El callejón sin salida de la salud mental y la justicia en EE. UU.: el caso de Fernando Clark

Una muerte que nunca debió ocurrir

Fernando Clark murió esperando lo que le fue garantizado por ley: tratamiento psiquiátrico adecuado. Su crimen: robar cigarrillos y fruta en una gasolinera. Su condena: una espera infinita en una celda sobrecalentada. Su historia es inquietante, pero, lamentablemente, no única.

La promesa incumplida de un sistema roto

Clark fue declarado incapaz de enfrentar un juicio debido a su estado mental. Un tribunal ordenó su traslado a un centro de salud mental para ser tratado. Sin embargo, durante los diez meses que pasó en la cárcel del condado de Montgomery en Alabama, no se encontró una cama disponible para él en ninguna instalación estatal. El 11 de diciembre de 2024, fue encontrado sin vida en su celda, donde la temperatura había alcanzado los 110 °F (43.3 °C).

Según el informe forense, la causa oficial de muerte fue insuficiencia cardíaca congestiva, pero el patólogo forense Tom Andrew, quien revisó el informe, afirmó que este tenía “más preguntas que respuestas”, y calificó como “problemático” que no se registrara la temperatura corporal interna del fallecido, ni se descartaran signos de deshidratación. Clark estaba medicado con antipsicóticos, medicamentos que dificultan la regulación de la temperatura corporal, aumentando su vulnerabilidad al calor extremo.

Una crisis que se expande a nivel nacional

De acuerdo con el Treatment Advocacy Center, el número de camas hospitalarias estatales para adultos con enfermedades mentales graves alcanzó su punto más bajo en 2023, con solo 36,150 camas disponibles. Más de la mitad de estas son ocupadas por personas canalizadas desde el sistema penal, creando enormes listas de espera en muchos estados.

Entre 2017 y 2023, el número de camas disminuyó un 17%, mientras que los tribunales comenzaron a hacer un mejor trabajo reconociendo la contribución de enfermedades mentales a la conducta criminal. Sin embargo, la infraestructura no ha crecido al mismo ritmo. No hay suficiente personal ni espacio, por lo que ahora la espera es para el tratamiento en lugar de la evaluación.

El caso de Alabama: siete años de promesas incumplidas

Alabama es uno de los estados donde la crisis es más evidente. En 2018 firmó un decreto de consentimiento federal que exigía completar las evaluaciones psiquiátricas ordenadas por la corte en un plazo de 60 días y colocar a los pacientes incompetentes en tratamiento dentro de los siguientes 30 días. Hoy, seis años después, la lista de espera para el único hospital seguro para hombres —Taylor Hardin Secure Medical Facility— ha crecido de unos 60 a más de 273 hombres, con más de 30 personas esperando por más de dos años.

En 2010, Alabama recortó el presupuesto del Departamento de Salud Mental en $40 millones tras la recesión económica, cerrando al menos 10 instalaciones psiquiátricas en los últimos 30 años. Hoy, solo quedan tres hospitales con un total de 504 camas, y Taylor Hardin es el único que acepta hombres con cargos penales para tratamiento restaurativo.

Construcción, pero sin personal

Actualmente, el estado construye una ampliación para añadir 80 camas nuevas a Taylor Hardin. Sin embargo, según la comisionada del Departamento de Salud Mental, Kim Boswell, únicamente la mitad de los puestos de técnicos y enfermeros están cubiertos. Esto hace prácticamente inútil la expansión si no se contrata más personal.

Para aliviar la presión, se han implementado programas de restauración de la competencia en 5 de los 67 condados del estado, con planes de expansión a otros tres. Además, Alabama ha invertido $175 millones para construir seis centros de crisis con 180 camas.

Cuando la cárcel se vuelve hospital

El problema es que las cárceles están mal equipadas para tratar a internos con enfermedades mentales. No cuentan con médicos, recursos o protocolos apropiados. “No fue agresivo”, dijo Subrina Hamilton, hermana de Clark. “Pero la gente en la cárcel no sabe eso.”

Su otra hermana, Tameka Clark, llamaba frecuentemente a la cárcel para saber de él. Siempre le decían que estaba bien. Nunca lo estuvo. La tragedia culminó cuando fue encerrado en una celda sin ventilación durante una reparación del sistema calderas en pleno invierno. Murió esperando algo que nunca llegó: cuidado.

¿Justicia para los enfermos mentales?

En muchos estados, las personas esperan más tiempo por tratamiento que el tiempo de prisión que hubiesen recibido si simplemente se declararan culpables. En Alabama, abogados como Jennifer Tompkins sostienen que el sistema ya no distingue entre enfermedad y culpabilidad.

“Es casi como si fueras culpable por estar mentalmente enfermo y ser pobre,” dijo Tompkins. Uno de sus clientes lleva más de 10 años esperando juicio, y los especialistas del estado siguen lanzando evaluaciones contradictorias sobre su capacidad mental.

Una carga que rebalsa a las cárceles

El sheriff del condado de Montgomery, Derrick Cunningham, reconoció que las cárceles “seguirán teniendo problemas” pese a las mejoras. “Si miras la cantidad de camas que tenemos y el tiempo de espera, no es suficiente,” afirmó.

No se trata solo de camas. Ni siquiera se cuenta con datos coherentes sobre condiciones básicas de fallecimientos. El informe de autopsia de Clark no incluyó datos fundamentales como su temperatura interna. Tampoco se investigó adecuadamente la posibilidad de deshidratación, crucial considerando el calor extremo de su celda y los efectos secundarios de sus medicamentos.

A nivel nacional: un patrón de negligencia

En Nevada, un tribunal obligó al condado de Clark a pagar $500 diarios porque los acusados no recibían tratamiento a tiempo. Se proyectó un gasto de $3.6 millones entre 2026 y 2027. En Colorado, las órdenes judiciales de restauración pasaron de 87 en 2001 a 900 en 2017.

Y sin embargo, existen incentivos profundos para seguir ignorando la situación. Las enfermedades mentales siguen siendo criminalizadas en EE. UU., y la falta de inversión en salud pública ha generado un círculo vicioso: recortes presupuestarios seguidos de saturación del sistema penal con personas que necesitan atención médica, no prisión.

¿Un cambio posible?

Expertos como Lisa Daly del Treatment Advocacy Center consideran que los cambios estructurales deben ser profundos. “Ahora la gente espera el tratamiento, no la evaluación,” afirmó. Y eso ha desplazado el cuello de botella en el sistema, sin resolver el problema de fondo.

Hay una necesidad urgente de aumentar el número de camas, contratar personal y mejorar la financiación de la salud mental. Pero también es vital cambiar la cultura institucional que penaliza la enfermedad mental y deja a personas como Fernando Clark sin opciones.

No podemos seguir guardando bajo la alfombra problemas sociales tan graves e ignorarlos hasta que se convierten en tragedias. Fernando Clark no murió por un crimen. Murió por un sistema que le falló.