Epstein, secretos y poder: la batalla por la transparencia que sacude a Washington

Un nuevo pulso político se libra en Washington

El nombre de Jeffrey Epstein sigue generando ondas expansivas años después de su muerte en una cárcel federal en 2019. Ahora, el Congreso de los Estados Unidos se encuentra en el centro de una batalla política sin precedentes: una votación para obligar al Departamento de Justicia (DOJ) a divulgar todos los archivos relacionados con Epstein y su red de trata sexual.

El impulso de esta medida proviene tanto de legisladores demócratas como de un grupo creciente de republicanos disidentes, quienes utilizan una herramienta poco común —una discharge petition— para forzar una votación en la Cámara de Representantes sin necesidad del aval de los líderes del partido. Este movimiento llega justo cuando la presión pública para conocer los vínculos políticos y sociales del difunto magnate financiero alcanza nuevos picos, empujando a figuras como Donald Trump a posiciones incómodas.

La historia detrás del caso Epstein

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 bajo cargos de tráfico sexual de menores y abuso. Su círculo incluía a poderosos del mundo político, económico y académico, entre ellos dos expresidentes de Estados Unidos: Bill Clinton y Donald Trump. Epstein murió un mes después de su arresto en una prisión de Manhattan, en circunstancias sospechosas que alimentaron múltiples teorías de conspiración.

El caso ha continuado vivo gracias a miles de documentos descubiertos por periodistas y a la presión de las víctimas para que se identifiquen a todos los posibles implicados. No obstante, gran parte de la información sigue en poder del DOJ y ahora, la Cámara de Representantes exige su liberación bajo una legislación bautizada como “Epstein Files Transparency Act”.

¿Qué busca la nueva ley?

El proyecto de ley obligaría al DOJ a desclasificar toda la información relacionada con Epstein, sus vínculos, comunicaciones y las investigaciones sobre su muerte. El único matiz permitido para mantener información confidencial sería la protección de las víctimas o de investigaciones en curso. No se permitirían redacciones por motivos de reputación, sensibilidad política o daño a figuras públicas.

Esta cláusula ha causado fricción dentro del Partido Republicano, tradicionalmente alineado con Trump, uno de los posibles implicados en los documentos. Por ende, la transparencia que promete esta ley también amenaza importantes estructuras de poder.

Trump cambia de tono

Inicialmente, Trump y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, intentaron bloquear el progreso de la iniciativa. Johnson alegó que el lenguaje de la propuesta no protegía adecuadamente a las víctimas, aunque ha señalado que una investigación paralela en el Comité de Supervisión ya está en curso.

Sin embargo, tras pequeños pero significativos avances legislativos, como la firma número 218 del proyecto de resolución, Trump reculó. Publicó en su red social: “¡No me importa! Lo único que me importa es que los republicanos vuelvan a enfocarse”.

Queda claro que el cambio de tono refleja la incapacidad de Trump para controlar a los sectores rupturistas de su partido, un hecho inusual en la política republicana de los últimos ocho años.

El rol de una alianza bipartidista poco común

Los principales impulsores de la petición son Ro Khanna (D-Calif) y Thomas Massie (R-Ky). A ellos se han sumado figuras tan dispares como Lauren Boebert (R-Colorado), Marjorie Taylor Greene (R-Georgia) y Nancy Mace (R-South Carolina), consolidando una coalición transideológica poco común en la política estadounidense—especialmente bajo el liderazgo de Trump.

Los defensores del proyecto coinciden en que la desclasificación de los archivos es esencial para las víctimas, la justicia y la restauración de la confianza pública en las instituciones estadounidenses.

Archivos explosivos: lo que ya se sabe

La presión aumentó luego del acceso del Comité de Supervisión del Congreso a 20,000 páginas de correos electrónicos pertenecientes a Epstein, desenterrados por su patrimonio. Entre los datos revelados figura una afirmación alarmante: Trump habría pasado “horas” con una víctima de tráfico sexual en la casa del financiero.

Aunque la veracidad de esa información aún no ha sido judicialmente establecida, su sola existencia ha provocado movimientos sísmicos en el Congreso. “Hay mucha gente poderosa que quiere enterrar esto para siempre”, afirmó el congresista Ro Khanna en rueda de prensa.

Un precedente legal y político

El último intento serio de forzar legalmente la desclasificación de archivos comparables fue en 2003, con la JFK Records Act. La diferencia ahora es la dimensión política contemporánea del litigio, pues muchas figuras implicadas en los documentos siguen activas o incluso buscan cargos públicos.

El expresidente Trump, por ejemplo, compite para obtener la nominación republicana para 2026, y aunque niega todo vínculo con la red de Epstein, varias imágenes y testimonios documentan sus reuniones con el difunto financiero entre las décadas de 1990 y 2000.

Para muchos legisladores, el posible impacto político no es justificación para ocultar la verdad. Tal como expresó Thomas Massie: “Este es un tema que trasciende ideologías. Lo que se busca es la verdad, sin importar a quién incomode”.

¿Pasará el Senado?

A falta de votación en la Cámara Alta, el Senado representa un obstáculo importante. Aunque los republicanos tienen mayoría (53-47), pocos senadores han mostrado entusiasmo por activar el proyecto. El líder de la mayoría, John Thune (R-SD), comentó escuetamente: “No puedo comentar sobre eso en este momento”.

Thune añadió que confía en el DOJ, al que describió como ya abierto a la transparencia. Pero esa es una percepción que los legisladores pro-transparencia no comparten. El DOJ ha ignorado múltiples citaciones del Congreso, según denuncia el comité liderado por Massie y Khanna.

La paradoja de la justicia y la credibilidad institucional

En 2024, pocas instituciones en EE.UU. mantienen un alto índice de aprobación social. En ese contexto, la lucha por transparencia en el caso Epstein ha adquirido una dimensión simbólica: es un test de credibilidad, tanto para quienes legislan como para quienes deben hacer cumplir la ley.

Los supervivientes del abuso de Epstein, muchos de los cuales planean hablar fuera del Capitolio con legisladores, insisten en que la visibilidad es una forma de justicia. “Queremos saber quién permitió que esto ocurriera y quién sigue encubriéndolo”, dijo una vocera anónima del grupo de víctimas.

La votación, que se espera para esta semana, podría marcar un antes y un después en la transparencia gubernamental y en la relación entre poder político y justicia penal en Estados Unidos.