Honolulu y su guerra silenciosa contra la indigencia: ¿una solución o una puerta giratoria?

Honolulu: Ciudad paradisíaca oculta una realidad incómoda

En el imaginario colectivo, Hawái es sinónimo de paisajes tropicales, playas exuberantes y estilo de vida relajado. Pero en el corazón de Honolulu se libra una batalla diaria que pocos turistas ven: la lucha contra la indigencia. El problema no es nuevo, pero ha escalado a una nueva dimensión desde que el alcalde Rick Blangiardi prometió en agosto de 2024 sacar al menos a 1,000 personas de las calles en un año. Esa promesa, impulsada por una decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. que facilitó la prohibición de acampar en espacios públicos, marcó el inicio de una ofensiva policial agresiva contra quienes viven sin techo. Pero ¿ha funcionado? ¿O se ha convertido en una estrategia de castigo inútil que recicla problemas en vez de resolverlos?

Multas y más multas… pero pocas soluciones

Pese al incremento del 60% en el número de citaciones en el primer año tras el anuncio del alcalde —casi 11,000 en total—, el número de personas sancionadas (aproximadamente 3,200) no ha cambiado. Muchos, como Yvonne Almond, acumulan decenas e incluso cientos de cargos por "delitos" como sentarse o recostarse en una acera pública.

“Te sacan de un lugar, pero sabes que sólo vas a dar la vuelta y volver. No cambia nada”, dice Sharolyn Rodrigues, exoficial de policía ahora en situación de calle.

Rodrigues fue multada 46 veces en apenas un año. Su historia no es un caso aislado: el hombre más citado en el mismo periodo fue multado 286 veces. Hoy está desaparecido.

Crímenes sin consecuencias: un sistema judicial saturado

Lo más desconcertante no es solo la frecuencia de las sanciones, sino su eficiencia. El 75% de las citaciones fue desestimado por falta de pruebas o porque los fiscales no tomaron el caso. Así, se convierte en un ciclo sin fin en el que la policía entrega sanciones, los jueces las desestiman, y las personas retornan a la calle. Florence Nakakuni, jefa de la división de enjuiciamientos menores de Honolulu explica: "La policía actúa con causa probable. Nosotros necesitamos pruebas más allá de toda duda razonable. Y muchas veces, eso falta".

La ley del "sentarse no permitido" y la “serie infinita de advertencias”

El caso de la oficial Molly Wilt ilustra bien esta dinámica. Cada día, durante sus rondas por Chinatown, reparte advertencias a personas recostadas o sentadas en las aceras. En su patrulla, lleva barritas de higo y cigarrillos para compartir. Aunque su trato es compasivo y conoce a muchos por nombre, el patrón es el mismo: advertencia hoy, citación mañana, olvido judicial la semana siguiente.

“Imagínate cómo estaría Chinatown si no tuviéramos cómo hacer que la gente se levante del suelo”, afirma Wilt. “No estamos aquí para hacer sus vidas más difíciles. Pero si no actuamos, estarían acostados en cada esquina.”

Refugiados de la burocracia: cuando rechazar ayuda es la norma

Según las estadísticas judiciales, “rechazó servicios” es la anotación más común en las boletas policiales. ¿Por qué quien vive en condiciones tan precarias diría que no a una cama o un techo? Connie Mitchell, directora del Institute for Human Services (IHS), lo explica con claridad: “Muchos padecen enfermedades mentales o adicciones. No es que no quieran ayuda, es que están atrapados en una lógica de supervivencia diaria y el sistema no alcanza a guiarlos hacia el tratamiento que necesitan.” Además, los requisitos para ingresar a refugios o programas pueden ser restrictivos, y salir de ellos puede depender de la mínima disputa entre residentes, como ocurrió en el caso de Jasmine Ochimas. Después de un pleito por un cigarro, volvió a dormir a la intemperie. Desde entonces, rechaza toda oferta.

