¿Puede un país negar el asilo en su frontera? La Corte Suprema de EE.UU. vuelve a debatirlo

El regreso del ‘metering’ a la Corte Suprema

En un capítulo más de la compleja y controversial historia de la política migratoria de Estados Unidos, la Corte Suprema ha decidido revisar nuevamente una práctica que, aunque ya no está en vigor, sigue despertando intensas discusiones legales, políticas e incluso morales: el metering.

Esta política fue utilizada originalmente durante el gobierno de Barack Obama y reforzada durante la administración de Donald Trump. Consistía en permitir el ingreso limitado de personas migrantes a los puertos de entrada a través de la frontera con México para solicitar asilo. A muchas de ellas se les impedía incluso tocar suelo estadounidense, requisito clave para que una solicitud de asilo sea procesada.

El debate sobre la legalidad de esta práctica ha llegado ahora al más alto tribunal del país, a pesar de su suspensión formal durante el mandato de Joe Biden en 2021. Pero, ¿por qué insistir con una política derogada? Y más aún, ¿qué está en juego realmente con este caso?

¿Qué es exactamente el 'metering'?

El término metering hace referencia a la práctica de limitar la cantidad de personas migrantes que pueden ingresar por día a un puerto terrestre de entrada a EE.UU. para presentar solicitudes de asilo. Es decir, funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) frenaban a las personas migrantes en el lado mexicano de la frontera con el argumento de que “no había espacio” para procesarlos del lado estadounidense.

Esta estrategia se implementó por primera vez en 2016, durante el gobierno de Obama, en respuesta a un aumento significativo de ciudadanos haitianos en Tijuana. Pero fue con el expresidente Donald Trump que obtuvo un uso sistemático en todos los puertos de entrada fronterizos con México.

El argumento legal: ¿Una herramienta necesaria o una violación de derechos?

En 2021, la jueza federal Cynthia Bashant dictaminó que el ‘metering’ violaba los derechos constitucionales de los migrantes, así como la legislación federal que exige una revisión a toda persona que solicita asilo en territorio estadounidense. Posteriormente, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó su decisión en una votación divida (2-1), dando aún más importancia al caso.

El Departamento de Justicia del gobierno de Trump apeló alegando que la decisión eliminaba una “herramienta clave para administrar flujos migratorios masivos” en situaciones de emergencia fronteriza.

Y aquí es donde entra la clave legal: aunque EE.UU. tiene el derecho de controlar sus fronteras, una vez que una persona pisa suelo estadounidense, la legislación internacional y federal reconoce su derecho a solicitar asilo, sin importar si su entrada fue legal o no.

La Corte Suprema se involucra: ¿qué podría cambiar?

Aunque la práctica del metering terminó oficialmente en 2020 debido a restricciones sanitarias durante la pandemia y fue derogada oficialmente por Joe Biden en 2021, el hecho de que la Corte Suprema haya aceptado revisar el caso implica un potencial precedente legal a futuro, especialmente si una administración futura busca reactivar este tipo de restricciones.

Como señala el Departamento de Justicia, el fallo inferior podría afectar la capacidad del Ejecutivo para gestionar “olas migratorias” en circunstancias extraordinarias. No obstante, organizaciones de defensa de derechos humanos sostienen que aceptar el metering como una herramienta legal abre la puerta a violaciones masivas de los derechos de las personas solicitantes de asilo.

“Metering representa una especie de trampa fronteriza: los migrantes tienen el derecho legal de pedir asilo, pero ni siquiera se les permite pisar tierra donde puedan ejercer ese derecho”, explica Charanya Krishnaswami, directora de políticas de Amnistía Internacional en EE.UU.

Contexto histórico: el asilo en EE.UU.

Para comprender la dimensión del problema, es necesario entender cómo funciona el sistema de asilo estadounidense. Toda persona tiene derecho a solicitar asilo si se presenta en suelo estadounidense y demuestra “un temor creíble de persecución en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social específico o opinión política”.

