump. Strzok fue finalmente despedido y Page renunció al FBI, pero ahora nuevamente quedan atrapados en el foco político-judicial de un expresidente que recurre a viejos enemigos para alimentar su narrativa de victimización y conspiración institucional.

El dossier Steele: ¿prueba o distracción masiva?

Uno de los elementos que Trump y sus aliados han intentado desacreditar con más fervor es el famosamente polémico dossier Steele, un compendio de rumores, conjeturas sin confirmar y acusaciones salaces sobre los vínculos entre el entonces candidato republicano y el Kremlin. Financiado por la campaña de Clinton y elaborado por el exespía británico Christopher Steele, parte del contenido de este documento terminó incluido en un anexo clasificado de la evaluación de inteligencia de 2017.

En 2020, el fiscal general William Barr dijo que el dossier había sido “una fuente muy pobre de información” pero que no justificaba por sí solo desestimar el conjunto de hallazgos de la comunidad de inteligencia. Sin embargo, eso no ha impedido que el trumpismo utilice la existencia misma del dossier como una especie de comodín para poner en tela de juicio toda la investigación rusa que realizó Robert Mueller entre 2017 y 2019.

Reabrir heridas: ¿vale la pena reescribir la historia?

Desde el regreso de Trump al centro de la escena política, sus colaboradores más directos como Kash Patel (FBI), John Ratcliffe (CIA) y hasta Tulsi Gabbard como directora de inteligencia nacional, han hecho esfuerzos explícitos para desclasificar documentos que, según ellos, desentrañan “irregularidades” cometidas durante la investigación original.

En julio pasado, Ratcliffe publicó un informe de la CIA que hablaba sobre “anomalías en las técnicas analíticas” utilizadas por la administración Obama, criticando la incorporación del dossier Steele como un fallo metodológico grave. Según el documento, aquello “comprometió la integridad analítica del juicio”.

Refrendos legales y desafíos constitucionales

Más allá de los discursos, los hechos legales importan. La investigación de Mueller concluyó que Rusia sí intentó interferir en las elecciones a través de campañas en medios sociales y ataques cibernéticos al Comité Nacional Demócrata, entre otros. Se identificaron cerca de 100 contactos entre miembros de la campaña Trump y agentes rusos, aunque Mueller no encontró evidencia suficiente para imputar una conspiración criminal.

Asimismo, los informes bipartidistas del Senado de EE.UU. y otras dependencias señalaron que la interferencia fue real, aunque el alcance del impacto sigue siendo materia de intenso debate político y académico.

El show judicial como parte de la campaña del 2024

Es difícil no ver esta nueva ofensiva judicial en el contexto del inminente regreso de Trump como candidato presidencial. La estrategia de polarización, la demonización de sus enemigos y el uso del aparato estatal para fines personales es un sello del estilo Trump. Reabrir viejas heridas le permite presentarse, una vez más, como víctima de una conspiración profunda, mientras gana puntos con su base electoral.

Es una movida que revive el trumpismo judicial: un fenómeno que mezcla derecho, espectáculo y revancha, más vinculado a la teoría conspirativa que al debido proceso.

¿Quién vigila al vigilante?

La historia política estadounidense tiene precedentes de presidentes que intentaron usar el aparato judicial de forma política. Richard Nixon y su famoso intento de obstrucción al caso Watergate es el ejemplo más conocido. Pero el accionar reiterado de Trump pone en relieve un problema estructural aún mayor: la posibilidad de desnaturalizar el rol del Departamento de Justicia y convertirlo en un brazo represivo partidista.

En 2023, una investigación del New York Times reveló que fiscales nombrados durante el mandato de Trump seguían filtrando nombres de antiguos rivales demócratas a medios aliados. La tentación autoritaria no desapareció con su salida de la Casa Blanca, solo se reconfiguró.

Lo que dice el contexto internacional

Mientras Estados Unidos sigue inmerso en sus guerras internas, potencias como Rusia y China observan con atención. La narrativa de caos interno y manipulación política en instituciones clave erosiona la credibilidad de EE.UU. como defensor global de la democracia y el Estado de Derecho.

Según el informe Global Indicators of Electoral Trust 2023, más del 42% de los estadounidenses desconfían del sistema electoral, una cifra que ha aumentado sistemáticamente desde 2016. Las consecuencias se sienten también en el exterior: aliados europeos se han vuelto más cautelosos y diplomáticos aseguran que la diplomacia estadounidense ha perdido “músculo moral”.

Una nación atrapada en el retrovisor

La reapertura judicial de la causa rusa por parte de Trump no busca realmente justicia, sino refrendar una narrativa ideológica. En este contexto, el sistema judicial es tanto un campo de batalla como un escenario teatral.

Lo preocupante no es solo que estas acciones se lleven a cabo, sino que se normalicen. El uso del poder institucional como arma de vendetta política podría marcar el futuro de la democracia en EE.UU., si no se establece un cordón sanitario entre el gobierno y la justicia al más alto nivel.

“La historia no se repite, pero a veces rima”, dijo Mark Twain. Y lo que ocurre hoy con Trump, el Departamento de Justicia y la causa rusa podría ser el verso final de una tragedia política que nunca terminó de cerrarse.