Las leyes como herramientas blandas en un problema duro

Los delitos más comunes registrados contra personas sin hogar en Honolulu incluyen:

• Sentarse o recostarse en espacios públicos entre las 5 a.m. y 11 p.m.
• Obstrucción de aceras con pertenencias como carritos o tiendas de campaña.
• Acampar o pernoctar en parques.
• Beber alcohol en vía pública.

Sin embargo, el nivel de reincidencia y la falta de resultados sugieren que estas ordenanzas no logran el objetivo de reducción de la indigencia. Y lo más preocupante: menos del 20% de todos los casos resultan en una condena significativa. Una y otra vez, las personas citadas desaparecen entre los laberintos judiciales de Hawái.

HONU y las promesas: entre el alivio temporal y la disparidad en las cifras

El programa HONU (Homeless Outreach and Navigation for Unsheltered) es la piedra angular del sistema de servicios en campo. Se trata de centros móviles que ofrecen duchas, camas temporales y derivación a otros servicios. Entre sus principales logros en los últimos 13 meses:

• 957 ingresos registrados.
• 419 personas derivadas a refugios.
• 169 ingresaron a programas de tratamiento o reunificación familiar.

Eso deja a unos 400 casos sin destino registrado o que fueron expulsados. Pese a esto, el 70-80% de quienes ingresan a tratamientos desde HONU no regresa a vivir en las calles, según Anton Krucky, director del Departamento de Servicios Comunitarios. Aun así, no hay datos sólidos sobre cuánto tiempo se mantienen fuera de la indigencia ni sobre las tasas de reincidencia.

Cirugía política: ¿intervenir a la fuerza para tratar a quienes no piden ayuda?

En California, la ley CARE Court permitió a los jueces ordenar tratamientos obligatorios para personas con trastornos esquizofrénicos si representan un peligro y han rechazado anteriormente ayuda. El modelo aún no existe en Honolulu, aunque Blangiardi ha presionado para aplicarlo. No obstante, la legislación estatal exige que alguien cercano inicie la petición de tratamientos obligatorios, que no hay suficiente personal legal o médico para cubrir la demanda, y que sólo 50 personas han sido tratadas bajo esa modalidad desde 2011.

¿Qué modelo puede funcionar mejor?

Modelos como el de Desalojo Coordinado, usado en Denver, Nueva Orleans y partes de Washington, consisten en trabajar durante semanas o meses con personas viviendo en campamentos. Sólo cuando aceptan servicios y se encuentra alojamiento adecuado se procede a desmantelar el campamento. Laura Thielen, directora de Partners in Care, cree que ese enfoque es más efectivo:

“Con el enfoque actual de citaciones, intercambiamos una solución a largo plazo por una a corto plazo. Necesitamos invertir más en asistentes sociales que en multas.”

Una comunidad en estado de fatiga

Chu Lan Shubert-Kwock preside la Asociación Empresarial de Chinatown y admite que ha notado mejoras. Hoy hay menos campamentos visibles. Pero la presencia esporádica de personas desplomadas en las calles o fumando cristal está lejos de evaporarse. “Es una batalla diaria,” dice mientras recorre Kekaulike Street.

¿Y ahora qué?

En enero, Honolulu inaugurará un centro de comando que integrará información de servicios sociales, agencias estatales, hospitales y policías, todo bajo un sistema monitoreado con inteligencia artificial. Se espera que este sistema permita entender mejor los movimientos de personas sin techo y dirigir recursos eficientemente. “El enfoque policial no es la estrategia contra la indigencia,” insiste Krucky. “La estrategia real del alcalde es tratamiento y camas.” Tal vez lo más necesario ahora no sea más multas, ni siquiera más refugios, sino una revolución en cómo entendemos la indigencia: como un fenómeno complejo que no se erradica con castigos, sino con inversión integral, compasión sostenida, y sobre todo, paciencia política.