¿Hambre como estrategia política? El drama humano detrás del pulso entre Trump y los subsidios SNAP

Una tormenta política, judicial y humanitaria se ha desatado en Estados Unidos a raíz de la controversial decisión de la administración Trump de apelar una orden judicial que exigía el pago completo de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), comúnmente conocido como “cupones de alimentos”.

En este análisis, exploramos el trasfondo de esta decisión en plena parálisis gubernamental, el papel de la Corte Suprema, las consecuencias sociales de desfinanciar SNAP, y las implicaciones políticas con vistas al calendario electoral.

¿Qué es el programa SNAP y por qué es vital?

El programa SNAP provee beneficios alimentarios a más de 42 millones de personas en todo Estados Unidos, lo que representa aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA).

Diseñado para asistir a hogares con ingresos bajos, el programa permite comprar alimentos en supermercados a través de una tarjeta electrónica, especialmente útil en momentos de crisis económica o desempleo masivo. En promedio mensual, el gobierno destina entre $8.5 y $9 mil millones para cubrir estos beneficios.

El conflicto: ¿quién tiene la autoridad y el dinero?

Durante el cierre parcial del gobierno federal, un juez ordenó que se pagara el beneficio total de SNAP correspondiente al mes de noviembre empleando un fondo de reserva de emergencia de $4.6 mil millones. Sin embargo, la administración Trump argumentó ante la Corte Suprema que esa acción judicial interfería con sus prerrogativas ejecutivas y legislativas, al obligarla a cubrir más de lo que el Congreso había aprobado presupuestariamente.

En respuesta, la Corte Suprema concedió a la administración una suspensión temporal del fallo judicial mientras se revisa en el tribunal de apelaciones. Esta decisión dejó en incertidumbre a millones de beneficiarios, generando caos en el sistema de distribución y dependencia alimentaria.

Demócratas contraatacan: ¿instrumentalización del hambre?

La respuesta del bloque demócrata no se hizo esperar. Fue el líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien lanzó la acusación más directa por CNN:

“Donald Trump y su administración han tomado la decisión de convertir el hambre en un arma política, de retener beneficios y dejar sin comida a millones de personas, aún cuando dos tribunales menores ya habían ordenado su pago”.

El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la actitud presidencial como “vergonzosa” y acusó a Trump en X (antes Twitter):

“Donald Trump está literalmente luchando en la corte para asegurarse de que los estadounidenses pasen hambre. No le importas”.

Desigualdad en tiempos de crisis: ¿a quién se está ayudando?

La administración ha defendido su postura alegando limitaciones legales y presupuestarias. Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, dijo en Fox News que “No podemos crear dinero del aire” y que el Congreso debía aprobar un presupuesto para poder financiar por completo el programa.

No obstante, las críticas arreciaron cuando se reveló que otros sectores prioritarios para el presidente, como el Ejército, la Patrulla Fronteriza y agentes del FBI seguían recibiendo sus pagos completos. Fuentes internas declararon que el presidente había instruido al Pentágono y al DHS para usar “todos los fondos disponibles” y asegurar la continuidad salarial de estos cuerpos.

Este contraste evidenció un manejo selectivo del presupuesto que dejó a muchas familias vulnerables sin certeza sobre su sustento básico.

¿Qué pasa en la Corte Suprema?

El caso tuvo un tinte político cuando la jueza Ketanji Brown Jackson, encargada del circuito de apelaciones correspondiente a Rhode Island (donde se originaron las demandas), aprobó la solicitud de suspensión temporal a favor de la administración. Con eso, se postergó la orden de pagar el total de SNAP hasta que una corte superior decida si congelar definitivamente la medida.

En la práctica, esto significa que beneficiarios de algunos estados ya han recibido sus depósitos completos, mientras que otros deben esperar nuevas decisiones judiciales o posibles ampliaciones presupuestarias del Congreso.

Una batalla de narrativas

El pulso por SNAP ocurre al mismo tiempo que la aprobación pública del Congreso y del presidente sigue siendo baja. Una encuesta del Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research reveló en octubre que:

• El 60% de los consultados considera que Trump y los republicanos tienen “una gran parte” de la culpa del cierre de gobierno.
• El 54% culpan también a los demócratas.
• Casi el 75% dice que ambos partidos comparten culpa “al menos moderadamente”.

Así, ambos partidos se acusan mutuamente de ‘tomar de rehén’ a los más vulnerables para presionar negociaciones presupuestarias más amplias.

Contradicciones en el discurso

Trump ha sido históricamente escéptico sobre SNAP. En mensajes recientes en sus redes sociales, afirmó que no se haría ningún pago hasta que terminara la parálisis gubernamental, insinuando que muchas personas en el programa no lo necesitan realmente.

Sin embargo, su portavoz, Karoline Leavitt, posteriormente contradijo esta postura afirmando que se usarían fondos de contingencia “destinados para emergencias” para pagar al menos el 65% del beneficio.

Estas inconsistencias en la postura oficial no solo alimentan la confusión pública, sino también la incertidumbre jurídica bajo la cual operan los sistemas estatales.

El valor simbólico del hambre

Resulta inevitable conectar el momento económico y político con el simbolismo de un Estado que titubea en alimentar a sus ciudadanos mientras protege a estructuras militares y de seguridad. Esto refleja un sistema de prioridades evidentemente vertical.

La socióloga Janet Poppendieck, experta en políticas alimentarias, lo había advertido años atrás en su libro “Sweet Charity?”: “cuando la alimentación de los pobres se deja al vaivén político y burocrático, se convierte en un reflejo de nuestras verdades sociales más incómodas”.

Mirando al 2026: ¿impacto electoral?

La batalla por SNAP puede parecer un conflicto técnico y fiscal, pero en realidad se convierte en una narrativa poderosa de la política identitaria de Estados Unidos. Los demócratas intentan posicionarse como defensores del ciudadano común ante una administración que, según acusan, favorece a corporaciones y sectores militares.

Gavin Newsom, Hakeem Jeffries e incluso Alexandria Ocasio-Cortez han aprovechado el tema como una oportunidad de movilización mediática y de simbólica empatía electoral, agrupando dentro del mismo paraguas discursos sobre desigualdad, justicia social y derechos básicos.

Trump, por su parte, parece apostar a sus electores más fieles que creen en la austeridad, el rechazo a los subsídios “sin mérito” y el control fiscal férreo, aunque eso implique cortar ayudas vitales.

¿Y los ciudadanos?

Olvidados en medio de esta guerra política están los millones de estadounidenses que solo intentan sobrevivir. Madres solteras, personas con discapacidades, ancianos jubilados, niños sin techo seguro, muchos de ellos ahora enfrentan días sin saber si podrán poner comida en su mesa.

En palabras simples: donde unos ven estrategia fiscal, otros viven tragedia humana.