La otra cara de la justicia juvenil en Washington: El castigo desproporcionado a los niños nativos americanos

Una crisis silenciosa que persiste

Durante más de tres décadas, el estado de Washington ha sido escenario de una injusticia sistemática que rara vez ocupa titulares nacionales: los niños nativos americanos son mucho más propensos a ser arrestados, encarcelados y castigados de forma más severa que sus pares blancos en el sistema judicial juvenil.

Según los datos más recientes del Sentencing Project y la Oficina Federal de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (OJJDP, por sus siglas en inglés), los jóvenes indígenas en Washington tienen en promedio una probabilidad 4.5 veces mayor de ser detenidos que los jóvenes blancos. Este número ya era alarmante en 2001, cuando la disparidad era de 2.7 —lo que significa que, lejos de resolverse, ha empeorado considerablemente.

¿Cómo es posible que en pleno 2025 se mantenga —e incluso se agrave— una crisis de tal magnitud?

Más allá del delito: castigo por quiénes son

Los datos revelan que las disparidades son aún más marcadas cuando se trata de delitos menores o no violentos. En el condado de Whitman, por ejemplo, los niños nativos son casi siete veces más propensos a ser arrestados que los blancos, una diferencia abrumadora incluso dentro del contexto de discriminación generalizada.

En Okanogan, que colinda con la reserva de las Tribus Confederadas de Colville, los niños indígenas representaron el 52% de todos los arrestos de menores en 2022, pese a que apenas constituyen el 8% de la población local. No se trata de una coincidencia: se han documentado prácticas como el uso excesivo de cámaras de tráfico dentro y fuera de tierras tribales y patrullajes dirigidos casi exclusivamente a vehículos conducidos por indígenas.

Desigualdad desde el primer contacto con el sistema

El problema empieza incluso antes de que un joven aparente haber cometido una infracción. Los niños nativos americanos son 6.4 veces más propensos a ser mantenidos en detención preventiva, y una vez procesados, tienen 6.1 veces más probabilidades de quedar en custodia en lugar de obtener otros arreglos comunitarios.

“Estos jóvenes no están cometiendo más delitos, lo que ocurre es que el sistema los persigue más”, afirma Joshua Rovner, investigador y exdirector de políticas juveniles del Sentencing Project.

“Volver a caer” no es una opción: cero tolerancia para los indígenas

Incluso después de haber sido liberados, los niños indígenas enfrentan una estructura mucho más rígida de supervisión. Según datos de 2023:

• Son casi 30 veces más propensos a regresar a prisión por una violación administrativa de la libertad condicional, como faltar a una cita con el oficial.
• En comparación, a los jóvenes blancos se les otorgan con mucha mayor frecuencia oportunidades de corregir su comportamiento antes de ser reincorporados al sistema.

Un caso que ilustra esta disparidad ocurrió en el verano de 2025 cuando un joven nativo redactó una carta de tres páginas para pedir al juez una segunda oportunidad. El oficial de libertad condicional ni siquiera leyó la carta y recomendó su detención inmediata. El juez aceptó la sugerencia sin más y el menor fue enviado a prisión por 30 días.

Escuelas: el inicio del camino a la prisión

El sistema educativo también juega un papel decisivo. Los estudiantes nativos americanos son suspendidos y expulsados a tasas mucho mayores que los blancos. Las expulsiones, muchas veces por conducta, representan la primera parada en un tren que va directo al sistema judicial.

Así lo vivió Derrick Belgarde, un miembro de las Tribus Confederadas de Siletz y actual director ejecutivo del Chief Seattle Club. A los 13 años comenzó a tener problemas escolares y fue asignado con un “oficial de ausencias” que monitoreaba su asistencia y sus entradas al hogar. “Me sentía aislado, como si estuviera atrapado en una máquina que solo sabía castigarte”, afirma.

Para muchos, como Belgarde, el contacto temprano con el sistema de justicia conduce a mayores vulnerabilidades en la adultez: adicciones, pobreza, y problemas de salud mental sin atender. “Lo único que hicieron fue alejarme más de mi madre, de la escuela, de la comunidad”, recuerda.

Crímenes no obligatorios que terminan en arrestos innecesarios

Una de las prácticas más cuestionadas es el uso excesivo de delitos por obstrucción de justicia u otros cargos discrecionales, como desobedecer a un oficial. “Es el recurso más usado en exceso”, comenta Allie Steinberg, coordinadora de CHOOSE 180, una organización que ofrece alternativas al encarcelamiento. “Parte de esos arrestos se deben simplemente a que a un policía no le gustó cómo le respondieron”.

La carga se hereda: incongruencias legislativas y falta de acción

En 2023, el estado eliminó el uso automático de los llamados “puntos juveniles” al sentenciar adultos por crímenes cometidos en su juventud. Sin embargo, no se aplicó esta ley en forma retroactiva. Como resultado, alrededor de 420 personas indígenas continúan cumpliendo condenas extendidas por el uso previo de esos puntos.

Los esfuerzos legislativos para corregir esto, como el proyecto de Ley HB 1274, han fracaso una y otra vez en la Legislatura estatal, incluso con el respaldo de la ACLU y de 54 gobiernos tribales a través de la organización Tribes of Northwest Indians.

“No existe un mecanismo legislativo en Washington que exija notificar a una tribu cuando uno de sus menores entra al sistema judicial estatal. Eso es inaceptable”, denuncia Gabe Galanda, abogado indígena e integrante de la tribu Round Valley.

Una inversión inteligente en lugar de castigo eterno

Organizaciones como Rise Above, lideradas por mujeres indígenas como Natalie Welch, están marcando el camino hacia un enfoque más compasivo. El grupo hace alianzas con escuelas para brindar incentivos a los jóvenes indígenas para que asistan al colegio y se mantengan alejados del sistema penal.

“Es una inversión inteligente a futuro”, afirma Welch. “Tratamos de construir relaciones antes de que ocurra algo malo”.

Desde clínicas deportivas gratuitas hasta mentores y espacios seguros para dialogar, estas iniciativas tienen algo en común: escuchar y valorar a los jóvenes indígenas antes de que se conviertan en estadísticas.

¿Reforma o reconciliación?

Al analizar estos datos y testimonios, una pregunta es inevitable: ¿El estado de Washington desea realmente reformar su sistema judicial juvenil, o simplemente maquillarlo?

“No hay una historia de éxito real aquí”, concluye Rovner. “Cada vez que el sistema judicial toca a un joven de color, lo trata con mayor dureza.”

Para que esta narrativa cambie se necesitan más que reformas procesales: se necesita repensar quién merece una segunda oportunidad y dejar de criminalizar la identidad indígena. Todo joven merece que se le escuche, se le apoye y se le comprenda. Solo así, el sistema dejará de ser un enemigo y podrá convertirse en una verdadera herramienta de justicia.