¿Adiós al Departamento de Educación? El plan de Trump y sus polémicas implicaciones

La administración Trump acelera la desmantelación del Departamento de Educación en EE. UU. transfiriendo funciones clave a otras agencias federales

Un cambio histórico en la política educativa

En un movimiento sin precedentes en la historia moderna de la educación estadounidense, la administración del expresidente Donald Trump intensificó sus acciones para cerrar el Departamento de Educación de Estados Unidos, transfiriendo sus funciones clave a otros organismos del gobierno federal. Este drástico reordenamiento administrativo ha suscitado un intenso debate entre expertos, legisladores, sindicatos y ciudadanos.

De acuerdo con declaraciones oficiales, los contratos firmados recientemente trasladan programas por valor de miles de millones de dólares a agencias como el Departamento de Trabajo, Salud y Servicios Humanos, el Departamento del Interior y el Departamento de Estado.

Una promesa de campaña más cerca de hacerse realidad

Desde su primera campaña, Trump expresó su deseo de abolir el Departamento de Educación argumentando que se trataba de una estructura burocrática ineficiente que debía ser reemplazada por el control estatal y local. En 2025, esa visión comenzó a materializarse mediante acuerdos interinstitucionales.

“La administración Trump está tomando medidas audaces para desmantelar la burocracia educativa federal y devolver el control de la educación a los estados”, declaró Linda McMahon, secretaria de Educación designada por Trump.

¿Qué se transfiere y a quién?

Algunos de los cambios más destacados del plan incluyen:

  • Departamento de Trabajo: gestionará el financiamiento del programa Title I, destinado a escuelas con alta concentración de estudiantes de bajos ingresos, así como programas de formación docente y asistencia a estudiantes de primera generación (TRIO).
  • Departamento de Salud y Servicios Humanos: tomará el control de las becas para padres universitarios y de la acreditación de escuelas de medicina extranjeras.
  • Departamento del Interior: gestionará la educación indígena.
  • Departamento de Estado: asumirá los programas de lenguas extranjeras.

¿Y qué pasará con los préstamos estudiantiles y otros programas clave?

Aunque gran parte del funcionamiento del Departamento ha sido redistribuido, algunas funciones clave —como la política de préstamos estudiantiles federales (que alcanza los 1.6 billones de dólares) y la acreditación de instituciones para el otorgamiento de ayudas federales— seguirán bajo la supervisión del Departamento de Educación, al menos por ahora.

Las críticas no se hicieron esperar

La propuesta ha encendido las alarmas entre especialistas y organizaciones educativas. Para muchos opositores, este desmantelamiento puede poner en riesgo a comunidades escolares vulnerables, como estudiantes con discapacidades, familias de bajos ingresos, migrantes y minorías.

Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, calificó el plan como “una agresión directa a la equidad educativa” y añadió: “Transferir fondos y programas a otras agencias sin experiencia en educación pone en peligro décadas de progreso.”

Además, se advierte sobre la legalidad cuestionable del procedimiento. La decisión se ha llevado a cabo mediante acuerdos interinstitucionales que podrían eludir la necesidad de votación en el Congreso, a pesar de que legalmente ciertas funciones son obligatorias dentro del Departamento de Educación.

Un departamento bajo críticas desde hace años

McMahon, conocida por su perfil empresarial más que educativo, ha señalado que el Departamento de Educación se ha convertido en un “gigante burocrático ineficiente”. Argumenta que, a pesar de los miles de millones invertidos en el sistema educativo, los resultados académicos siguen siendo bajos.

Según datos del National Assessment of Educational Progress (NAEP), los puntajes promedio en lectura y matemáticas para alumnos de cuarto y octavo grado cayeron significativamente en 2022 y 2023 en comparación con años anteriores. Parte de este descenso se atribuye a los efectos prolongados de la pandemia.

El detrás político del cierre

Más allá del discurso de eficiencia, muchos analistas políticos interpretan la medida como una estrategia ideológica de la corriente conservadora para reducir el poder del Estado federal en educación y fortalecer el control de los estados. Esto también conllevaría menos regulación sobre los estándares mínimos de enseñanza y currículo.

Con esta redistribución, los estados podrían tener más libertad sobre cómo utilizar los fondos federales, incluyendo recursos para alfabetización, asistencia a estudiantes sin hogar o programas bilingües. Pero especialistas advierten que esto podría derivar en una disparidad aún mayor entre sistemas educativos estatales.

Voces a favor: ¿una oportunidad para innovar?

Por otro lado, hay sectores que aplauden este cambio. Algunos gobernadores republicanos han manifestado su entusiasmo con la idea de gestionar directamente los fondos y tener autonomía curricular. Para ellos, significa una oportunidad para adaptar la educación a las realidades locales sin la supuesta “intromisión federal”.

El exsecretario de Educación Betsy DeVos, que también propuso abolir el Departamento durante su mandato, expresó: “Esto es exactamente lo que necesitamos: confiar en las comunidades locales y padres para dirigir el futuro educativo de nuestros hijos.”

Un precedente sin resolver

Desde su fundación en 1979 bajo el gobierno de Jimmy Carter, el Departamento de Educación de EE. UU. ha sido objeto constante de controversias. Si bien ha jugado un rol clave en la regulación de fondos, la defensa de los derechos civiles en educación y la garantía de igualdad de acceso, también ha sido criticado por su tamaño y lentitud burocrática.

La eliminación de esta agencia afectaría a más de 4,300 empleados federales y pondría en jaque la estructura que ha articulado la política educativa nacional durante más de 45 años.

¿Qué sigue ahora?

Por ahora, el Congreso deberá decidir si aprueba una legislación que oficialice el traspaso de atribuciones y la clausura definitiva del Departamento. Este escenario abre una batalla política más amplia entre la visión centralizada y descentralizada del sistema educativo.

Mientras tanto, McMahon continuará su gira nacional celebrando los méritos de escuelas públicas “modelo” que, según ella, “demuestran que no necesitamos una agencia federal para alcanzar la excelencia educativa.”

El futuro inmediato de la política educativa estadounidense se mueve en un terreno inestable, con posibles implicaciones duraderas para estudiantes, educadores y padres de familia en todo el país.

Referencias útiles

Este artículo fue redactado con información de Associated Press