Inseguridad en alza en Chile: ¿Hasta qué punto ha cambiado el país más seguro de Sudamérica?
Con un aumento de delitos como secuestros, robos y sicariato, y una campaña presidencial marcada por la seguridad, Chile enfrenta un punto de inflexión que redefine la relación entre el Estado, el crimen y la ciudadanía.
Chile ya no se siente seguro
Durante décadas, Chile fue considerado uno de los países más seguros de América Latina. Su estabilidad económica, un sistema policial profesional y fronteras naturales (cordilleras, desiertos y océano) reforzaban esa imagen. Sin embargo, la percepción y la realidad de la seguridad pública han cambiado drásticamente en los últimos tres años. Según datos de la Fundación Paz Ciudadana publicados en octubre de 2024, casi el 40% de los hogares chilenos ha sido víctima de algún delito en el último año, y un impactante 24% de los ciudadanos teme ser asesinado en los próximos 12 meses. Aunque la tasa de homicidios todavía es baja comparada con países como Venezuela, Honduras o México —6 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2023, según el Banco Mundial—, el alza de delitos violentos ha modificado el clima social y político de forma profunda.Crimen organizado: una amenaza emergente
El gran cambio comenzó en 2021, cuando las policías chilenas empezaron a detectar actividades asociadas al crimen organizado transnacional. Entre estas, destacan:- Sectores del norte tomados por cárteles colombianos y venezolanos.
- Aumento de los secuestros exprés en zonas urbanas.
- Crecimiento de redes de extorsión telefónica y digital.
- Casos documentados de sicariato vinculados al narcotráfico.
La respuesta ciudadana ante el miedo
El efecto más visible es el crecimiento explosivo del sector de seguridad privada. Según un estudio publicado en diciembre de 2024 por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el sector creció un 350% en la última década. Mientras que antes este tipo de servicios eran exclusivos de los sectores altos, hoy la clase media también recurre a ellos. Karim Zahri, jefe de seguridad de la conocida empresa Allvip, explica que reciben entre 40 y 50 solicitudes nuevas por semana, cuando hace unos años eran apenas 10. “Hemos tenido clientes que contratan guardias personales solo para acompañar a sus hijos al colegio o cuando van al banco”, señala. La situación también ha llevado al auge de productos como autos blindados, alarmas inteligentes, cercos eléctricos y drones de vigilancia. Es común ver negocios en sectores turísticos como Bellavista en Santiago que combinan cámaras, personal armado y mobiliario amarrado al suelo.“Contratar seguridad me duele en el bolsillo, pero la tranquilidad de mis clientes no tiene precio”, afirma Leidy Paredes, propietaria de un café en Santiago.
El Estado ausente y la privatización de la seguridad
En Chile, el artículo 1 de la Constitución declara que “la seguridad es un deber preferente del Estado”. Pero según Sergio Morales, coordinador de seguridad de la CNC, el Estado está fallando en lo más básico: garantizar que los ciudadanos puedan vivir sin miedo. Morales explica que “el vacío que deja el Estado lo llenan las empresas privadas que hoy incluso empiezan a incidir en políticas públicas proponiendo soluciones desde ese nicho”. Esto genera un preocupante círculo vicioso: la ciudadanía deja de confiar en Carabineros o la PDI, y empieza a depender del mercado para su protección. Esta privatización tácita de la seguridad también tiene un costo social, pues agranda la brecha entre quienes pueden pagar por protegerse y quienes no.Medidas oficiales y campañas electorales marcadas por el miedo
Frente al aumento de la violencia, el gobierno saliente de Gabriel Boric implementó una batería de nuevas políticas:- Creación del Ministerio de Seguridad Pública.
- Aprobación de una nueva Ley Antiterrorista con énfasis en crimen organizado.
- Unidades especializadas en narcotráfico, secuestros y ciberdelitos dentro de la PDI.
- Inversiones en tecnología, drones de vigilancia y recursos para los fiscales.
Jeannette Jara y José Antonio Kast: dos fórmulas, una prioridad
La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien fue ministra de Trabajo de Boric, plantea una continuidad progresista pero con fuerte refuerzo institucional. “Necesitamos más presencia estatal a nivel barrial, más prevención, pero también más cárceles y mejor equipamiento policial”, ha señalado en entrevistas recientes. En tanto, el ultraconservador José Antonio Kast ha basado gran parte de su campaña en la restauración del “orden y autoridad”. Su lema: “mano dura sin complejos”. Kast aboga por el uso de las Fuerzas Armadas para patrullar sectores críticos, deportaciones masivas a inmigrantes sin papeles y reformar el Código Penal para permitir cadena perpetua efectiva. Ambas campañas apuestan por reforzar los Carabineros, aumentar los presupuestos de seguridad y revisar la legislación actual en materia penal.¿Hay salida en el mediano plazo?
El sociólogo Cristián Bellei advierte que este giro hacia el punitivismo puede ser peligroso. “Nadie niega que hay una crisis de seguridad real, pero las soluciones paternalistas o militarizadas pueden desembocar en abusos sistémicos y estigmatización de comunidades vulnerables”, sostiene. Sugiere otro camino: inversión social, servicios comunitarios, justicia restaurativa y políticas públicas de largo plazo. “Seguridad también es bienestar, salud, educación... no solo pistolas”, concluye. Una muestra de este enfoque alternativo es el programa piloto lanzado en Valparaíso, donde ex convictos y líderes comunitarios trabajan juntos para prevenir el reclutamiento de jóvenes por bandas criminales. Los resultados preliminares son alentadores, pero se requiere voluntad política nacional para escalar esta propuesta.Mientras tanto, la gente toma el control
En medio de estas tensiones, cientos de ciudadanos han comenzado a organizarse en juntas de vigilancia vecinal. Usan radios, apps de mensajería como WhatsApp o Telegram, y hasta drones comunitarios. En algunos barrios, como La Florida o Independencia, estas redes ya coordinan con las comisarías locales para reportar sospechosos y mejorar tiempos de respuesta. “La autoridad no viene primero, viene después”, dice Fernando, dirigente vecinal de la comuna Maipú. “Nosotros hacemos el patrullaje en las noches porque Carabineros pasa una vez al día. Somos los primeros en saber lo que pasa en nuestra calle.” Este surgimiento del “autocuidado comunitario” es halagado por algunos expertos como señal de empoderamiento ciudadano, aunque también muestra las grietas del sistema institucional.¿El próximo domingo definirá el rumbo?
El desenlace electoral del próximo domingo será crítico. Lo que está en juego no sólo es un debate entre derecha e izquierda, sino una redefinición del contrato social en términos de seguridad, confianza y equidad. ¿Chile tomará el camino de la mano firme u optará por reforzar el estado social y preventivo? ¿La ciudadanía seguirá privatizando su seguridad o apostará por fortalecer las instituciones públicas? El país, por ahora, sigue blindando sus hogares, sus calles y sus corazones, esperando que el miedo deje de ser el pan de cada día. Este artículo fue redactado con información de Associated Press
