El otro frente de batalla: cómo el cierre del gobierno afecta a la Guardia Nacional y la moral militar

Un cierre que va más allá de Washington

El cierre del gobierno federal de Estados Unidos, que comenzó el 1 de octubre, está dejando un impacto acumulativo en muchos sectores. Pero hay uno en particular que está comenzando a doblarse bajo el peso de la inacción política: la Guardia Nacional.

Con 433,000 miembros en las ramas del Ejército y la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional no sólo cumple funciones de defensa nacional, sino que ha sido una herramienta clave en la gestión de emergencias, catástrofes y, más recientemente, en funciones de patrullaje urbano en ciudades como Washington D.C. Pero, mientras los soldados de servicio activo siguen recibiendo sus cheques gracias a maniobras internas del Pentágono, más de 30,000 técnicos civiles uniformados —figuras esenciales dentro de la Guardia— no han recibido pago desde finales de septiembre.

¿Quiénes son los técnicos civiles de la Guardia Nacional?

Francis McGinn, presidente de la National Guard Association (Asociación de la Guardia Nacional), lo resume así: "son críticos para nuestras operaciones diarias y para generar nivel de preparación". Estos técnicos no sólo ejercen funciones administrativas, también entrenan a sus unidades, mantienen vehículos y aeronaves, y aseguran que la maquinaria de defensa funcione sin tropiezos.

El hecho de que tantos de ellos estén actualmente sin paga significa que labores esenciales están en pausa. Y, como ha mencionado John Hashem, director ejecutivo de la Reserve Organization of America: "No se trata simplemente de decir ‘lo retomamos el mes que viene’. La estructura se ha fracturado. Las escuelas militares, los entrenamientos y los programas han sido interrumpidos, y muchos de ellos no son fácilmente reintegrables".

Una cadena rota: horas perdidas y mantenimiento militar paralizado

La Guardia Nacional no sólo es vital en operaciones externas, también mantiene vehículos, aeronaves y armamento preparados para eventualidades dentro del territorio nacional. McGinn advierte que hay "miles y miles de horas" de mantenimiento que tendrán que recuperarse una vez reabierto el gobierno, creando un efecto dominó en cadenas logísticas que tardan semanas en estabilizarse.

El tiempo perdido no se puede recuperar fácilmente. Cuando un helicóptero no se revisa a tiempo o cuando un tanque no recibe el chequeo rutinario, se está poniendo en riesgo a futuras operaciones, ya que podría detectarse una falla técnica demasiado tarde. Esto no sólo limita la capacidad militar del país, también compromete la seguridad del personal que opera esos equipos.

Más allá del entrenamiento: la moral se resiente

La falta de chequeos no es el único problema. Lo más preocupante a medio y largo plazo es el declive en la moral de las tropas. “Los técnicos se sienten completamente desmoralizados y traicionados por el gobierno”, afirma McGinn. Y esta desmoralización puede traducirse en aumento del abandono de filas, descenso de alistamientos y una disminución en la efectividad de las operaciones cotidianas.

El impacto psicológico en soldados y técnicos que dependen de sus salarios para subsistir no debe ser subestimado. Sobre todo en un panorama económico ya tenso, donde cualquier retraso en pagos puede representar la diferencia entre mantener una vivienda o una deuda impagada. Los efectos en retención de personal podrían sentirse durante años.

Una disfunción burocrática sin precedentes

Además de la Guardia Nacional, varias ramas del Ejército enfrentan obstáculos legales para completar separaciones de miembros del servicio activo. Tanto la Fuerza Aérea como la Marina aseguran que no pueden generar los documentos formales que certifican el fin del servicio militar, componentes necesarios para que los soldados accedan a beneficios como el GI Bill o pensiones del Departamento de Veteranos.

Estos documentos, conocidos como DD-214, contienen información esencial como el tipo de baja, años de servicio, especializaciones y reconocimientos. Sin ellos, un veterano no puede iniciar la transición a la vida civil con las garantías que debería tener.

Para mitigar la situación, tanto la Fuerza Aérea como la Marina están ofreciendo extensiones de servicio temporales —una medida que, aunque útil, sólo difiere el problema y puede irritar aún más a miembros que ya habían planeado y estructurado su salida del ejército.

¿Qué dice la ley sobre estos casos?

En varias ocasiones se han presentado propuestas legislativas para proteger el pago de personal militar durante cierres de gobierno, pero suelen llegar cuando el daño ya ha sido hecho. Burt Field, director de la organización Air & Space Forces Association, ha sido categórico: "Necesitamos legislación que garantice que esto no volverá a pasar con nuestro personal militar, civiles y ciudadanos".

Tras la reapertura del gobierno —cuando ocurra— el Congreso tendrá que responder preguntas difíciles. La más urgente: ¿cómo se permitirá, nuevamente, que quienes juraron proteger al país sean los primeros en ser olvidados en medio de disputas políticas?

El factor político detrás del cierre

Este episodio ocurre en un contexto ya cargado para la administración Trump, envuelta en otras controversias legales como el caso de E. Jean Carroll. Mientras los recursos del gobierno se estiran para solventar conflictos jurídicos de alto perfil, la paralización de funciones clave de defensa nacional pone en duda las prioridades reales de quienes lideran las decisiones presupuestarias en el Capitolio.

Según un informe del Congressional Budget Office (CBO), cada cierre del gobierno cuesta alrededor de $3 mil millones en productividad permanente perdida. Pero más allá del golpe económico, está el impacto humano —invisible pero duradero— sobre quienes están comprometidos con el deber nacional.

Una llamada de atención urgente

Este cierre no sólo refleja un fallo administrativo: expone una grieta estructural en la relación entre el gobierno civil y las fuerzas de defensa. Cuando los soldados y técnicos sienten que su compromiso no es correspondido por el país al que sirven, el tejido de la defensa nacional empieza a desgastarse desde dentro.

Más allá de cortes de servicios, cierres de museos o retrasos burocráticos, lo que está en juego aquí es más esencial: la preparación militar, la seguridad nacional y el respeto a quienes visten el uniforme. A menos que se enfrente frontalmente esta realidad, la recuperación de la Guardia Nacional —y del espíritu de quienes la integran— podría tomar años.