Violencia política en Colombia: El atentado contra el gobernador de Arauca y la lucha por el control territorial

Un atentado que sacude a Colombia

El gobernador del departamento de Arauca, Renson Martínez, sobrevivió el pasado lunes a un intento de asesinato mientras transitaba entre los municipios de Tame y Fortul, en el este de Colombia. El funcionario denunció el atentado en redes sociales, mostrando imágenes de su camioneta Toyota Land Cruiser blindada, cubierta de impactos de bala y con uno de sus neumáticos completamente destrozado.

“Gracias al blindaje del vehículo y a la reacción inmediata de mi conductor, salimos ilesos”, declaró Martínez en un video publicado en Facebook. El gobernador, visiblemente afectado pero firme en su mensaje, agregó: “Continuaremos trabajando con dedicación; no podemos dejar que los grupos violentos intimiden al pueblo araucano”.

Arauca, territorio en disputa

El atentado no es un hecho aislado, sino un reflejo de una realidad que viven múltiples regiones rurales de Colombia donde ha crecido exponencialmente la violencia desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Ese vacío de poder ha sido aprovechado por diferentes actores armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las propias FARC, quienes han entrado en una lucha encarnizada por el control territorial.

Arauca, ubicada en la frontera con Venezuela y rica en recursos petroleros, ha sido históricamente codiciada por estos grupos, que operan allí extorsionando comercios locales, controlando pasos fronterizos y atacando infraestructura crítica como los oleoductos.

Un atentado que despierta preocupaciones nacionales

La Defensoría del Pueblo colombiana condenó el atentado y señaló que, aunque aún no se identifica a los autores, es “altamente probable” que pertenezcan a uno de los grupos armados ilegales que operan en la región. En Arauca, el ELN mantiene una presencia importante, pero también han ganado terreno fracciones de las FARC que rechazaron el proceso de paz y se han rearmado.

Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ha abogado desde su posesión en 2022 por una política de “paz total”, mediante la cual el Gobierno buscaría acuerdos negociados con todos los grupos armados del país. Sin embargo, los críticos argumentan que este enfoque podría estar teniendo efectos contraproducentes.

¿Paz total o tiempo para rearmarse?

Los esfuerzos por pactar ceses al fuego con los grupos armados han tenido luces y sombras. A pesar de las intenciones del Gobierno de disminuir los enfrentamientos, informes del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) indican que los períodos de cese bilateral han sido aprovechados por grupos como el ELN para reabastecer armamento, reclutar nuevos combatientes y expandir su influencia territorial.

“Hay zonas donde el cese al fuego no se ha traducido en paz para la población”, afirma Jorge Restrepo, director del CERAC. De hecho, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), más de 60 líderes sociales han sido asesinados en lo que va de 2024, muchos de ellos en regiones donde debería haber presencia institucional.

Elecciones en la mira de los violentos

El clima previo a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año ha encendido las alarmas. El Ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó el atentado contra el gobernador Martínez como un “ataque a la democracia” y prometió reforzar los esquemas de seguridad de funcionarios y candidatos.

Este suceso se suma a otros recientes que demuestran la escalada de amenazas. En junio, Miguel Uribe, un senador conservador con aspiraciones presidenciales, fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un mitin en Bogotá. Murió dos meses después debido a las heridas, marcando uno de los episodios más dramáticos de violencia política del año.

La pugna por el control del poder local

Los atentados contra líderes políticos locales corresponden con una estrategia recurrente de los grupos ilegales: eliminar obstáculos a su expansión y dominio. Controlar alcaldías y gobernaciones en zonas estratégicas no solo representa mayor influencia local, sino acceso legal o ilegal a recursos públicos, contratos y legitimidad social.

En Arauca, según analistas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), más de 160 municipios están actualmente en disputa entre grupos armados. “En algunos casos, los grupos criminales dictan toques de queda, imparten justicia o deciden quién puede ser candidato”, denuncia Camilo González Posso, presidente de Indepaz.

Petro y la difícil encrucijada

El proyecto de “paz total” fue uno de los pilares de la campaña de Gustavo Petro. A su llegada al poder, autorizó acercamientos con el ELN y otras estructuras criminales, incluso con bandas asociadas al narcotráfico, bajo una premisa: reducir la violencia para permitir la acción del Estado con inversión social.

No obstante, la estrategia ha sido duramente cuestionada por el impacto limitado en las comunidades. En un informe lanzado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se advierte que “los actores armados han aprovechado los diálogos sin que haya consolidación institucional en los territorios”.

En cifras, el mismo documento señala que entre enero y septiembre de 2024 se han registrado más de 180 eventos violentos que involucran a actores armados ilegales, muchos de ellos en departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y por supuesto, Arauca.

¿Qué sigue?

El atentado contra el gobernador Renson Martínez podría marcar una nueva etapa en un conflicto que, si bien disminuyó tras el acuerdo con las FARC, está lejos de finalizar. El desafío del Estado es múltiple: negociar desde una posición de fuerza, evitar la cooptación del poder local por parte de criminales y restablecer la confianza de sectores claves de la población.

En palabras del propio Martínez: “No podemos ceder ni un centímetro más. Arauca merece vivir en paz, sin miedo, sin chantajes, sin violencia. Y desde donde estemos seguiremos alzando la voz para que eso se haga realidad”.

Fuentes: CODHES, Indepaz, CERAC, FIP, Comunicaciones oficiales de Renson Martínez, Ministerio del Interior.