Terrorismo doméstico en EE.UU.: ¿Nueva era de amenazas o retorno a los viejos miedos?

Un repunte inquietante en los tribunales federales

En las últimas semanas, los tribunales federales de Estados Unidos han sido escenario de casos que parecen sacados de una novela de espionaje, pero son tan reales como preocupantes. Desde Texas hasta Oklahoma y Nueva York, las acciones coordinadas de individuos, ya identificados y procesados, han puesto el foco sobre una realidad que muchos creían distanciada del día a día estadounidense: el terrorismo doméstico y la colaboración con organizaciones extremistas extranjeras.

El caso antifa: un salto judicial sin precedentes

En Fort Worth, Texas, cinco personas —Nathan Baumann, Joy Gibson, Seth Sikes, Lynette Sharp y John Thomas— se declararon culpables de cargos relacionados con terrorismo tras un ataque ocurrido el 4 de julio frente al centro de detención de inmigrantes Prairieland, en el que resultó herido un oficial de policía.

La fiscalía los acusó de formar parte de una célula vinculada con antifa, movimiento acusado por el expresidente Donald Trump de ser catalizador de disturbios en suelo estadounidense. Lo significativo de este caso es que, según el director del FBI en ese momento, Kash Patel, es la primera vez que se presentan cargos federales por apoyo material al terrorismo contra miembros asociados al movimiento antifa.

El tiroteo incluyó fuego de armas y fuegos artificiales dirigidos hacia el centro, en lo que los documentos judiciales describieron como un ataque organizado. Durante la emboscada, un miembro del grupo gritó “¡A por los rifles!”, y acto seguido abrió fuego, hiriendo a un oficial en el cuello.

¿Qué es realmente Antifa?

Antifa —abreviatura de “Anti-Fascistas”— no es una organización formal, sino un movimiento descentralizado compuesto por colectivos y activistas que, desde una postura de izquierda radical, combate en la calle a grupos considerados neonazis o supremacistas blancos. Es un fenómeno que nació en los años 30 en Europa, resurgió en los 80 en ciudades como Berlín y Londres, y tomó fuerza en EE.UU. tras la era Trump y los sucesos de Charlottesville en 2017.

Pero designar oficialmente antifa como organización terrorista es, cuanto menos, controversial, debido a la ausencia de jerarquías, estructura financiera o liderazgo claro. El Departamento de Justicia, sin embargo, considera ciertos comportamientos puntuales como actos terroristas, lo que abre una puerta legal para proceder con cargos federales.

El terrorismo islamista también regresa a la agenda

Mientras en Texas se abría un debate sobre el activismo violento y la designación de movimientos ideológicos como amenazas internas, en Oklahoma otro caso generaba conmoción. Abdullah Haji Zada, un joven de 19 años de origen afgano, fue sentenciado a 15 años de prisión tras declararse culpable de su implicación en un complot terrorista contra votantes estadounidenses durante el Día de Elecciones.

Zada, junto a su coacusado Nasir Ahmad Tawhedi —un exguardia de seguridad en instalaciones militares estadounidenses en Afganistán— intentó adquirir rifles AK-47 y municiones para ejecutar un atentado masivo dirigido a aglomeraciones durante los comicios. Tawhedi, que enfrenta hasta 35 años de prisión, incluso juró lealtad al Estado Islámico (ISIS) a través de la app de mensajería Telegram, según detallaron agentes del FBI.

Las cifras detrás de la amenaza

• El FBI ha registrado desde 2021 un incremento del 265% en amenazas terroristas domésticas, según datos internos filtrados al New York Times.
• Más de 1.200 acusaciones federales han sido emitidas en el marco de investigaciones antiterroristas, tanto por terrorismo islamista como por extremismo político local.
• Desde 2001, el terrorismo doméstico ha causado más muertes en EE.UU. que el internacional; en particular, orientaciones ideológicas extremistas (de derecha y de izquierda) se han convertido en las nuevas principales amenazas, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Narcotráfico y terrorismo: el caso Zhang

En Brooklyn, Nueva York, el acusado Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, enfrenta cargos por tráfico de drogas a gran escala y lavado de dinero. Aparentemente al frente de una red transnacional con sede en México, Zhang está acusado de introducir toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo en territorios estadounidenses desde al menos 2016.

Lo inquietante es que utilizaba más de 100 empresas fantasma registradas fraudulentamente con identidades falsas en EE.UU. para lavar más de $77 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Además, escapó de la custodia mexicana, huyó a Cuba y fue extraditado nuevamente a Estados Unidos en octubre de 2024.

La conexión con carteles y rutas globales ubica este caso en la intersección entre terrorismo, narcotráfico y corrupción institucional, según declaró el fiscal federal Todd Blanche.

¿Un nuevo paradigma en la lucha antiterrorista?

Estos tres casos —antifa, terrorismo islamista y crimen transnacional— abren una puerta a reflexionar sobre la redefinición del terrorismo moderno. Ya no se trata de atentados espectaculares como el 11-S, sino de células pequeñas, descentralizadas y contextualmente muy diversas.

La lógica de “enemigo externo” que predominó en las dos primeras décadas del siglo XXI ha dado paso a un conflicto interno permeado por ideologías polarizantes, resentimiento social, cibercoordinación y metodologías militares.

Para muchos analistas legales, estos casos podrían marcar precedentes preocupantes al tiempo que cuestionan las libertades civiles, sobre todo cuando se incurre en la criminalización del activismo radical. ¿Dónde termina la protesta violenta y comienza el terrorismo? ¿Es legítimo juzgar a colectivos por acciones de individuos no necesariamente organizados?

Violencia política y elecciones: un cóctel explosivo

El caso de Zada y Tawhedi es especialmente inquietante por la elección de los comicios como objetivo de ataque. Este patrón lo comparten movimientos de ultraderecha que buscan deslegitimar procesos electorales —como sucedió el 6 de enero de 2021— y yihadistas que ven en la democracia un símbolo corrupto del Occidente.

El DHS advirtió en enero de 2024 que las elecciones presidenciales podrían estar en la mira para acciones violentas tanto desde dentro como fuera del país. La estrategia preventiva se ha centrado en detectar compras anómalas de armas, actividad en redes sociales y viajes no justificados cerca de infraestructuras sensibles.

¿Polarización como caldo de cultivo?

EE.UU. se encuentra hoy en uno de los mayores picos de polarización política desde la Guerra Civil. Según Pew Research, el 63% de los votantes creen que el país “enfrenta una amenaza existencial si el bando contrario gana las elecciones”. Este clima de hostilidad es fértil para la radicalización.

La violencia ya no es patrimonio exclusivo de figuras extranjeras: puede venir desde sectores indignados por la migración, la globalización, el racismo estructural o el autoritarismo gubernamental.

Una sociedad entre el castigo y la prevención

La justicia ha sido contundente: todos los acusados enfrentan penas de entre 15 y 35 años. Pero también surge una pregunta incómoda: ¿se está haciendo lo suficiente en materia de prevención?. Mientras los tribunales enfrentan sus responsabilidades, es en escuelas, redes sociales, comunidades religiosas y plataformas digitales donde se juega otra batalla contra la radicalización.

Los nuevos terroristas no son caricaturas en desiertos lejanos, sino vecinos, compañeros de clase, trabajadores con acceso digital a redes globales de odio y violencia. La lucha está aquí, y comienza por reconocer el rostro cambiante del terrorismo en el siglo XXI.