El nuevo rostro de la represión migratoria en EE. UU.: Chicago, gas pimienta y controversia federal

Una escena dolorosa: una niña de un año y su padre atacados con gas pimienta

Una imagen estremecedora ha encendido la indignación pública en Chicago: Rafael Veraza, un padre residente en el área suburbana de Cicero, sostiene a su hija de un año mientras ambos intentan recuperarse de un ataque con gas pimienta perpetrado por agentes federales. Ambos estaban en su auto, en el estacionamiento de un Sam’s Club, cuando un agente enmascarado les disparó el químico directamente a través de la ventana.

El hecho ocurrió mientras la familia, que se dirigía a hacer compras, escuchó el sonido de un helicóptero y bocinazos, señales comunes en esa zona desde que se intensificaron los operativos de inmigración. Decidieron salir del lugar, pero fueron interceptados por el agente.

“Mi hija intentaba abrir los ojos. Estaba luchando por respirar”, relató Veraza a los medios al día siguiente, visiblemente afectado mientras su esposa sostenía a la niña. El video del momento, tomado por la propia familia, rápidamente circuló en redes y medios nacionales.

DHS niega los hechos mientras aumentan los testimonios

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazó la versión de los Veraza. “No se desplegaron gases lacrimógenos ni agentes disuasorios en el estacionamiento del Sam’s Club”, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria adjunta del DHS.

Sin embargo, no solo está el testimonio de los Veraza. El reverendo Matt DeMateo, un líder comunitario ampliamente reconocido en Chicago, llegó a la escena para asistir a la familia y grabó las secuelas. “Una familia ciudadana estadounidense fue atacada mientras iba de compras. Necesitamos otra manera”, expresó ante los medios congregados.

Operativo federal bajo fuego: 3,200 arrestos en dos meses

La tensión del sábado no fue un evento aislado, sino parte de una serie de choques entre residentes y agentes federales que ejecutan una operación masiva en Chicago. En tan solo dos meses, más de 3,200 personas han sido arrestadas por presuntas violaciones a las leyes migratorias. La ciudad, reconocida por su diversidad, se ha convertido en el epicentro de metodologías cada vez más agresivas.

Los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza han sido acusados de irrumpir en espacios sensibles como guarderías, mercados y residencias privadas sin órdenes judiciales visibles. También han interceptado conductores de rideshare en el aeropuerto O’Hare y lanzado gases lacrimógenos en eventos comunitarios como un desfile de Halloween, algo denunciado tanto por líderes locales como por defensores de derechos humanos.

La Villita: una comunidad sitiada

El barrio de La Villita, también conocido como el “México del Medio Oeste” por su vibrante cultura mexicana, ha sido uno de los más golpeados. Con una de las calles comerciales latinas más activas del país, el vecindario vive en constante asedio.

Restaurantes y tiendas lucen carteles que rezan: “ICE, manténgase fuera”. Vecinos organizan redes de alerta con pitos, silbatos y aplicaciones comunitarias para advertir la presencia de patrullas federales. Aun así, los enfrentamientos son casi diarios.

“Siento que están cazando gente, no haciendo su trabajo”, comentó Mariana, una comerciante de 38 años que pidió anonimato por temor a represalias. “Los niños tienen miedo de salir a la tienda. Y los que somos ciudadanos, también.”

Agentes armados e impunes: ¿quién regula a los federales?

El uso de fuerza excesiva por parte de las agencias federales ha sido objeto de al menos cinco demandas colectivas en el último mes. Expertos alertan que los registros de video y los testimonios son abrumadores. En palabras del abogado de derechos civiles Thomas Aguilar: “Estamos viendo una militarización sin precedentes de las calles de una ciudad estadounidense”

Un juez federal en Chicago ha emitido recientemente una orden judicial restringiendo el uso de fuerza, en respuesta a estas denuncias. Entre otras medidas, prohíbe el uso de gases lacrimógenos, bolas de pimienta y empujones físicos a manifestantes y periodistas, salvo que exista una amenaza objetivamente inmediata. También exige dos advertencias verbales antes de realizar cualquier despliegue disuasivo.

El DHS, sin embargo, ya ha apelado esta resolución. “Nuestra misión continuará a pesar de la violencia”, afirmó McLaughlin.

“No había protesta, solo miedo”

Durante el incidente del sábado, otras personas también afirmaron haber sido afectadas por los agentes. DeMateo relata que mientras ayudaba a la familia Veraza, los agentes dispararon gas a su van sin provocación alguna. “Están actuando como si todos fuésemos el enemigo”, dijo con indignación.

Según el informe oficial del DHS, una “multitud hostil” agredió a sus oficiales con latas de pintura y ladrillos, a lo que respondieron desplegando los químicos. Pero los videos que han salido a la luz muestran familias huyendo, no atacando.

El efecto dominó del miedo comunitario

Los efectos psicológicos no son menores. Padres ya no dejan ir solos a sus hijos al colegio. Las ventas han bajado drásticamente en zonas comerciales como la calle 26, afectando a negocios familiares. Algunos propietarios consideran cerrar o mudarse.

“Vivo aquí desde hace 20 años, pero por primera vez me siento vulnerable. Es como si nadie nos protegiera”, dice Julio Camacho, panadero local.

El trauma colectivo también se manifiesta en el terreno político. Líderes locales exigen reuniones con el Congreso y convocan movilizaciones masivas. Organizaciones como la ACLU trabajan en la documentación de abusos en tiempo real.

¿Qué dice la ley realmente?

Legalmente, las agencias federales pueden realizar arrestos bajo sospechas razonables. Sin embargo, también están sujetas a las leyes sobre uso proporcional de la fuerza y los protocolos de derechos humanos establecidos en diversas convenciones internacionales firmadas por EE. UU.

Además, las operaciones deben ser justificadas y registradas, especialmente cuando interfieren con la vida cotidiana de ciudadanos que no están bajo ninguna investigación.

El problema radica en cómo se implementan estos operativos y la escasa supervisión efectiva que han tenido hasta ahora. El caso Veraza es un claro ejemplo del potencial abuso cuando no hay mecanismos de accountability.

¿Y ahora qué? La respuesta del sistema

La familia Veraza ha presentado una demanda contra las agencias involucradas. Grupos de defensa también están presionando para que se abran investigaciones internas, mientras líderes religiosos y comunitarios organizan campañas informativas en barrios afectados.

Sabemos que los contextos migratorios son complejos, pero lo que está en juego aquí son las libertades civiles de todos, ciudadanos o no. La historia ha demostrado que cuando se permite actuar sin control en nombre de la seguridad, los derechos de todos corren peligro.

Quizás debamos recordar las palabras del juez Louis Brandeis: “La forma más efectiva de frenar el abuso es la luz del día: la exposición pública”. Chicago, esta vez, lo está intentando.