El imperio de los asilos: negligencia, millones y un dueño intocable en California

Una y otra vez, el nombre de Shlomo Rechnitz aparece detrás de algunos de los peores escándalos en hogares de ancianos de California. Caídas graves, muertes por COVID-19, agresiones sexuales, negligencia médica y una larga lista de deficiencias regulatorias se repiten en instalaciones donde él tiene participación. A pesar de todo, sigue operando decenas de centros para adultos mayores en el estado.

Un patrón de abusos y negligencia

En febrero de 2024, un jurado del condado de Los Ángeles otorgó 2.34 millones de dólares a Betsy Jentz, una residente de 84 años que sufrió múltiples caídas y lesiones graves en un hogar bajo la propiedad de Rechnitz. Solo seis meses después, en el condado de Alameda, otro jurado concedió 7.6 millones de dólares a la familia de James Doherty, un hombre de 71 años que murió luego de que el personal no lo transportara a siete sesiones de quimioterapia. Estas son solo dos entre decenas de demandas contra centros asociados a Rechnitz.

Jentz había corrido 27 maratones antes de sus lesiones. Luego de su estadía en el asilo, sufrió múltiples caídas, fracturas, desnutrición y úlceras por presión. Su sobrino nieto, Derek Skylar Aud, incluso alegó que Rechnitz intentó intimidarlo —y sobornarlo con entradas VIP para ver a los Lakers— la noche antes de testificar. Aunque el juez no permitió incluir esa llamada como evidencia, el testimonio de Aud quedó registrado en documentos judiciales.

Números que hablan

Un análisis de CalMatters reveló que los 78 hogares de ancianos en los que Shlomo o su esposa Tamar son propietarios presentan peores resultados que el promedio estatal en varios indicadores clave:

• Citas por incidentes reportados: 12.4 en los últimos tres años, el doble del promedio estatal de 6.1.
• Multas federales: Dos tercios de sus instalaciones recibieron al menos una, comparado con la mitad del resto del estado.
• Monto promedio de las multas: $47,897 frente a $29,573 en otros hogares.
• Calificación federal de calidad: Casi el 58% de sus centros tienen una calificación de 1 o 2 estrellas (de 5), frente al 37% estatal.

Estos datos han alarmado a defensores como Wendy York, abogada especializada en casos de abuso en hogares de ancianos, quien sostiene: “Ver a estas personas mayores sufrir los mismos tipos de lesiones una y otra vez se siente como el Día de la Marmota.” York lleva el caso por las muertes por COVID-19 de 24 pacientes en el Windsor Redding Care Center.

Un sistema que no responde

Lo más preocupante no son solo las condiciones en estos establecimientos, sino el fallo sistémico en la supervisión estatal. A pesar de estos antecedentes, el Departamento de Salud Pública de California ha permitido a Rechnitz seguir operando sus instalaciones, incluso cuando sus solicitudes de licencia estaban “pendientes” o habían sido denegadas oficialmente.

En 2014, la entonces fiscal general Kamala Harris intentó bloquear su compra de 18 hogares de Country Villa, describiéndolo como “un violador serial de las normas dentro de la industria del cuidado especializado”. Aun así, la adquisición procedió.

De forma preocupante, en 2023 —justo antes de que entrara en vigor una nueva ley pensada para prevenir la operación sin licencia— el departamento otorgó licencias a varias instalaciones propiedad de Rechnitz, incluyendo algunas involucradas en demandas recientes.

Millonario, pero sin consecuencias

En un juicio en agosto de 2023, Rechnitz reveló que él y su esposa tenían un patrimonio neto de 786 millones de dólares. También admitió haber vendido una mansión en Los Ángeles por 23 millones y poseer un jet privado.

“En algunas de estas cadenas, el dinero destinado al cuidado de los pacientes está fluyendo hacia los niveles superiores de propiedad”, dijo Tony Chicotel, abogado de California Advocates for Nursing Home Reform.

Corey Egel, portavoz de la Asociación de Centros de Salud de California, señaló que la industria necesita una supervisión más clara y expedita. Sin embargo, el vínculo de altos funcionarios con la industria plantea dudas. Por ejemplo, Cassie Dunham, la principal responsable de política del Departamento de Salud hasta 2023, hoy encabeza el grupo de cabildeo de los hogares de ancianos.

Demandas por todo el estado

Los casos contra las instalaciones de Rechnitz son múltiples y desgarradores:

• El caso de Alando Williams, un paciente con demencia presuntamente sedado en exceso hasta su muerte.
• La tragedia de Cheryl Doe, quien fue violada dos veces en una de las instalaciones.
• La muerte por deshidratación de Barbara Pendley, de 78 años, en un centro de Fresno.

En todos estos casos, Rechnitz y sus empresas han negado las acusaciones. Muchos de los juicios están pendientes para 2024.

¿Protegido por el sistema?

La falta de acción contundente por parte del Estado parece cimentar la percepción de que Rechnitz está blindado ante las consecuencias. Elizabeth Kim, abogada de Lanzone Morgan, lo resume claramente: “Es impactante que este hombre siga recibiendo licencias después de haber llevado muchas de sus instalaciones al colapso.”

Su cliente Aud concluyó en una declaración judicial: “Sigo sintiéndome incómodo por las amenazas. Vivo con el temor diario de que el señor Rechnitz cumpla lo que prometió”.

En una sociedad que se proclama preocupada por sus adultos mayores, y en un estado como California —el más rico de EE. UU.—, resulta inaudito que aún se permita operar a quienes representan un peligro comprobado para los más vulnerables.

¿Qué se necesita para actuar?

Rechnitz no podría mantener su red sin la ayuda de un sistema de licencias laxo, falta de voluntad política y conexiones en los lugares correctos. Aunque la evidencia se acumula, la inacción persiste. ¿Será necesario un escándalo mayor para que finalmente se exijan responsabilidades reales?

El caso Rechnitz no es una excepción; es el síntoma más extremo de una maquinaria de cuidados geriátricos en crisis profunda, donde los millones mandan y las vidas, al parecer, no.