Una herida que aún sangra: Randy Cox, brutalidad policial y la parálisis de la justicia

Un grito ignorado: "No puedo moverme, voy a morir así"

La madrugada del 19 de junio de 2022 marcó un antes y un después en la vida de Richard “Randy” Cox. Mientras era transportado en una furgoneta policial en New Haven, Connecticut, sin cinturón de seguridad y con las manos esposadas por detrás, el conductor frenó bruscamente. Lo siguiente que se ve en el video obtenido por la cámara policial es a Cox golpeando con la cabeza una división metálica. "No puedo moverme. Voy a morir así. Por favor, ayúdenme", suplicaba con voz temblorosa. Pero nadie escuchó a tiempo.

Tras la caída, Cox quedó paralizado del pecho hacia abajo. Fue trasladado al centro de detención donde, en vez de recibir ayuda médica inmediata, fue víctima de burlas. Los oficiales lo arrastraron, lo acusaron de estar fingiendo, e ignoraron repetidas veces su pedido de ayuda. La negligencia es flagrante; la compasión, ausente.

Impunidad disfrazada de justicia

Este 2024, casi dos años después de esa noche, Betsy Segui, la exsargento encargada de la estación de policía, se declaró culpable de poner en peligro imprudentemente a otra persona. Su sentencia: 60 días de prisión suspendida — en otras palabras, no pisará la cárcel. Otro oficial, Ronald Pressley, recibió idéntico trato. Ambos evitaron juicio. Mientras tanto, otros tres oficiales involucrados han decidido llevar sus casos a juicio.

Los cargos contra ellos incluyen crueldad hacia personas y exposición imprudente. El más visible, Oscar Díaz, era el conductor de la furgoneta. Alegó que frenó de forma brusca para evitar un accidente. Sin embargo, al transportar detenidos sin sujetarlos adecuadamente, rompió protocolos básicos — una negligencia que resultó devastadora.

¿Justicia comprada? Los $45 millones del acuerdo con Cox

En 2023, la ciudad de New Haven cerró una demanda civil interpuesta por Cox con una compensación de 45 millones de dólares. Es el acuerdo más alto en la historia de Estados Unidos para una víctima viva de brutalidad policial. Aunque el dinero permite a Cox pagar su atención médica y comprar una vivienda adecuada, el daño psicológico e imagen de impunidad no tienen precio.

Louis Rubano, el abogado de Cox, declaró: "El juicio obliga a Randy y a su familia a revivir este trauma". Lo más frustrante para ellos es que las sanciones penales mínimas transmiten un mensaje: la vida de una persona negra paralizada a causa de la negligencia policial, vale menos que la integridad del sistema.

Paralelismos inevitables: Freddie Gray y la historia que se repite

Activistas de derechos civiles han trazado inevitablemente comparaciones con el caso de Freddie Gray, un joven afroamericano que falleció en 2015 tras sufrir una lesión en la columna mientras era transportado en una furgoneta policial de Baltimore. Como Cox, iba esposado, sin cinturón, y no recibió ayuda al lesionarse.

Los seis oficiales implicados en ese caso fueron absueltos o no enfrentaron juicio, lo cual provocó protestas nacionales. La similitud entre ambos eventos refuerza una narrativa: cuando las víctimas son negras, la justicia opera a media marcha. "No somos casos aislados. Somos parte de un patrón", dijo Benjamin Crump, abogado de derechos civiles que ha representado a familias en casos sonados como Trayvon Martin y George Floyd.

¿Racismo estructural? Una pregunta incómoda, pero inevitable

Randy Cox es negro. Todos los oficiales involucrados también son personas de color: afroamericanos o latinos. ¿Cómo encaja eso con la narrativa de racismo sistémico?

El profesor Michael Lindsey, experto en sistemas de justicia penal de la NYU, lo resume así: "La brutalidad policial no siempre necesita de un oficial blanco para ser racista. El sistema reproduce conductas opresivas, sin importar la raza del ejecutor". Es decir, más que racismo individual, hablamos de un cuerpo institucional que invisibiliza el dolor, especialmente cuando proviene de las poblaciones más marginadas.

¿Por qué no estaba asegurado Randy Cox?

En muchos estados, incluyendo Connecticut, no existía un mandato legal para que las personas detenidas estuvieran aseguradas con cinturón de seguridad mientras eran transportadas en furgonetas policiacas. A raíz del incidente de Cox, eso cambió. Ahora se requiere que todos los detenidos vayan asegurados. Una reforma mínima, pero significativa. Tristemente, motivada por un caso de parálisis irreversible.

Reacciones: entre la frustración y el reclamo de reforma

Organismos como la NAACP y grupos locales de derechos civiles calificaron lo ocurrido como "una falla institucional moral". La alcaldía de New Haven implementó después nuevas políticas sobre tratamiento de detenidos e instaló más cámaras de vigilancia, pero los activistas consideran que las reformas llegaron tarde.

"Esto no debería ocurrir en ninguna parte del país", dijo el reverendo Boise Kimber en una marcha realizada en julio de 2022. "Pero sobre todo, no debería haber ocurrido en una ciudad donde una comunidad entera supuestamente confía en su fuerza policial".

¿Qué dice la policía?

De los cinco oficiales implicados, cuatro fueron despedidos por violar normas de conducta. Ronald Pressley se retiró antes de enfrentar un juicio administrativo. Interesantemente, Oscar Díaz, el conductor, impugnó su despido y fue reincorporado al cuerpo policial. Su retorno ha sido duramente criticado por movimientos comunitarios.

La jefe de policía en funciones durante el incidente, Renee Dominguez, renunció meses después. Aunque nunca fue señalada directamente, múltiples voces dicen que su falta de liderazgo fue determinante en que la cadena de impunidad perdurara tanto tiempo.

Una parálisis que trasciende lo físico

Hoy, Randy Cox vive con su madre, en el mismo hogar que compraron tras recibir la indemnización. Requiere cuidados médicos constantes, rehabilitación compleja y asistencia 24/7. Su calidad de vida fue destruida en minutos por una cadena de negligencias oficiales que, al parecer, solo generaron consecuencias leves para sus responsables.

Pero más allá de la parálisis física, permanece una más profunda: la de un sistema judicial que aún duda en castigar con severidad a sus propios funcionarios. Cada aplazamiento, cada acuerdo con pena suspendida, suma otra capa al escepticismo creciente hacia un aparato policial que falla en su deber de proteger.

¿Qué podemos aprender de este caso?

El caso de Randy Cox no debe ser olvidado ni encajonado como una excepción. Debe ser visto como una advertencia, una llamada de atención urgente al sistema policial y judicial en Estados Unidos. Mientras no haya consecuencias proporcionales a los actos, mientras la dignidad de las personas pueda ser arrastrada por el suelo sin consecuencias graves, ningún ciudadano está realmente a salvo.

El valor de una vida no debería medirse en compensaciones millonarias, sino en la contundencia con la que se protegen sus derechos. Randy Cox lo perdió todo esa noche. Y nosotros, como sociedad, ¿qué aprendimos?