La crisis del sistema judicial estadounidense: ¿a quién sirve cuando no hay justicia?

¿Qué ocurre cuando el sistema judicial deja de funcionar?

En los últimos años, el sistema de justicia penal en Estados Unidos ha sido sometido a una presión sin precedentes. Desde tiroteos violentos relacionados con cargos federales de terrorismo, hasta la paralización de juicios por falta de pago a abogados defensores públicos. A lo largo de este artículo, analizaremos dos caras de una misma moneda: el endurecimiento de la política criminal bajo el expresidente Donald Trump y la crisis estructural del sistema judicial federal debido a la falta de recursos.

La etiqueta de "terrorismo doméstico": ¿una herramienta política?

En julio, un tiroteo afuera del centro de detención de inmigrantes Prairieland en Alvarado, Texas, dejó a un policía local herido. Según fiscales federales, el hecho fue perpetrado por un grupo conectado a lo que calificaron como una célula de Antifa en el norte de Texas. Seis personas más fueron formalmente acusadas con cargos de intento de asesinato, disturbios y uso de explosivos. La acusación se ampara en una declaración del entonces presidente Donald Trump que calificó a Antifa como una organización terrorista doméstica.

Pero analicemos esto: ¿qué es realmente Antifa? La palabra es una abreviatura de antifascismo, y no designa una organización con estructura jerárquica, sino más bien un movimiento descentralizado compuesto por grupos autónomos. Como indicó el abogado Patrick McClain, defensor de uno de los acusados, no existe evidencia documentada de una «célula Antifa del norte de Texas».

Este tipo de criminalización plantea preguntas fundamentales sobre cómo se están utilizando las leyes de terrorismo en los Estados Unidos. ¿Son aplicadas con justicia o sirven como herramientas para reprimir disidencias políticas bajo un lenguaje normativo sofisticado?

El trasfondo: deportaciones masivas y criminalización de la protesta

El tiroteo ocurrió justo cuando la administración Trump intensificaba las deportaciones y las políticas antiinmigrantes. No es coincidencia que muchas de las manifestaciones reprimidas con violencia incluyeran protestas contra esas políticas.

En medio del caso, aparece la figura de Christian Cerna-Camacho, un hombre arrestado por, presuntamente, golpear a un agente federal durante una manifestación contra las políticas migratorias en Paramount, Los Ángeles. Su juicio se retrasó varios meses porque ni siquiera contaba con un investigador que pudiera seguir trabajando sin haber sido pagado. Esta no es una historia aislada, sino reflejo de la segunda gran problemática que analizamos: la crisis de la defensa pública federal.

Abogados defensores sin sueldo: justicia paralizada

Durante el apagón presupuestario más largo de la historia de EE.UU., que oficialmente finalizó recientemente, miles de abogados defensores, investigadores, intérpretes y expertos dejaron de recibir salario. El programa de Servicios de Defensa Pública, que protege el derecho constitucional a defensa jurídica gratuita, se quedó sin fondos desde el 3 de julio tras recibir $130 millones menos de lo solicitado por el poder judicial.

En el Distrito Central de California, uno de los más grandes del país, 80 de alrededor de 100 abogados CJA (del panel de la Ley de Justicia Penal) dejaron de aceptar nuevos casos. Michael Chernis, uno de esos abogados, tuvo que pedir un préstamo para pagar la nómina de su despacho. Declaró: “El sistema está a punto de colapsar”. Incluso, se vio incapaz de viajar a Sacramento para reunirse con su cliente, ni de contratar peritos periciales indispensables para el caso porque nadie trabaja sin paga.

Dilaciones, apelaciones y derechos constitucionales pisoteados

La situación no ha sido distinta en lugares como Nuevo México o el Distrito Este de California. Jueces federales se han visto obligados a suspender juicios relacionados con la pena capital —los más costosos y laboriosos— y en algunos casos, incluso a descartar cargos penales directamente.

El juez John A. Mendez lo dejó muy claro al desestimar el caso de un hombre acusado de distribución de metanfetaminas: “El derecho a una asistencia legal efectiva es un principio básico de este país”. Citó la Quinta y Sexta Enmienda, que garantizan el debido proceso y el derecho a una defensa justa y rápida.

Desigualdad criminalizada: ¿quién puede pagar la justicia?

Mientras la maquinaria judicial sigue funcionando para acusar a presuntos criminales, la defensa pública ha quedado relegada a un segundo plano. Las consecuencias son dramáticas: personas encarceladas por meses (y hasta años) sin juicio, juicios pospuestos hasta 2027, abogados que ya no contestan llamadas, y ahora también, intérpretes que no trabajan sin garantizar su salario. El abogado David Kaloynides lo expresó de forma clara: “No hacemos esto por dinero, lo hacemos por vocación... pero no podemos hacerlo gratis”.

El caso Abrego García: una pieza del mismo rompecabezas

La perspectiva se agrava al considerar casos como el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que fue deportado por error a El Salvador, donde fue encarcelado. Todo esto sin posibilidad de comunicación ni revisión inmediata del caso, en una clara violación de los derechos que garantiza la Constitución estadounidense.

¿Cómo puede llamarse democracia a un país donde el acceso a la justicia depende del presupuesto y la voluntad política?

De Trump a hoy: una justicia bajo fuego

El expresidente Trump ha sido notoriamente ambiguo respecto a los derechos constitucionales. En una entrevista con NBC en mayo, dijo no saber con certeza si los ciudadanos y no ciudadanos merecen garantías procesales en igualdad de condiciones. A lo largo de su mandato, la combinación de medidas represivas, recortes presupuestarios y el uso estratégico del lenguaje legal (como llamar terroristas a sus opositores) contribuyó a crear un entorno donde la ‘justicia’ tenía cada vez más matices políticos.

La sobrecarga del sistema judicial no es nueva, pero esta combinación de factores la ha vuelto aún más insostenible. Actualmente, jueces enfrentan la posibilidad de no poder nombrar defensores públicos para los acusados, lo cual viola directamente la jurisprudencia establecida en casos como Gideon v. Wainwright (1963), una de las piedras angulares del sistema legal de Estados Unidos.

Justicia quebrada: ¿el principio del fin o una oportunidad?

El problema de fondo no es únicamente legal ni administrativo. Es profundamente humano, ético e incluso filosófico. Un sistema judicial sin recursos es la negación misma de cualquier sociedad democrática. No hay libertad sin justicia, y no hay justicia sin defensa adecuada.

La actual crisis debería servir de detonante para una profunda reforma estructural. Inyectar dinero no es suficiente; se necesita garantizar que jamás vuelva a repetirse una situación en la que los abogados tengan que conducir para Uber para mantenerse mientras luchan por los derechos básicos de sus clientes, o en la que un joven manifestante quede en prisión preventiva por casi un año porque nadie puede revisar sus grabaciones de video.

Que tiemble la justicia si no puede proteger a los más vulnerables.