¿Hasta dónde llega el poder federal? El fallo en Nueva York que redefine la cooperación estatal en inmigración

El choque entre el gobierno federal y los estados: ¿quién manda a quién?

En tiempos recientes, la relación entre el gobierno federal y los estados se ha visto tensada por asuntos como el cambio climático, el aborto o los derechos de las personas migrantes. Uno de los ejemplos más representativos surgió en Nueva York, donde una ley estatal —la Protect Our Courts Act— impidió que agentes de inmigración detuvieran a personas en juzgados sin una orden judicial firmada. Esta medida fue rápidamente desafiada por la administración de Donald Trump, pero la justicia federal se pronunció con fuerza a favor del estado.

¿Qué es la ‘Protect Our Courts Act’?

La ley fue aprobada en 2020 en respuesta a un crecimiento alarmante de arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las inmediaciones de los tribunales de Nueva York. Grupos de derechos civiles y juristas aclararon que tales prácticas no solo generaban miedo dentro de comunidades inmigrantes, sino que también obstruían el acceso equitativo a la justicia. La legislación prohíbe detenciones civiles de inmigración en los alrededores de los tribunales a menos que los agentes traigan una orden judicial firmada.

El argumento del Departamento de Justicia

Bajo el mandato de Trump, el Departamento de Justicia respondió con una demanda en la que sostenía que la ley neoyorquina —junto a decretos ejecutivos estatales relacionados— era inconstitucional porque supuestamente interfería con las autoridades federales de inmigración. Según esta administración, el no permitir estas detenciones en tribunales equivale a obstruir el cumplimiento de la ley federal.

El fallo de la jueza D’Agostino: un fuerte mensaje al gobierno federal

La jueza de distrito Mae D’Agostino desestimó la demanda del gobierno federal con argumentos sólidos y un recordatorio central: el derecho de los estados a no verse obligados a ejecutar leyes federales si no lo desean.

“Fundamentalmente, Estados Unidos no identifica ninguna ley federal que obligue a los oficiales estatales y locales a ayudar de forma generalizada en la ejecución de inmigración civil. Ni siquiera podría hacerlo”, escribió D’Agostino en su fallo, citando la protección otorgada por la Décima Enmienda de la Constitución de EE. UU.

El papel de la Décima Enmienda

Esta enmienda establece de forma clara que los poderes no delegados al gobierno federal por la Constitución son reservados para los estados o el pueblo. Este principio, conocido comúnmente como “antimandato” (anti-commandeering), ha sido clave en debates similares en otras jurisdicciones, como en el caso de las ciudades santuario o leyes estatales sobre marihuana.

El precedente más sólido proviene del caso Printz v. United States (1997), donde la Corte Suprema determinó que el Congreso no podía obligar a los jefes de policía estatales a realizar verificaciones de antecedentes para comprar armas de fuego. En la misma línea, D’Agostino afirmó que nada obliga a Nueva York a gastar recursos o actuar proactivamente para ayudar con acciones de inmigración civil.

Letitia James: “Todos merecen buscar justicia sin miedo”

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, celebró el fallo como una victoria para los derechos civiles: “Todos merecen buscar justicia sin miedo”, declaró. Para ella, permitir arrestos de inmigración en tribunales haría que víctimas, testigos y acusados tengan miedo de asistir a juicios, perjudicando a todo el sistema judicial.

Según datos del Immigrant Defense Project, los arrestos de ICE en juzgados y alrededores crecieron un 1700% en Nueva York entre 2016 y 2018 después de que Trump asumiera el cargo. De ahí la urgencia con la que se impulsó esta ley.

¿Qué implica este fallo para otros estados?

La decisión no solo protege a los tribunales de Nueva York; también representa un respaldo a otros estados y ciudades que implementan políticas similares. California, Washington, Massachusetts y otros estados han introducido leyes análogas en defensa de sus comunidades inmigrantes.

Este fallo refuerza la noción de que, pese al deseo del gobierno central de tomar acciones más agresivas en inmigración, los estados conservan la soberanía y ningún mandato federal puede obligarlos a actuar en contra de sus principios constitucionales.

¿Es esto un precedente en la era DeSantis?

La noticia también toma relevancia dentro del contexto político actual, especialmente considerando figuras como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ha promovido en su estado medidas duras contra los inmigrantes indocumentados. En Florida, los jueces de la Corte Suprema —como el ahora retirado Charles Canady— también han adoptado posturas conservadoras frente a temas sociales clave.

DeSantis ha criticado públicamente las políticas de “no cooperación con ICE” en estados progresistas como Nueva York y California, y es probable que intente imponer políticas opuestas en su jurisdicción. Afortunadamente para los defensores de derechos, este fallo judicial establece un camino legal contundente en defensa de la autonomía estatal.

¿Ahora qué sigue?

Si bien el Departamento de Justicia aún no ha confirmado si apelará esta decisión, los analistas legales apuntan a que será difícil revertir el fallo de D’Agostino sin que la Corte Suprema reconsidere el precedente del caso Printz. Y dada la actual composición conservadora de la Corte Suprema, existe incertidumbre, pero también confianza en que el federalismo —entendido como un equilibrio entre los poderes estatales y nacionales— todavía tiene fuerza legal.

Un eco en la historia: resistencia estatal en Estados Unidos

Históricamente, la resistencia de los estados frente al gobierno federal ha sido parte de la tradición política estadounidense. Desde la desobediencia civil en los años 60 hasta las jurisdicciones protectoras del aborto en los 2000, cada época ha mostrado cómo el federalismo puede ser un escudo contra legislaciones centrales vistas como abusivas.

Las decisiones judiciales como la de D’Agostino confirman esa línea histórica. Hoy por hoy, la lucha no es solo legal, sino también simbólica: los estados que acogen y protegen a inmigrantes transmiten un mensaje de inclusión y respeto por encima del control autoritario.

La narrativa importa: visibilizar la lucha migrante

A nivel mediático, este fallo tiene implicancias profundas. En una época donde los discursos de odio, como los promovidos por grupos extremistas o por individuos radicalizados como Michail Chkhikvishvili, también buscan deshumanizar a comunidades vulnerables, el respaldo judicial a leyes de protección tiene un impacto tranquilizador en las comunidades inmigrantes.

“Sentirte seguro al entrar a una sala de justicia no debería ser un privilegio”, declaró un vocero de la organización Human Rights First. “Este fallo manda un mensaje poderoso: no estamos solos”.

Reflexiones finales: federalismo, justicia y derechos humanos

Más allá del fallo, la pregunta central persiste: ¿Quién debe decidir cómo se trata a los inmigrantes en un país federado? El caso de Nueva York muestra que no todo se decide desde Washington, D.C. Existen voces, leyes y comunidades que, tanto en defensa como en desobediencia, moldean el carácter de la justicia estadounidense.

Y aunque el camino hacia un sistema migratorio justo es largo y está lleno de tropiezos, decisiones como esta marcan hitos sin precedentes en esa travesía.