Más allá de las fronteras: El ojo invisible sobre los caminos de Estados Unidos

Un nuevo rostro para la vigilancia fronteriza

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, históricamente encargada de vigilar los límites territoriales del país, ha extendido su influjo sobre el interior de la nación a través de un poderoso y encubierto programa de vigilancia masiva. La red de escaneo de matrículas, potenciada por inteligencia artificial predictiva, ha llevado a la detención de ciudadanos por "comportamientos sospechosos" basados en los simples patrones de sus viajes. ¿Qué significa esto para los derechos civiles y la privacidad?

Un algoritmo decide si eres sospechoso

Este programa de inteligencia predictiva utiliza un sistema de cámaras —muchas veces camufladas en señales de tráfico o conos viales— que capturan y almacenan información de matrículas vehiculares. Luego, algoritmos clasifican esas imágenes para determinar si una persona supone una amenaza, principalmente en función de la ruta elegida, el punto de partida, y el destino. Este criterio ha resultado en detenciones, registros y, en algunos casos, arrestos, aun si no existe una causa evidente.

No hace falta cruzar la frontera para ser vigilado

Aunque la ley autoriza a la Patrulla Fronteriza a operar a 100 millas de cualquier frontera terrestre o marítima, su red de vigilancia se extiende mucho más allá. Se han detectado cámaras en áreas metropolitanas como Phoenix (a más de 190 km de la frontera mexicana), Detroit, e incluso cerca de la frontera entre Michigan e Indiana.

Por ejemplo, en el caso de Lorenzo Gutiérrez Lugo, un conductor de empresa de paquetería, el motivo oficial de su detención fue exceso de velocidad. Sin embargo, detrás del operativo estaba una orden de la Patrulla Fronteriza con base en datos recolectados por lectores de matrículas. No se encontró evidencia de actividad criminal, pero fue arrestado, y los fiscales intentaron confiscar el dinero encontrado y el vehículo.

El caso de Alek Schott: ¿viajar es una amenaza?

Alek Schott, residente de Houston, hizo un viaje de ida y vuelta a Carrizo Springs, Texas. Su estadía en un hotel y su traslado con una colega bastaron para que fuera considerado “sospechoso”. Fue detenido por una infracción menor y su vehículo fue minuciosamente registrado ante la mirada de los agentes. No se halló nada. Más tarde, supo que su patrón de viaje fue rastreado desde el principio. “No sabía que era ilegal conducir en Texas”, declaró Schott con ironía.

Una red silenciosa que comparte datos en tiempo real

Los agentes colaboran con fuerzas locales a través de chats de WhatsApp, como el identificado por AP llamado Northwest Highway, en el cual intercambian datos sobre vehículos, rutas y hasta fotos de licencias de conducir. Algunos mensajes son enviados mediante la función de “desaparición automática” para evitar dejar rastros.

Los análisis de la AP revelan que información sobre redes sociales, historiales de alquiler de vehículos y empleos en servicios de viaje como Uber también son incorporados al rastreo, todo sin que los ciudadanos lo sepan.

Dinero en efectivo: ¿motivo de delito?

Transportar dinero en efectivo también ha sido motivo de detención. Muchos inmigrantes —especialmente los latinos— todavía acostumbran a pagar en efectivo. Esto ha derivado en acusaciones infundadas de lavado de dinero e intento de confiscación de bienes sin pruebas sólidas.

Según Christie Hebert, abogada del Instituto para la Justicia: "Lo que descubrimos fue algo mucho más grande: un sistema de vigilancia masiva que amenaza la libertad de movimiento de las personas".

Los ‘parámetros de vida’ como criterio

Como parte del sistema de monitoreo predictivo CMPRS (Conveyance Monitoring and Predictive Recognition System), la Patrulla Fronteriza analiza patrones de comportamiento, lo que llaman "patterns of life". Esto incluye la frecuencia con la que alguien viaja, rutas comunes, horarios y si suelen evitar puntos de control oficiales. De considerarse una desviación del patrón “normal”, se activa una alerta.

Este método recuerda prácticas de regímenes autoritarios con ambiciones de hipercontrol, como ocurre en la China actual. El sistema estadounidense, sin embargo, funciona bajo una lógica de privatización y tercerización.

Cooperación con empresas privadas y ocultamiento judicial

La agencia ha tenido acceso a redes de lectores de matrículas manipuladas por empresas como Rekor, Vigilant Solutions y Flock Safety. Esta última permitió que la Patrulla Fronteriza accediera a más de 1,600 cámaras en 22 estados. Algunas de estas prácticas violan las leyes de estados como California e Illinois, que prohíben compartir datos con agencias migratorias.

En algunos casos, la agencia ha preferido retirar cargos antes de revelar detalles del funcionamiento del programa ante los tribunales. Se han reportado ocasiones en las que ha pedido a ciudades y condados que no entreguen información sobre sus operaciones, señalando supuestos “riesgos de seguridad nacional”.

Operación Stonegarden: federalismo al servicio del espionaje

Mediante el programa de subvención Operation Stonegarden, el gobierno federal transfiere millones de dólares a departamentos de policía locales para comprar lectores automáticos, drones de vigilancia, y cubrir horas extra dedicadas a vigilancia migratoria. Entre 2021 y 2025 se asignaron más de $790 millones a este propósito.

El sheriff del condado de Cochise, Arizona, lo explica sin tapujos: “Si compartimos nuestras autoridades, podemos poner consecuencias, o un elemento disuasorio detrás de un ‘no vengas aquí’”.

¿Cuántos inocentes hay en la red?

La cifra de personas detenidas o acosadas sin motivo concreto es desconocida. Sin embargo, testimonios como el de Schott son cada vez más frecuentes. Él calcula que por cada persona que levanta la voz, hay miles que simplemente abandonan su reclamo, frustrados, sin recursos, sin justicia.

¿Es constitucional la vigilancia total?

El debate sobre la legalidad de esta vigilancia se abre paso lentamente en los tribunales estadounidenses y universidades. Andrew Ferguson, profesor de derecho en la Universidad George Washington, señala: “La tecnología de vigilancia a gran escala que captura todo y a todos, en todo momento, podría ser inconstitucional según la Cuarta Enmienda”.

Nicole Ozer, directora del Center for Constitutional Democracy en UC Law San Francisco declaró: “Recolectan información en masa sobre quiénes son las personas, a dónde van, qué hacen y a quién conocen … estos sistemas de vigilancia no hacen nuestras comunidades más seguras”.

¿Un Estado de vigilancia digital?

El panorama que se dibuja es el de una nación donde las agencias de seguridad se han transformado en auténticas ramas de inteligencia interna, capaz de vigilar cada kilómetro de autopista, cada desviación del trayecto habitual, cada rostro que pasa por una cámara.

¿Vale la protección nacional el costo de la privacidad individual? Esa es la pregunta que miles de ciudadanos, especialmente latinos, afroamericanos y comunidades inmigrantes, se ven forzados a enfrentar todos los días en las carreteras de Estados Unidos.

Como dijo Alek Schott: “Creo que hay miles de personas siendo tratadas de esta manera. Yo tuve los medios y el tiempo para desafiarlo. Muchos no los tienen”.

La verdadera frontera ya no está en el sur, está en las sombras del algoritmo.