Una vez concedido el asilo:

• La persona no puede ser deportada.
• Puede trabajar legalmente en EE.UU.
• Puede traer a sus familiares directos.
• Puede aplicar para la residencia permanente y, eventualmente, para la ciudadanía estadounidense.

Por esta razón, limitar el acceso físico al territorio —como hacía el metering— priva a personas potencialmente elegibles de siquiera iniciar el proceso.

¿Quiénes se ven afectados?

En la práctica, el metering afectó principalmente a migrantes de países como Honduras, El Salvador, Haití, Venezuela y Cuba, muchos de los cuales esperaron semanas o meses en condiciones precarias en ciudades fronterizas mexicanas como Tijuana, Reynosa o Ciudad Juárez.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México calificó en su momento la práctica como inhumana, señalando que muchas personas migrantes, incluidos menores, quedaron expuestas a violencia, trata de personas y condiciones de insalubridad durante largas esperas.

Un informe de Human Rights First reveló en 2020 que más de 60% de las personas sujetas a metering fueron víctimas de algún delito durante su estancia forzada en México, desde robos hasta secuestros y agresiones sexuales.

El otro frente: despliegue de la Guardia Nacional

Mientras el debate del metering toma vuelo en las cortes, otra herramienta polémica del gobierno Trump sigue dejando huella: la utilización de fuerzas militares, incluyendo soldados de la Guardia Nacional, en varias ciudades del país, como parte de su política de “mano dura” en materia migratoria.

Recientemente, el Pentágono anunció que cientos de tropas desplegadas en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Portland comenzarían a ser retiradas y reubicadas. No obstante, se mantendría una “presencia constante y duradera” en estas ciudades.

Estas misiones no se relacionan directamente con control fronterizo, ya que por ley la Guardia Nacional no puede ejercer funciones policiales. Sin embargo, fueron asignadas a tareas como la protección de instalaciones federales (especialmente aquellas bajo el mando de ICE) y la coordinación logística con personal de inmigración.

Gobernadores y grupos civiles han descrito estos despliegues como una militarización indebida de temas civiles y, en algunos casos, ilegales. La vocera del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo claramente: “Trump nunca debió haber desplegado ilegalmente nuestras tropas”.

La tensión migratoria como estandarte político

Lo que queda cada vez más claro es que la migración seguirá siendo un campo de batalla político. Las decisiones legales en torno al metering o el despliegue militar tienen efectos que van más allá de un mandato presidencial. Son precedentes, herramientas o límites que definirán el futuro de la política migratoria estadounidense.

Con las elecciones acercándose en 2028 y con el trumpismo aún fuerte en la oposición, cada decisión judicial se convierte en una carta estratégica en este juego de poder. Los defensores de migrantes temen que si la Corte Suprema valida el metering, se cree una jurisprudencia que legitime nuevas formas de evadir obligaciones internacionales bajo la Convención de Ginebra sobre Refugiados.

Es decir, podrían abrirse las puertas a nuevas formas de “contención migratoria” similares a las criticadas en Europa con los campamentos en Grecia o Libia.

Como resumió Lee Gelernt, abogado de la ACLU: “Este caso no es solo sobre el derecho al asilo, sino sobre si Estados Unidos continuará honrando su compromiso histórico de ser refugio para los perseguidos”.

¿Y ahora qué sigue?

La Corte Suprema escuchará argumentos orales en el invierno o primavera de 2025. Aunque, en lo formal, ya no se aplica el metering, las consecuencias de su resolución influirán directamente sobre cómo se puede —y se debe— manejar el sistema de asilo en EE.UU.

La balanza está en juego: ¿priorizará la seguridad fronteriza a toda costa, aún si ello implica limitar derechos fundamentales? ¿O reafirmará que la ley y los valores fundacionales del país no se pueden suspender en nombre de la conveniencia política?

En una época donde los muros y las trincheras políticas parecen endurecerse, este será sin duda un momento decisivo para entender en qué clase de país se quiere convertir Estados Unidos.