La guerra por la justicia en Polonia: ¿fraude, revancha o regeneración?

Polonia vive una de las batallas políticas más trascendentales de su historia reciente: el intento del gobierno liderado por Donald Tusk de revertir los efectos de una década de control del sistema judicial por parte del partido nacionalista y conservador Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco). Pero lo que parecía una tarea de justicia institucional se ha convertido en una guerra de trincheras políticas y una advertencia para las democracias liberales del siglo XXI.

El legado judicial del PiS: cómo se construye una “democracia iliberal”

Entre 2015 y 2023, el partido Ley y Justicia tomó control sistemático de las instituciones judiciales. Según informes de la Comisión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este proceso incluyó:

• Transformar el Consejo Nacional de la Judicatura (KRS, por sus siglas en polaco) para permitir que el Parlamento nombrara a los jueces.
• Designar jueces afines para el Tribunal Constitucional.
• Disciplinar o trasladar a jueces críticos a cargos lejanos.

El resultado fue una pérdida progresiva de la independencia judicial, acompañado de una atmósfera tóxica hacia el derecho. “El caos legal comenzó a afectar a los ciudadanos ordinarios que se encontraban atrapados en un sistema arbitrario”, señala el analista legal Piotr Buras en el informe de Democracy Reporting International.

No sorprende que la Unión Europea interviniera, tanto a través de procedimientos de infracción como bloqueando la entrega de fondos del Plan de Recuperación post-COVID a Polonia, condicionados al restablecimiento del estado de derecho.

Tusk entra en escena: esperanzas, decepciones y reemplazos

Tras un periodo en Bruselas, Donald Tusk regresó a la política polaca prometiendo restaurar el respeto al derecho. En diciembre de 2023, asume el poder con una coalición proeuropea. Se designa como ministro de Justicia a Adam Bodnar, exdefensor del pueblo y figura clave en la defensa institucional de los jueces independientes durante la era del PiS.

Pero el entusiasmo pronto se convierte en frustración. A pesar de logros como reincorporar a Polonia a la Fiscalía Europea o detener juicios disciplinarios contra jueces independientes, Bodnar fue visto por algunos como demasiado cauto. “Todos esos sueños se han desvanecido y podemos olvidarnos de ellos”, declaró al ser destituido en julio de 2025.

Waldemar Żurek: un juez en pie de guerra

El reemplazo es Waldemar Żurek: un juez de Cracovia que se convirtió en símbolo de la resistencia judicial. Żurek, víctima de represalias bajo el régimen PiS, opta por un enfoque más agresivo. En octubre de 2025, anunció que la fiscalía está preparada para presentar cargos contra Zbigniew Ziobro, el exministro de Justicia y cerebro de las reformas judiciales de PiS.

Las acusaciones incluyen malversación de fondos destinados a víctimas de violencia y uso indebido del software de espionaje Pegasus para espiar a opositores políticos. Tusk ha declarado públicamente que PiS convirtió Pegasus en “una herramienta de persecución política”.

Entre el veto presidencial y la trampa constitucional

El problema para implementar reformas judiciales profundas radica en que todas las leyes deben ser promulgadas por el presidente Andrzej Duda, alineado con PiS. Duda ha utilizado su poder para bloquear reformas clave impulsadas por Bodnar y ahora por Żurek.

El presidente incluso ha declarado que no nombrará a jueces que se opongan a la reforma de PiS. Esto ha sido interpretado como una consolidación del control judicial e incluso una “cohabitación tóxica” entre el gobierno electo y una presidencia bloqueadora.

Żurek ha sido claro: “No tengo tolerancia para los criminales […] Aunque me amenacen con la prisión, seguiré adelante”.

Encarar el pasado: alternativas frente al bloqueo institucional

Frente al cerrojo presidencial, el Ministerio de Justicia ha optado por una alternativa: investigar penalmente las irregularidades del gobierno anterior. Se han abierto expedientes en diversas áreas relacionadas con desvío de recursos, vigilancia ilegal y manipulación judicial.

Según el analista político Jakub Jaraczewski: “Si no podemos cambiar las leyes, entonces perseguiremos a quienes causaron daño desde las instituciones”. Aunque los juicios sean complicados y tarden años, su impacto en la opinión pública ya es significativo.

El factor social: cómo acercarse al ciudadano desinformado

Uno de los aspectos más novedosos ha sido la acción comunicativa y pública de los jueces. En años anteriores, cuando PiS buscaba desacreditar al Poder Judicial, muchos jueces tomaron una posición activa. Marcharon en las calles, dieron charlas sobre la Constitución y participaron en festivales de música para acercarse al pueblo.

“Los demócratas deben salir de la burbuja de sus votantes”, advierte Żurek. “Debemos hablar también con quienes no comprenden el lenguaje jurídico pero votan.”

Polarización y desgaste institucional: ¿una lección para Europa?

Desde Bruselas, muchos ven a Polonia como el epicentro europeo de la lucha institucional. En palabras de Jaraczewski, “la democracia no puede depender solo de restaurar mecanismos; también necesita ciudadanos dispuestos a defender sus instituciones”.

Polonia comparte síntomas con otras democracias iliberales. En Hungría, Viktor Orbán controla el sistema judicial sin obstáculos. En EE. UU., Donald Trump puso a prueba hasta dónde puede doblarse la institucionalidad republicana sin romperse. Todo indica que la arquitectura constitucional europea debe modernizarse para protegerse del autoritarismo legalista.

2025 y más allá: ¿una victoria a tiempo o una cuenta regresiva?

Las elecciones presidenciales de agosto de 2025 serán clave. Si PiS vuelve al poder —como algunos analistas predicen si se alía con la ultraderecha—, ż hasta dónde llegará la revancha? Żurek ha adelantado que no le teme a la cárcel y que preferiría sentarse a dialogar “frente a las cámaras”.

Mientras tanto, el gobierno de Tusk intenta ganar tiempo. Muchos jueces nombrados bajo el régimen del PiS podrían terminar su mandato en los próximos años. Pero sin reformas estructurales y un mínimo de pacto nacional, la justicia polaca corre el riesgo de permanecer atrapada en una trampa de polarización eterna.

En palabras de Bodnar: “Estamos entrando en un proceso muy extraño que puede durar muchos años”.