Cazados en los pasillos del tribunal: cuando pedir asilo se convierte en una trampa

El tribunal como trampa: el nuevo rostro del sistema migratorio

Lo que alguna vez representó esperanza y justicia para miles de solicitantes de asilo ahora se ha transformado en una escena de tensión, miedo y lágrimas. Familias completas acuden a sus audiencias migratorias en Nueva York esperando avanzar en su proceso legal —algunos tras esperar años—, pero en lugar de ello se enfrentan a arrestos sorpresivos orquestados con días de anticipación.

Las imágenes son angustiantes: padres abrazando a sus hijos por última vez mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) los rodean, esposan y conducen fuera del edificio. Niños jugando en los pasillos, inconscientes del drama que se avecina. Madres llorando, activistas detenidos y agentes federales apostados como cazadores en espera.

Una maquinaria judicial acelerada y despiadada

Desde la entrada de la segunda administración Trump en 2025, las cortes migratorias del país —75 en total— han sido transformadas. Donde antes había análisis y debido proceso, ahora hay rapidez y cuotas. "Los jueces están bajo una enorme presión para cerrar casos de inmediato, sin importar la complejidad o las circunstancias individuales", comenta un abogado de inmigración que prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a represalias.

La administración argumenta que está yendo tras "los peores de los peores". Pero ¿es esa la realidad? Datos recientes muestran que muchos de los detenidos no tienen historial criminal y su único equívoco ha sido presentarse voluntariamente a una cita judicial, como exige el sistema.

Cifras que revelan la estrategia

• Más del 65% de los detenidos en cortes migratorias en 2025 no tenían antecedentes penales previos.
• Los arrestos han aumentado un 112% en comparación con 2023, según estadísticas de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración.
• Las audiencias suspendidas sin resolución concluyen en una deportación expedita en menos de 48 horas en más del 70% de los casos.

Del sueño americano a la pesadilla procesal

Maria y Marco Chipantiza, una pareja ecuatoriana, llegaron a la corte con la esperanza de apoyar a su hija Joselyn, quien solicitó asilo político y ha criado sola a su hijo en Nueva York. Pero esa mañana se transformó en una pesadilla. "No nos dijeron nada. Solo la esposaron y se la llevaron. Mi nieto preguntaba '¿por qué se llevan a mami?'. ¿Qué se le dice?", compartió Marco con lágrimas en los ojos en una conferencia de prensa improvisada.

La historia de Joselyn no es única. Marlon García, también de Ecuador, fue arrestado al finalizar la audiencia preliminar de su caso. Como muchos otros, siguió los pasos que exige la ley, sin faltar a ninguna cita, reportándose regularmente. "No lo entiendo. Hice todo bien. No entiendo qué pasó", dijo con incredulidad mientras era escoltado fuera del edificio ante la mirada aterrorizada de su esposa e hijas pequeñas.

Activistas bajo acecho

No solo los inmigrantes están en la mira. En una escena capturada por fotógrafos el 6 de junio, agentes de ICE arrestan no solo a un solicitante dominicano, sino también a un activista que lo acompañaba en calidad de apoyo legal. "Esto es represión. No quieren que haya testigos ni apoyo comunitario", declaró Ana Martínez, miembro de un colectivo de derechos humanos.

La criminalización de la solidaridad preocupa cada vez más a las organizaciones defensoras. "Lo que estamos viendo aquí raya en prácticas autoritarias. El sistema está siendo utilizado como arma y los tribunales se han convertido en zonas de caza", afirma María Hernández, abogada de inmigración residente en Brooklyn.

Tecnología al servicio del control

Uno de los elementos nuevos que intensifican estas acciones es el uso de reconocimiento facial como método de verificación antes de permitir el ingreso a la corte. Esta medida, aunque legalmente ambigua, permite confirmar la identidad de los inmigrantes con mayor rapidez... y con ello facilita su arresto inmediato.

"Te escanean la cara al entrar, y si hay una orden, ya estás marcado. No importa si eres padre, madre, estudiante, trabajador. No puedes defensa ante algo que ocurre incluso antes de comparecer", señala un exempleado del tribunal.

Protestas que no frenan la maquinaria

Las manifestaciones fuera de los juzgados son cada vez más frecuentes, pero poco efectivas en parar la tendencia. El 11 de junio, cientos de personas se congregaron en los alrededores del Jacob K. Javits Federal Building, cantando consignas contra ICE y exigiendo trato justo. Carteles como "El asilo no es un crimen" o "Defender familias no debe ser ilegal" llenaban el lugar, pero simultáneamente la maquinaria seguía en marcha dentro del edificio.

El agente de ICE que patrullaba los pasillos no mostraba emoción alguna al observar a los niños correr por los pasillos tras el arresto de uno de sus padres. "El deber es el deber", fue la única frase que concedió a un periodista antes de seguir su ronda.

¿Reformas o represión?

La conversación gira en torno a este dilema: ¿Estamos viendo una reforma del sistema migratorio o una regresión autoritaria? Expertos en derecho migratorio coinciden en que la rapidez de los casos, lejos de ser una solución administrativa, está vulnerando los principios fundamentales de justicia y debido proceso.

“Los tribunales deben ser recintos de evaluación objetiva, no la antesala a una deportación automática. Esto es más cercano a una emboscada institucional”, señala el profesor Ariel Rodríguez, de la Universidad de Columbia.

Lo que se pierde en el proceso

Muchos de estos solicitantes de asilo huyeron de violencia política, amenazas de muerte o entornos de extrema pobreza y corrupción en sus países. Su búsqueda por protección se encuentra ahora con un sistema que no solo les niega amparo, sino que los criminaliza por intentarlo legalmente. El costo humano, como han mostrado las imágenes de mujeres llorando, niños confusos y padres esposados, es incalculable.

Y en medio de esta tormenta, la comunidad migrante en Estados Unidos vive con el miedo constante de que acudir a una citación judicial —ese indicio básico de confianza institucional— pueda significar su última mañana en libertad.