El Congreso se derrumba: castigos cruzados, negligencia legislativa y el futuro de FEMA

Una Cámara paralizada por el drama político

En un momento en que millones de estadounidenses enfrentan la incertidumbre de una posible pérdida de cobertura médica y un sistema de gestión de desastres en plena transformación, la Cámara de Representantes de Estados Unidos parece más preocupada por los castigos internos entre sus miembros que por legislar.

Con el regreso de la Cámara tras un receso prolongado, lo que debería haber sido un impulso legislativo para abordar los apremiantes problemas nacionales se tornó en una serie de ataques personales y votaciones simbólicas: censuras, reprimendas, investigaciones éticas y escándalos. Lo legislativo quedó en segundo plano.

La lucha interna: censuras, escándalos y poco avance

Durante la primera semana de sesión, en lugar de buscar una solución para evitar que expiren los subsidios de salud el 31 de diciembre —lo que pondría en riesgo a más de 14 millones de personas según el Kaiser Family Foundation—, los legisladores se enfrascaron en votar para castigar a sus colegas.

Una votación fallida para censurar a la delegada Stacey Plaskett (D-Islas Vírgenes), motivada por mensajes de texto con Jeffrey Epstein, generó un debate más teatral que sustancial. Plaskett se defendió alegando que simplemente estaba atendiendo a un residente de su distrito, quien era dueño de islas en el Caribe americano. La resolución fue rechazada por 214 votos contra 209.

El representante Cory Mills (R-Fla.) entró al centro del torbellino con una investigación ética abierta días después de que Nancy Mace (R-SC) presentara una resolución para censurarlo por presuntas amenazas y comportamiento indebido relacionado con una expareja. Mientras tanto, al representante Jesús “Chuy” García (D-Ill.) se le reprendió después de que su jefe de personal apareció como el único candidato a su escaño tras su decisión de no reelegirse.

Así, la cifra de intentos de censura y reprimendas se eleva ya a más de seis este año, en una tendencia que se ha vuelto la nueva norma.

Crisis de liderazgo y falta de enfoque legislativo

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, enfrenta una lucha de poder dentro de su propio partido. A pesar de contar con una reducida mayoría republicana, su capacidad de control ha sido cuestionada en repetidas ocasiones. La presión lo obligó a apoyar una votación para liberar los archivos sobre Jeffrey Epstein, luego de que la acción fuera impulsada por una petición forzada —técnica conocida como 'discharge petition'—, lo que reafirma la fragmentación del liderazgo interno.

Johnson se lamentó recientemente diciendo que desearía ser presidente de una Cámara más “normal”. Sin embargo, muchos de sus colegas, como el representante Tim Burchett (R-Tenn.), opinan que esto es parte del diseño legislativo actual: “Nada se logra. Y eso está hecho a propósito”.

Incluso legisladores como David Schweikert (R-Ariz.), quien fue sancionado por violaciones éticas en 2020, reconocen que la Cámara hoy vive una era de instrumentalización del castigo político.

El caso Cherfilus-McCormick y el uso del dinero federal

El caos legislativo se intensificó con el escándalo de la representante Sheila Cherfilus-McCormick (D-Fla.), acusada de desviar 5 millones de dólares en fondos de ayuda federal para desastres para apoyar su campaña electoral en 2021.

Según el Departamento de Justicia y documentos judiciales, la congresista, entonces CEO de Trinity Healthcare Services, habría recibido pagos excesivos a través de un contrato federal para apoyar la vacunación contra el COVID-19, dinero que luego habría utilizado para financiar su candidatura.

“Usar fondos de alivio por desastres para enriquecimiento personal es un crimen particularmente cínico”, afirmó la Fiscal General Pam Bondi. El caso terminó de sembrar la desconfianza en la ética de varios miembros del Congreso justo cuando el país mira con lupa el gasto público y la rendición de cuentas.

¿Y la salud pública qué?

A unos pocos días de que expiren los créditos fiscales a las primas de seguros de salud —impulsados por la Ley de Rescate Estadounidense en 2021—, el Congreso no ha propuesto ni debatido medidas concretas para evitar que millones pierdan cobertura médica.

Estos subsidios han sido vitales para reducir el número de personas sin seguro. En 2023, la falta de cobertura cayó a mínimos históricos: solo el 8% de los estadounidenses no tenían seguro, según datos del Censo de EE.UU.. Si el Congreso no actúa, esos avances podrían verse revertidos.

El líder demócrata Hakeem Jeffries criticó duramente la inacción: “Es hora de que la Cámara realmente haga cosas que importen para el pueblo estadounidense”. Asegura que los republicanos siguen sin presentar ni un solo proyecto para afrontar el alto costo de la vida.

FEMA en el ojo del huracán

Mientras el Congreso se dispersa entre conflictos internos, otra bomba legislativa amenaza con estallar: las reformas a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Una comisión creada por el presidente Trump y presidida por Kristi Noem (Gobernadora de Dakota del Sur) y el secretario de Defensa Pete Hegseth debía emitir recomendaciones sobre cómo reformar FEMA. El borrador inicial tenía más de 160 páginas, abordando reformas al Acta Stafford de 1988, propuestas para mejorar seguros contra inundaciones y asistencia directa a víctimas. Pero, según reportes internos, el documento fue reducido a apenas 20 páginas.

Fuentes cercanas al proceso alegan que se eliminaron menciones a programas de mitigación y se limitaron fondos para preparación de gobiernos locales. Se privilegió un enfoque de responsabilidad estatal y local por sobre el papel coordinador del nivel federal, alineado con la visión conservadora de achicar el gobierno federal.

“El informe fue destruido”, confiesa un exfuncionario de FEMA. La preocupación es que esta versión diluida no refleje las experiencias compartidas por gobiernos locales, tribus y territorios que participaron en las audiencias públicas entre mayo y agosto.

Transparencia selectiva y responsabilidad política

El manejo del informe de FEMA y los escándalos por fondos desviados alimentan la sensación de que los políticos priorizan las disputas internas y planes partidistas sobre las necesidades del país.

El propio presidente Johnson, forzado a apoyar la liberación de los archivos sobre Jeffrey Epstein, justificó su cambio diciendo: “Ninguno de nosotros quiere aparecer como alguien en contra de la máxima transparencia”. Sin embargo, el enfoque selectivo de esa ‘transparencia’ contrasta con la opacidad con que se reescribe el futuro del manejo de desastres, sin consultar al público adecuadamente.

Resulta contradictorio que se presione por liberar archivos antiguos relacionados con una figura desprestigiada, mientras se ocultan decisiones cruciales sobre cómo las comunidades enfrentarán catástrofes futuras, especialmente ante la creciente amenaza del cambio climático.

La tormenta perfecta

Lo que vemos en la Cámara de Representantes es una tormenta institucional: luchas partidistas, escándalos éticos, desvío de fondos públicos y un desdén excesivo por leyes vitales. Cuando más se necesita un Congreso operativo y con visión de futuro, el cuerpo político se encuentra paralizado por mezquinas vendettas internas.

Estados Unidos enfrenta desafíos que no esperan: cobertura médica para millones, frecuencia creciente de eventos extremos, infraestructura obsoleta y una economía desigual. Pero en el epicentro del poder legislativo, las prioridades parecen otras.

La pregunta que queda es: ¿cuánto más puede resistir el sistema antes de que el costo no sea sólo político, sino humano?