Sudán, Darfur y la justicia internacional: el caso Ali Kushayb y los fantasmas actuales de un conflicto olvidado

Una sentencia esperada durante dos décadas

La Corte Penal Internacional (CPI) ha vuelto a atraer la atención mundial con la solicitud de cadena perpetua para Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, conocido como Ali Kushayb, uno de los líderes del temido grupo paramilitar sudanés yanyauid, acusado de atrocidades inenarrables cometidas durante el conflicto en Darfur (2003-2004). Este veredicto llega tras más de 20 años desde que comenzaron los enfrentamientos donde se estima que al menos 300,000 personas fueron asesinadas y otros 2.7 millones desplazados (ONU).

El fiscal Julian Nicholls no se anduvo con rodeos: “Tienen frente a ustedes a un asesino con hacha”, dijo ante los jueces en La Haya. Kushayb fue hallado culpable de 27 cargos que incluyen asesinatos, violaciones y persecución forzada. Este juicio marca un precedente: es la primera vez que la CPI consigue una condena por los crímenes en Darfur.

Quién es Ali Kushayb y qué papel jugó

Ali Kushayb, nacido en 1947, fue uno de los principales comandantes de las milicias yanyauid, respaldadas por el entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir. Su modus operandi era brutal: se le acusa de organizar y liderar ataques contra aldeas no árabes, incluyendo la supervisión de ejecuciones masivas, el uso de la violación como arma de guerra y el castigo letal sobre civiles en zonas rurales de Darfur.

Uno de los testimonios más estremecedores lo vincula directamente al asesinato de dos prisioneros a golpes con un hacha, un acto que perpetró, según el fiscal, “con entusiasmo”. Estos hechos ocurrieron durante la fase más álgida del conflicto entre 2003 y 2004, cuando el gobierno respondió con fuerza extrema a una rebelión de grupos de etnias africanas que denunciaban marginación sistemática del gobierno dominado por árabes en Jartum.

El contexto del conflicto en Darfur y la estrategia de tierra arrasada

El conflicto de Darfur tiene raíces geopolíticas y étnicas profundas. La insurgencia comenzó en 2003, liderada por los grupos Movimiento de Liberación de Sudán (SLM) y Movimiento por la Justicia e Igualdad (JEM), que luchaban contra un gobierno al que acusaban de discriminación.

La respuesta del régimen fue catastrófica: ataques sistemáticos a aldeas, principalmente por parte de los yanyauid, milicianos montados a caballo o camello, que destruyeron viviendas, mataron civiles y sembraron terror. Estos crímenes fueron documentados por organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Las Naciones Unidas calificaron esta política como “limpieza étnica”. Al-Bashir fue acusado de genocidio en 2009, pero nunca fue transferido a la CPI. Aún hoy, Sudán ha evitado entregarlo pese a su caída del poder en 2019.

La Justicia tarda, pero llega: el giro en 2020

En 2020, Kushayb se entregó voluntariamente en la República Centroafricana. Se especula que su rendición estuvo motivada por temor a enemigos políticos dentro del régimen o por una posible promesa de trato favorable. Sin embargo, su defensa ha sido negada ante evidencias contundentes, incluidos videos en los que él mismo se identifica como Ali Kushayb.

En abril de 2022 se abrió su juicio. Desde entonces, cientos de víctimas han dado sus testimonios. Su defensa solicitó una pena de solo siete años alegando edad avanzada y tiempo servido. Pero el fiscal argumentó que una sentencia leve “enviaría al mundo el mensaje de que crímenes de guerra pueden salir impunes”.

¿Justicia verdadera o simbolismo internacional?

Existe un debate intenso en los círculos de derechos humanos e internacionales. ¿Realmente puede considerarse justicia si solo una figura secundaria enfrenta sentencia mientras otros arquitectos del genocidio, como Al-Bashir, siguen libres?

Para la defensora de derechos humanos sudanesa Halima Bashir, “el juicio de Kushayb es importante, pero insuficiente. Necesitamos justicia completa para sanar heridas abiertas por décadas”.

La activista se refiere a que todavía no existe un mecanismo efectivo para garantizar compensaciones a las víctimas, ni un proceso de reconciliación nacional que promueva una paz sostenible.

Sudán hoy: entre la esperanza rota y una nueva guerra civil

El presente de Sudán no es más alentador. Desde 2023, el país ha entrado nuevamente en conflicto, esta vez entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), antiguo aliado del gobierno. La guerra ha causado al menos 40,000 muertos y más de 12 millones de desplazados (OMS).

Lo más alarmante es que muchos integrantes de las RSF eran antiguamente yanyauid, como Kushayb. Es decir, las semillas de impunidad sembradas en Darfur aún germinan hoy, disfrazadas con otros nombres pero con los mismos métodos brutales.

El 2024 comenzó con informes en la ONU sobre masacres en hospitales y violaciones sistemáticas en zonas bajo control de las fuerzas paramilitares. La historia parece repetirse.

El papel de la CPI: ¿necesitamos una justicia universal más efectiva?

Lo acontecido en La Haya con Ali Kushayb reabre un viejo debate: ¿qué tan efectiva es la justicia internacional? Si bien la CPI ha sido vital para documentar crímenes y promover la rendición de cuentas, su alcance ha sido limitado por la falta de cooperación de algunos países. Ni Sudán, ni Estados Unidos, ni China reconocen su jurisdicción.

Expertos en derecho internacional como Reed Brody, de Human Rights Watch, afirman que “Los juicios como el de Kushayb sirven como disuasivo moral, pero no reemplazan la necesidad de mecanismos de justicia local efectivos”.

Por otro lado, el juicio ha tenido un impacto simbólico importante. Víctimas han testificado con nombres, han recibido pasajes para viajar a Europa y han podido por fin contar al mundo lo que sucedió entre las sombras de Darfur.

¿Y Omar al-Bashir?

Aunque derrocado, Omar al-Bashir sigue sin enfrentar juicio en La Haya. El gobierno de transición de Sudán anunció su intención de entregarlo, pero hasta hoy no lo ha hecho. En enero de 2023, fue trasladado de la cárcel a un hospital militar por “problemas de salud”, una medida vista por muchos como una maniobra para evitar su extradición.

Si la CPI logra llevarlo ante la justicia, este sería el primer juicio internacional por genocidio contra un jefe de Estado musulmán africano. Sería un hito para la justicia universal. Pero también pondría sobre la mesa las limitaciones políticas que enfrenta el tribunal desde su fundación en 2002.

Darfur: ni olvido ni perdón

Dos décadas después, Darfur sigue en ruinas. Las aldeas saqueadas no han sido reconstruidas. Millones viven en campos de refugiados, tanto en Sudán como en países vecinos. La violencia étnica vuelve a alzarse con fuerza en 2024.

Pero los juicios como el de Kushayb son una pequeña esperanza entre tanto horror. Son una chispa de responsabilidad en una historia de impunidad. Puede que no reparen el dolor de las víctimas, pero dejan registro. Y el registro es memoria. Y la memoria es la base de toda justicia.