¿Máscara o transparencia? El pulso entre California y el gobierno federal por la identidad de los agentes

¿Qué ocurre cuando un estado trata de imponer reglas a agentes federales en su territorio? California ha encendido una nueva mecha en su larga confrontación con el gobierno federal al promulgar leyes que prohíben el uso de máscaras por parte de agentes durante operaciones oficiales e imponen la obligación de portar identificación visible. La respuesta de Washington no se ha hecho esperar: una demanda por inconstitucionalidad. Pero ¿quién tiene razón en este debate entre seguridad y transparencia?

El fondo del conflicto: máscaras, credenciales e identidad

El gobernador Gavin Newsom firmó en septiembre una ley pionera que prohíbe a la mayoría de los agentes del orden, incluidos los federales, el uso de cubiertas faciales mientras realizan actividades oficiales en California. La prohibición hace excepciones para agentes encubiertos y equipos de protección como las mascarillas N95 o el equipo táctico. Lo curioso es que esta medida no aplica a los policías estatales.

Al mismo tiempo, otro proyecto de ley firmado por Newsom requiere que los agentes del orden —federales y locales— lleven una identificación clara que muestre su agencia y número de placa durante su jornada laboral. Además, se establece que las agencias federales deberán tener políticas oficiales sobre el uso de máscaras antes del 1 de julio de 2026 y de credenciales visibles antes del 1 de enero del mismo año.

La reacción federal: demandas, quejas y la cláusula de supremacía

El Departamento de Justicia de EE.UU., liderado por la fiscal general interina Pam Bondi, respondió con una demanda, argumentando que las leyes californianas ponen en riesgo la seguridad de los agentes federales, quienes ya enfrentan “hostigamiento sin precedentes”, doxing y amenazas de violencia.

Un punto central de la demanda es la llamada Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que la ley federal prevalece sobre la ley estatal. Según el gobierno, estas normativas californianas discriminan al gobierno federal ya que excluyen a los policías estatales de las mismas restricciones impuestas a los agentes federales.

En el documento legal se menciona que agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) han sido seguidos, acosados en redes sociales e incluso sus familias amenazadas. Un caso específico menciona a tres mujeres en Los Ángeles que transmitieron por livestream cómo seguían a un agente hasta su casa, publicando posteriormente su dirección.

California responde: seguridad sí, pero con transparencia

Para la administración de Newsom, estas regulaciones son una respuesta a preocupaciones crecientes sobre acciones de agentes federales no identificados en comunidades vulnerables, especialmente durante operativos migratorios. “Cuando las personas no pueden distinguir entre un agente del orden y un criminal que se hace pasar por uno, hay un problema”, declaró la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta.

De hecho, en octubre de 2024, el FBI emitió un memorando interno recomendando a los agentes del orden que se identifiquen visiblemente al realizar operaciones, citando un aumento de incidentes con impostores que cometen delitos graves como secuestro o robo, haciéndose pasar por agentes federales, usando precisamente máscaras y tácticas intimidantes.

¿Prevención de abusos o debilitamiento de la autoridad federal?

La raíz del debate tiene que ver con el equilibrio —siempre frágil— entre seguridad pública y derechos civiles. Para los defensores de estas leyes, es una forma de proteger al público de abusos, aumentar la rendición de cuentas y evitar confusiones peligrosas. Para sus detractores, pone en peligro la vida y eficacia de agentes que ya enfrentan serias amenazas.

El gobernador Newsom calificó la presencia de agentes enmascarados realizando arrestos en las calles de California como algo “distópico”, similar a escenas que uno esperaría ver en regímenes autoritarios. “Si la administración Trump se preocupara siquiera la mitad de lo que dice por la seguridad pública, nuestros vecindarios estarían más seguros”, agregó su portavoz en un comunicado.

Una larga historia de roces: inmigración, medio ambiente y soberanía estatal

Este episodio se suma a una serie de desencuentros entre California y el gobierno federal, particularmente durante y después del mandato de Donald Trump. Desde políticas ambientales hasta leyes de inmigración, el estado más poblado del país ha tomado repetidamente rutas contrarias a las de Washington.

En 2019, por ejemplo, California prohibió usar fondos estatales para colaborar con agentes de ICE salvo en casos extremos. La llamada ley del “estado santuario” fue ampliamente criticada por fiscales federales y generó múltiples demandas. California también ha liderado demandas contra el gobierno federal por normas medioambientales menos estrictas y ha buscado declarar su autonomía reguladora frente a agencias como la EPA (Agencia de Protección Ambiental).

Ahora, el nuevo frente son las formas visibles de autoridad: quienes tienen el poder de arrestar, cómo lucen y si muestran o no su rostro e identidad. Y, como en ocasiones anteriores, la batalla se libra tanto en los tribunales como en la arena política.

¿Qué opinan los expertos legales?

Constitucionalistas coinciden en que la demanda federal tiene fundamentos legales sólidos gracias a la Cláusula de Supremacía, pero también advierten que la jurisprudencia federal reconoce que los estados tienen autoridad para legislar asuntos relacionados con la seguridad pública dentro de sus fronteras.

“El meollo será si estas leyes realmente impiden al gobierno federal llevar a cabo sus funciones. Si solo añaden requisitos administrativos, hay una posibilidad de que se mantengan”, explicó Michael Dorf, profesor de derecho constitucional en Cornell Law School.

Otros, como Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de UC Berkeley, señalan que la excepción a policías estatales puede jugar en contra de la defensa californiana, ya que puede interpretarse como una discriminación explícita.

¿Qué opinan los ciudadanos californianos?

• Grupos pro derechos civiles como la ACLU han aplaudido las nuevas leyes, viéndolas como un paso importante hacia mayor responsabilidad en el actuar policial y menor intimidación durante redadas migratorias.
• Organizaciones conservadoras y sindicatos de policía han calificado la legislación de “irresponsable y peligrosa”, afirmando que pone a los agentes en mayor riesgo en un clima ya de por sí hostil.
• Ciudadanos comunes tienen opiniones divididas, pero una encuesta de The Public Policy Institute of California en octubre de 2024 mostró que el 62% de los encuestados apoyan que todos los agentes se identifiquen claramente durante su trabajo.

¿Un debate nacional en el horizonte?

California es a menudo un laboratorio legislativo. Lo que comienza en Sacramento puede replicarse en otros estados, especialmente aquellos liderados por demócratas. Ya se ha visto interés en estados como Nueva York y Oregón por medidas similares. El debate sobre cómo debería ser la presencia visible y legal de la autoridad federal en las calles seguramente crecerá a medida que esta demanda avance.

Por otro lado, si el gobierno federal gana el caso, podría sentar un precedente que limite severamente la capacidad de los estados a regular el comportamiento de agentes federales en sus jurisdicciones, incluso si estos operan dentro de sus límites locales.

¿Estamos en una nueva etapa del federalismo estadounidense donde los valores estatales se enfrenten abiertamente a los federales? California parece decir que sí. Con los tribunales como árbitros y la opinión pública dividida, esta batalla legal es solo otro capítulo de una historia en constante evolución entre poder, identidad y ciudadanía.