Tensiones en Washington: la Guardia Nacional, Trump y el poder local en jaque

Una ciudad custodiada: la Guardia Nacional en D.C.

En agosto de 2025, el entonces presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia por criminalidad en Washington, D.C. Apenas un mes después, más de 2,300 efectivos de la Guardia Nacional provenientes de ocho estados patrullaban las calles de la capital estadounidense, acompañados por cientos de agentes federales. Según la administración, el objetivo era reforzar el control del crimen y proteger los activos federales.

La ciudad se transformó en un escenario militarizado, con helicópteros sobrevolando las zonas céntricas y soldados posicionados en edificios gubernamentales y puntos estratégicos. Para muchos, esta iniciativa fue una respuesta necesaria a la creciente violencia; para otros, un acto de autoritarismo que socava la democracia.

El fallo judicial: límites al poder presidencial

En una decisión histórica, la jueza federal Jia Cobb emitió un fallo que ordena el fin del despliegue militar en Washington, D.C., al considerar que Trump violó la autoridad del gobierno local y actuó unilateralmente sin el consentimiento de la alcaldesa. Cobb determinó que, si bien el presidente tiene autoridad para proteger propiedades federales, no puede usar la Guardia Nacional como fuerza policial federal sin autorización local.

El fallo fue celebrado por el procurador general del distrito, Brian Schwalb, quien había presentado la demanda contra el gobierno federal. “Normalizar el uso de tropas militares en la aplicación de la ley interna es un precedente peligroso”, declaró Schwalb, quien pidió la retirada inmediata de las tropas.

¿Qué dice la Constitución?

El artículo I de la Constitución de los Estados Unidos concede al Congreso el poder de llamar a la milicia (hoy equivalente a la Guardia Nacional) para ejecutar las leyes de la Unión, suprimir insurrecciones y repeler invasiones. Sin embargo, D.C. ocupa una posición única: no es un estado, y su Guardia Nacional está bajo control federal. Esto ha sido utilizado por diversas administraciones para justificar el despliegue sin consulta local.

Sin embargo, expertos constitucionales afirman que existen matices. “El uso de fuerzas militares con fines policiales en una ciudad sin previa coordinación con las autoridades locales representa una zona gris jurídica”, declaró Steve Vladeck, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Texas. Él y otros especialistas señalan que la medida podría vulnerar el principio de separación de poderes y autonomía local.

Precedentes peligrosos en otras ciudades

Esta no es la primera vez que Trump enfrenta críticas por utilizar recursos militares para intervenir en asuntos civiles. En 2020, durante el estallido de protestas tras el asesinato de George Floyd, envió fuerzas federales a Portland y Chicago sin aprobación local, lo que generó intensas confrontaciones y múltiples demandas judiciales.

En el caso de D.C., la militarización incluyó la deputación de soldados como 'marshal' federales, lo que aumentó la tensión entre residentes y fuerzas de seguridad. Documentos judiciales indican que la presencia militar desvió recursos de la policía local y erosionó la confianza de la población en las instituciones.

La respuesta de la Casa Blanca

La administración Trump defendió con firmeza sus acciones. Abigail Jackson, vocera del mandatario, declaró: “El presidente actúa dentro de los márgenes legales al movilizar la Guardia Nacional para proteger los activos federales y auxiliar en tareas concretas de seguridad”. En su visión, la demanda de Schwalb representa “una maniobra política para obstruir los logros del gobierno en seguridad pública”.

Sin embargo, más allá del debate legal, el despliegue generó preocupación entre expertos en derechos humanos. El Observatorio de Libertades Civiles de EE. UU. emitió un comunicado advirtiendo sobre el uso creciente de “tácticas de ocupación” por parte del Ejecutivo.

¿Hacia dónde va la democracia estadounidense?

El fallo de la jueza Cobb podría marcar un antes y un después en la forma en que se concibe la relación entre el ejecutivo federal y las jurisdicciones locales. En su decisión, otorgó un plazo de 21 días para que la Casa Blanca apelara antes de ejecutar el retiro de tropas, lo que deja aún una ventana de incertidumbre legal y política.

El Departamento de Justicia argumenta que el Congreso le concedió al presidente el control sobre la Guardia Nacional de Washington, y que revertir esta práctica “carece de justificación lógica”. No obstante, los abogados de Schwalb insisten en que permitir este precedente debilitaría los fundamentos democráticos del país. “Nuestra democracia constitucional jamás será la misma si esta ocupación persiste”, escribieron en los alegatos.

¿Un modelo a exportar?

Analistas comparan lo sucedido con modelos utilizados en regímenes autoritarios. “La militarización de la seguridad interna es típica de gobiernos que intentan disolver el poder civil y centralizar el control en el Ejecutivo”, explica Anne Applebaum, historiadora y experta en autocracias modernas.

Por ello, la preocupación ya no se limita a D.C., sino al conjunto del país. Si el presidente puede disponer de tropas a voluntad en cualquier ciudad con el argumento de garantizar el orden público, ¿cuáles son los límites?

La política como campo de batalla

Este caso no puede entenderse aislado de la creciente polarización política en Estados Unidos. Las decisiones judiciales, las movilizaciones ciudadanas y la retórica política se encuentran cada vez más envueltas en un juego de disputa por el poder y por la reinterpretación de la ley. El uso de instituciones como el Departamento de Justicia o la Guardia Nacional no es ya simplemente operativo, sino profundamente simbólico.

En paralelo, hay otras investigaciones judiciales en curso que involucran a funcionarios de la administración Trump, como la indagación por fraude hipotecario contra figuras como el senador Adam Schiff y la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, lo que genera sospechas de que estas investigaciones también podrían estar motivadas políticamente.

La resistencia legal en D.C. puede inspirar a otras ciudades que buscan proteger su autonomía frente a la centralización del poder federal. Pero mientras no haya una pronunciación definitiva de la Corte Suprema, el conflicto continuará siendo un frente abierto en la batalla por el futuro de la democracia estadounidense.