Ecuador ante la encrucijada: ¿Bases militares extranjeras y nueva constitución para combatir el crimen?

Quito, Ecuador — El pasado domingo, los ecuatorianos acudieron a las urnas para decidir el rumbo político y constitucional del país en un tenso referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa. La consulta incluía preguntas clave sobre la posibilidad de permitir bases militares extranjeras en territorio nacional y sobre el inicio de un proceso para reformar completamente la constitución del país sudamericano.

Esta votación se da en un contexto de violencia exacerbada por el narcotráfico, corrupción institucional y una creciente desconfianza en las herramientas del Estado. En este análisis, vamos a desmenuzar el trasfondo, implicaciones y controversias de las propuestas presentadas por Noboa, así como su posible impacto en la democracia ecuatoriana.

El presidente Noboa y su cruzada contra el crimen

Daniel Noboa, un presidente joven y proveniente de una prominente familia empresarial, ha adoptado un discurso mano dura contra el crimen desde su campaña. Ecuador, tradicionalmente más estable que sus vecinos Colombia y Perú, se ha convertido en un punto estratégico para el narcotráfico internacional. En los últimos años, ha registrado niveles sin precedentes de violencia, ataques contra políticos, periodistas y sucesos como motines carcelarios que dejan docenas de muertos.

Ante esta crisis, Noboa ha apostado por una estrategia internacional y constitucional: abrir la puerta a la instalación de bases extranjeras (probablemente de Estados Unidos) y convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna más acorde a las necesidades de seguridad contemporáneas.

¿Bases extranjeras en suelo ecuatoriano? Una propuesta polémica

La primera pregunta de la consulta abordaba si Ecuador debería modificar la constitución para permitir que potencias extranjeras —en particular Estados Unidos— instalen bases militares en su territorio.

Actualmente, el país prohíbe expresamente la presencia de fuerzas extranjeras permanentes. Esta prohibición fue reforzada en 2009 cuando el entonces presidente Rafael Correa ordenó el retiro de la base militar estadounidense en Manta, que se utilizaba para operaciones antidrogas. El mismo Correa sentenció: "No base extranjera en Ecuador, punto".

Sin embargo, el contexto ha cambiado. El narcotráfico ha arraigado fuertemente en la costa ecuatoriana, especialmente en puertos como Guayaquil y Esmeraldas. Noboa enfatizó tras emitir su voto:

“La cooperación internacional es la única forma de desmantelar estas redes delictivas, que ya no son locales, sino verdaderas organizaciones criminales transnacionales”.

Esta perspectiva corresponde a una visión más global del crimen, pero también pone nerviosos a diversos sectores de izquierda y centristas, que recuerdan la carga histórica del intervencionismo estadounidense en América Latina.

La propuesta de una nueva Constitución: ¿salvación o distracción?

La otra gran pregunta del referéndum fue si los ecuatorianos quieren poner en marcha una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. Desde el regreso a la democracia en 1979, Ecuador ha tenido ya tres: en 1979, 1998 y 2008.

La actual, redactada e impulsada durante el gobierno de Correa, ha sido criticada por algunos sectores como un “obstáculo” para reformas estructurales de seguridad y justicia. Noboa y su administración argumentan que hace falta una constitución más “eficiente” que permita aplicar penas más duras, expandir la participación de las fuerzas armadas en asuntos internos y mejorar los controles en las fronteras.

Su iniciativa recuerda momentos históricos como la Convención Nacional de 1830 o la Asamblea Nacional Constituyente de 2007-2008, en las que se intentó reconfigurar el pacto social. Sin embargo, a diferencia de aquellas, esta reforma está motivada por el auge de la violencia, no por una demanda popular estructural.

Críticos de distintas corrientes políticas han calificado el proceso como una táctica para concentrar más poder en el Ejecutivo. Analistas señalan que un rediseño constitucional podría debilitar los organismos de control, eliminar contrapesos judiciales y erosionar el pluralismo político, generando un esquema más verticalista del poder.

El debate sobre la representación: ¿menos legisladores, más eficiencia?

Otra de las propuestas planteadas en el referéndum busca reducir de 151 a 73 el número de asambleístas, lo cual, según el presidente, permitirá disminuir el gasto público y agilizar la representación legislativa.

Los defensores del recorte señalan que el Congreso ha sido ineficiente, con frecuentes bloqueos legislativos y escándalos de corrupción. No obstante, los opositores advierten que esta medida podría limitar la representación de comunidades rurales, indígenas o localidades con menor población y dificultar la formación de alianzas políticas locales.

También se planteó reducir el financiamiento público a los partidos políticos. En palabras del mandatario: "El Estado no puede seguir financiando el ocio político". Pero esta narrativa podría derivar en mayores dificultades para agrupaciones minoritarias, abriendo la puerta a una política dominada por grandes actores con financiamiento privado, un riesgo ya visto en otras democracias latinoamericanas.

Un país atrapado entre la urgencia de la seguridad y la fragilidad institucional

Ecuador no solo enfrenta la violencia del narcotráfico, sino también una población desencantada con el sistema político. Según cifras de Latinobarómetro, menos del 20% de los ecuatorianos confían en el Congreso o el sistema de partidos.

Este contexto ha generado las condiciones para que medidas radicales se vuelvan atractivas ante la opinión pública. Sin embargo, distintas ONG, académicos y exfuncionarios advierten que permitir tropas extranjeras o modificar las libertades civiles no resolverán automáticamente la inseguridad si no se acompañan de reformas sociales, prevención y reconstrucción del sistema judicial.

La elección del camino constitucional puede marcar un parteaguas. ¿Será Ecuador capaz de equilibrar la necesidad de seguridad con la defensa de sus instituciones democráticas?

¿Qué sigue tras el referéndum?

Los resultados oficiales se conocerán en los próximos días. Si se aprueba la formación de una Asamblea Constituyente, se convocará a elecciones en 2025 para designar a los delegados encargados de redactar la nueva constitución. Si se autoriza la presencia militar extranjera, el Gobierno deberá negociar acuerdos bilaterales, seguramente con Estados Unidos.

Organismos como la OEA y Human Rights Watch ya han manifestado su preocupación por los riesgos que implica una reforma constitucional sin suficientes salvaguardas democráticas. El futuro inmediato estará lleno de desafíos políticos, revisiones legales y un debate que dividirá aún más a la sociedad ecuatoriana.

Por ahora, Ecuador camina por una delgada línea donde se busca una paz inmediata frente a una posible erosión institucional.