Quilombos del Amazonas: la lucha silenciosa por la selva y el derecho a existir

Guardianes invisibles del bosque

En lo profundo del Amazonas brasileño, lejos de los focos mediáticos y los pulsos económicos de las grandes ciudades, hay héroes ambientales que defienden con sus vidas la biodiversidad de uno de los ecosistemas más importantes del mundo. Se trata de las comunidades quilombolas, descendientes de esclavos africanos que escaparon y fundaron pueblos autónomos hace siglos. Hoy, continúan viviendo en armonía con el entorno, pero bajo una amenaza constante.

Desde Itacoa-Miri hasta Menino Jesus, estos pueblos han preservado durante generaciones una forma de vida basada en la sostenibilidad, la recolección artesanal del açaí y la protección del bosque amazónico. Sin embargo, su existencia está en peligro debido al avance del agronegocio, proyectos contaminantes y la falta de títulos de propiedad formal sobre sus tierras ancestrales.

El açaí: símbolo de resistencia y sostenibilidad

“Entendemos que mantener el bosque vivo también nos mantiene vivos”, dice Erica Monteiro, lideresa afrodescendiente del quilombo Itacoa-Miri, a las afueras de Belém. Como coordinadora regional de la asociación Malungu, su labor no solo consiste en cosechar frutos del açaí, sino también en apoyar a decenas de otras comunidades en la lucha por el reconocimiento legal de sus territorios.

El açaí, fruto pequeño y oscuro, es uno de los motores de la economía local y también un símbolo de autonomía para los quilombolas. La técnica tradicional que utilizan para recolectarlo no daña las palmas y asegura la sostenibilidad del producto. Sus ventas permiten financiar mejoras en las comunidades, como escuelas, centros de salud, electricidad y agua potable, especialmente en aquellas con documentación legal y acceso a recursos filantrópicos internacionales.

La lucha por un papel: títulos de tierra en disputa

Actualmente, según la Coordinadora Nacional de Comunidades Rurales Negras Quilombolas, existen casi 2,500 quilombos en la región amazónica. Sin embargo, solo 632 han sido oficialmente reconocidos por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). La falta de regularización deja a cientos de comunidades expuestas a la expropiación y a ataques legales e ilegales de la agroindustria o de proyectos de infraestructura contaminantes.

Erica Monteiro explica cómo el no poder demostrar legalmente la posesión histórica de un territorio favorece una práctica conocida en Brasil como “grilagem”, es decir, la falsificación de títulos de propiedad por parte de empresas o particulares. “Si no puedes probar que la tierra es tuya, alguien más la registrará como propia”, afirma. Esa es una de las luchas más arduas: la del derecho básico de subsistir donde han vivido sus antepasados.

El caso de Menino Jesus: contaminación y ausencia estatal

Mientras Itacoa-Miri celebra avances, el quilombo Menino Jesus enfrenta una crisis. A tan solo 500 metros de sus viviendas, la empresa Revita pretende instalar un relleno sanitario sin haber consultado previamente a la comunidad. Esto podría contaminar el agua subterránea que utilizan para beber, pescar y regar cultivos.

“Tememos que los manantiales y pozos se contaminen con los lixiviados del basurero”, denuncia Fabio Nogueira, vicepresidente del quilombo. Aunque ya obtuvieron un título de propiedad en 2023, solo cubre 640 hectáreas, cuando reclaman legalmente 2,160. El litigio persiste en la justicia del estado, pero mientras tanto, sienten que el tiempo corre en su contra.

“Nos sentimos impotentes. No queremos tener que irnos de nuestras tierras”, agrega Nogueira. El miedo colectivo de perder su modo de vida es real. Para ellos, cada árbol talado, cada manantial contaminado, es una ofensa existencial.

La paradoja de conservar selvas sin apoyo

Los quilombos, junto con comunidades indígenas, aparecieron con fuerza durante la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada este noviembre en Belém. Ambos grupos demandaron más que promesas: exigieron medidas concretas como la entrega inmediata de los títulos de propiedad y la inclusión en mecanismos de financiamiento climático.

Uno de los anuncios más esperados fue la creación de un fondo internacional para pagar a los pueblos amazónicos por mantener los árboles en pie. Pero Monteiro es escéptica: “Promesas similares se han hecho antes y el dinero nunca llegó”.

A pesar de eso, insiste en que los gobiernos, tanto el de Brasil como otros países industrializados, deben compensar económicamente a aquellos que están haciendo lo que muchos no quieren hacer: cuidar el bosque. “Estamos pagando un precio muy alto por preservar lo que el mundo necesita”, afirma.

Una defensa que cuesta vidas

Ser defensora de la tierra en Brasil es peligroso. Monteiro ha recibido amenazas de muerte, intentos de extorsión, y vive bajo constante vigilancia. Según la organización Global Witness, Brasil es uno de los países más peligrosos del mundo para los ambientalistas. En 2022, se registraron al menos 34 asesinatos de defensores de la tierra, muchos de ellos indígenas o campesinos.

La historia se repite en casi todos los rincones amazónicos: quienes defienden la tierra enfrentan criminalización, violencia y el abandono del Estado. Monteiro es consciente de ello, pero no se arrepiente. “Esto no es solo por nosotros, es por el planeta entero”, dice con firmeza.

Entre el abandono institucional y el apoyo filantrópico

Una de las salvaciones para muchos quilombos ha sido el apoyo de organizaciones como la Fundación Ford o la Climate and Land Use Alliance (CLUA). Gracias a este respaldo, algunas comunidades pudieron obtener instalaciones básicas. Pero esto no debería depender solo de donaciones externas, argumentan los líderes locales.

“Necesitamos garantías estructurales del gobierno brasileño”, afirma Monteiro. En su visión, el país debe asumir que estos guardianes del bosque no son obstáculos, sino aliados vitales para su política ambiental y climática.

Interconectar luchas: quilombos, clima y justicia racial

Lo que ocurre en los bosques de Pará no es una historia aislada ni meramente ambiental. Tiene implicaciones sociales, económicas y raciales profundas. La falta de títulos de propiedad es también una extensión más del racismo estructural brasileño que continúa afectando a sus poblaciones afrodescendientes más de un siglo después de la abolición de la esclavitud.

Este conflicto entre comunidades tradicionales y la modernidad extractivista es una metáfora potente de las contradicciones del siglo XXI. ¿Será posible combinar desarrollo con justicia? ¿Podrán los países industrializados compensar su deuda climática reconociendo a los protectores reales del planeta?

Lo cierto es que, sin quilombolas y sin selvas, perdemos todos. Por eso su lucha no debería quedar silenciada en conferencias internacionales o escondida en los márgenes de mapas burocráticos. Debería estar en el centro de cualquier estrategia seria contra la crisis climática.