La Ley de Especies en Peligro Bajo Amenaza: ¿Retroceso Conservacionista o Revisión Necesaria?

Una ley con 50 años de historia en el centro del conflicto

Desde su promulgación en 1973, la Ley de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos (Endangered Species Act, ESA) ha sido uno de los pilares de la legislación ambiental estadounidense. Bajo su protección se han salvado de la extinción especies emblemáticas como el águila calva, el lobo gris y el cóndor de California.

Pero cinco décadas después, la ley se encuentra nuevamente en el centro de un fuerte debate. La administración de Donald Trump, durante su segundo mandato, ha propuesto una serie de cambios que reducirían considerablemente la forma en que se protegen ciertas especies. Entre las medidas más polémicas, se encuentra la eliminación de la conocida como regla de protección automática o "blanket rule", que protegía a especies que eran catalogadas como "amenazadas" del mismo modo que a las "en peligro".

Este cambio implica que, a partir de ahora, las agencias gubernamentales tendrían que redactar regulaciones específicas especie por especie, un proceso que puede demorar años.

De la conservación a la economía: ¿qué está en juego?

Según el Departamento del Interior, esta propuesta es un “retorno a la intención original de la ley”, con el objetivo de equilibrar la conservación con el desarrollo económico. Como argumentó el secretario del Interior, Doug Burgum:

“Estas revisiones eliminan años de confusión legal y exceso regulatorio, ofreciendo certezas a estados, tribus, propietarios de tierras y empresas, asegurando a la vez que los esfuerzos de conservación se basen en la ciencia sólida y el sentido común”.

Esta narrativa ha sido acogida por sectores industriales como el petróleo, la minería y la agricultura, quienes desde hace años critican la ESA por ser, en sus palabras, una barrera para el desarrollo económico y la creación de empleos.

El precio ambiental de la desregulación

Sin embargo, las voces opuestas no se han hecho esperar. Organizaciones ambientalistas acusan a la nueva propuesta de poner en riesgo a cientos de especies, al introducir obstáculos innecesarios y criterios económicos en decisiones que deberían estar centradas en la ciencia.

Stephanie Kurose, del Center for Biological Diversity, declaró:

“Tendríamos que esperar hasta que estas pobres especies estén casi extintas antes de que podamos empezar a protegerlas. Eso es absurdo y desgarrador”.

La preocupación de los ambientalistas radica en que muchas especies “amenazadas” requieren acción inmediata para evitar que pasen a la categoría de “en peligro”. Retrasar dichas acciones, debido a trámites burocráticos y análisis económicos, puede ser la sentencia de muerte para muchas especies.

Los casos paradigmáticos: del búho moteado al lagarto espinoso

El comportamiento de administraciones anteriores sugiere precedentes preocupantes para los críticos. Durante su primer mandato, Trump también intentó reducir las protecciones del búho manchado del norte y del lobo gris. En ambos casos, las políticas fueron posteriormente anuladas por tribunales federales tras comprobarse irregularidades científicas y omisiones de impacto.

En esta nueva fase, uno de los casos que más ha llamado la atención es el de la lagartija espinosa de Yarrow, en las montañas Mule de Arizona. Esta especie ha sido empujada a elevaciones cada vez mayores por el aumento de las temperaturas debido al cambio climático.

John Wiens, ecólogo y profesor de la Universidad de Arizona, expresó su frustración:

“Creemos que esta especie debe ser catalogada como en peligro. De hecho, nos sorprende que no esté ya extinta”.

La lógica económica por encima del criterio ecológico

Una de las novedades controvertidas es que, con los nuevos cambios, se establecería que los responsables de determinar hábitats críticos deban considerar los posibles impactos económicos.

Esto podría poner en jaque a proyectos de conservación que impliquen restricciones significativas en tierras privadas o federales, especialmente si afectan los intereses de industrias como la forestal o energética. En el peor escenario, no se declararían hábitats críticos por temor a afectaciones económicas.

La presión de los lobbies y la influencia política

El cambio también responde a una larga presión por parte de grupos como el Rocky Mountain Elk Foundation y el Property and Environment Research Center (PERC), que argumentan que la blanket rule desincentiva la colaboración con propietarios de tierras.

Jonathan Wood, vicepresidente de PERC, afirmó que:

“Esta reforma reconoce la ilegalidad de la regla de protección automática y devuelve la recuperación de especies al núcleo de la ley”.

Esto sugiere un enfoque en el cual los esfuerzos de conservación deben tener incentivos para los propietarios privados, como facilitación de regulaciones si apoyan recuperación de especies.

Un patrón conservador que se repite

La propuesta no es nueva bajo administraciones republicanas. Desde los años 80, figuras del partido han criticado la ley por no considerar el impacto económico en sus decisiones. Sin embargo, lo que antes eran batallas legales inconclusas, hoy toman forma de propuestas ejecutivas consolidadas dentro del aparato del gobierno federal.

La controversia enmarca una disputa histórica: ¿Se puede conciliar la conservación del medio ambiente con el desarrollo económico? Y más aún: ¿qué valor le damos a las especies que comparten el planeta con nosotros frente a monedas, contratos y balances financieros?

Los riesgos de reescribir una ley que ha funcionado

Según datos del US Fish and Wildlife Service, de las 1,667 especies listadas desde la creación de la ley, el 99% no ha desaparecido. Esto sugiere que, pese a las críticas, la ESA ha sido, en gran medida, efectiva.

Un informe de 2019 del United Nations Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services advierte que más de un millón de especies están en riesgo de extinción a nivel global. Reforzar mecanismos de protección debería ser, según los científicos, prioridad mundial, no algo en revisión.

¿Qué sigue ahora?

Las propuestas de modificación pasarán por un periodo de comentarios públicos y posibles demandas judiciales. Además, podrían ser revertidas por una futura administración presidencial, como ya ocurrió previamente con decisiones similares.

El destino de especies como el monarca, el manatí de Florida, el búho moteado de California o el glotón norteamericano podría depender de una pugna legal y política que se alargue por años.

Al final, se trata de un dilema que pone frente a frente dos visiones de país: una que prioriza el progreso económico aún a costa de la biodiversidad, y otra que cree que conservar el legado natural es una condición indispensable para un desarrollo sostenible y ético.