Justicia en entredicho: ¿Vale menos la vida de una persona negra encarcelada o embarazada en EE.UU.?

Un patrón de violencia institucional: el caso Robert Brooks

En diciembre de 2023, la brutal golpiza contra Robert Brooks, un hombre negro de 43 años encarcelado en la prisión de Marcy, Nueva York, reabrió una herida profunda y constante en la justicia estadounidense: la violencia policial y penitenciaria con tintes raciales. Brooks, quien se encontraba esposado en el momento del ataque, fue inmisericordemente golpeado hasta morir por al menos cuatro agentes penitenciarios, todo ello registrado por cámaras corporales.

Los oficiales implicados, que inicialmente enfrentaban cargos por asesinato, terminaron con condenas reducidas por homicidio involuntario tras acuerdos con la fiscalía. Los dos principales culpables recibieron 22 años cada uno, mientras que otros dos obtuvieron penas significativamente menores: entre 2 y 9 años. Esto desató indignación entre los familiares, activistas y ciudadanos comunes que ven en estos fallos una señal clara de un sistema que no valora la vida de ciertos sectores de la población.

“No son animales”: el ruego de un hijo

En la audiencia, el hijo de la víctima expresó: “Ver el video de la muerte de mi padre fue como ver una película de horror. Ruego que este caso sirva de lección: no se puede tratar a los encarcelados como animales”. Sin embargo, ni él ni el hermano de Brooks pudieron leer sus declaraciones en voz alta debido a objeciones legales de los abogados defensores.

El fiscal especial, William Fitzpatrick, se ha convertido en una figura clave, al liderar múltiples procesos contra oficiales acusados de violencia carcelaria. Él también lleva el caso de la muerte de Messiah Nantwi en otra prisión del estado. Allí, además de un patrón alarmante de violencia, emergen obstáculos burocráticos que obstaculizan la búsqueda de justicia.

¿Rehabilitación o venganza?: Educación limitada en prisión

Mientras estas tragedias sacan a la luz la crueldad a la que son sometidos muchos reclusos, en Connecticut otro problema acapara la atención: la falta de acceso suficiente a programas de educación superior en prisión. Aunque más de 3,000 personas privadas de libertad son elegibles para educación universitaria, únicamente 320 estudiantes están actualmente matriculados. Las razones son múltiples: desde falta de espacio físico y tecnología, hasta la negativa o lentitud en autorizar material educativo por parte del Departamento de Correcciones.

La directora del programa de Yale, Zelda Roland, lo resume de manera contundente: “Tenemos espacio apenas para 12 o 15 estudiantes al año, mientras que recibimos solicitudes de cientos”. En una era donde la educación a distancia ha generado oportunidades impensadas, las cárceles de Estados Unidos siguen ancladas en un sistema de castigo más que de rehabilitación.

Pell Grants: ¿Una oportunidad desaprovechada?

La restauración del acceso a las Pell Grants —becas federales para presos elegibles— en 2023 fue celebrada como una victoria para la justicia social. Sin embargo, la incapacidad para implementarlas masivamente debido a falta de infraestructura, conectividad y personal impide que esta política tenga un impacto real.

El funcionario estatal Daniel Karpowitz lo sintetiza así: “El nivel de necesidad insatisfecha es asombroso. Estamos dejando millones de dólares sin usar por no tener aulas ni internet”. El informe de la Oficina de Políticas de Gestión alerta, además, que esta desconexión reduce notablemente las posibilidades de reingreso exitoso a la sociedad tras cumplir una condena.

Internet y tecnología: el nuevo muro

Uno de los grandes escollos es la falta de acceso a internet para los presos y sus profesores. “Para hacer un ensayo, mis estudiantes tienen que pasar por un proceso que les tomaría segundos en un campus universitario”, señala Roland. Tanto ella como Tess Wheelwright, de Wesleyan University, coinciden en que esta barrera no solo afecta la calidad de la enseñanza, sino que también perpetúa la brecha digital.

Los profesores no pueden proyectar videos ni buscar contenido en tiempo real. Todo debe estar aprobado previamente, y conceptos básicos como acceso a PowerPoint o Word son considerados lujos. Para cuando los presos salen, muchos llevan años sin haber interactuado con una computadora moderna, complicando aún más su reinserción.

Racismo en la justicia: el caso Ta’Kiya Young

Pero los sistemas de justicia no solo fallan dentro de las paredes de la prisión. En agosto de 2023, Ta’Kiya Young, una mujer negra de 21 años y embarazada de siete meses, fue asesinada por la policía en Ohio. Sospechosa de un hurto menor en un supermercado, fue baleada en su auto. A pesar de la indignación generada, el oficial implicado Connor Grubb fue absuelto este año.

El sistema judicial, nuevamente, mostró lenidad hacia un policía blanco tras la muerte de una mujer negra embarazada. La familia aún busca justicia mediante demandas civiles, pero el precedente es desolador.

“Los hijos de Ta’Kiya merecen crecer en un mundo en el que las mujeres negras embarazadas no son asesinadas por la policía por una acusación de hurto”, afirmaron los abogados de la familia. La tragedia marca otro capítulo en una larga lista de muertes impunes protagonizadas por fuerzas del orden.

Educación vs. encarcelamiento: una inversión que salva vidas

Estudios del RAND Corporation han demostrado que los presos que completan programas educativos tienen un 43% menos de probabilidades de reincidir. Además, cada dólar invertido en educación carcelaria ahorra al estado cuatro dólares en costos de reincidencia.

Aun así, programas como el de Yale o Wesleyan operan con fondos marginales. El Estado asume una mínima parte del financiamiento, y gran parte de los materiales y catalizadores de éxito se obtienen mediante donaciones privadas. El camino hacia una política penitenciaria verdaderamente rehabilitadora sigue truncado.

¿Qué dicen los programas exitosos?

En palabras de Teresa Foley, coordinadora en CT State Colleges & Universities, “los estudiantes en prisión demuestran un nivel de compromiso con el aprendizaje superior al promedio”. Esto lo ven también los profesores, quienes destacan que en cada clase se generan debates más intensos y preguntas más profundas que incluso en aulas regulares. Sin embargo, este entusiasmo se ve congelado cada vez que hay un traslado migratorio de presos, un lockdown o falta de equipamiento básico.

¿Cómo avanzar?: Una llamada colectiva al cambio

Frente a este panorama, se requiere una intervención estatal decidida, no solo para ampliar el acceso a la educación sino para reformar un sistema que normaliza la violencia, la segregación racial y la falta de responsabilidad institucional.

Entre las medidas urgentes están:

• Establecer infraestructura tecnológica en todas las cárceles.
• Garantizar que los traslados entre prisiones no suspendan la participación en programas educativos.
• Incrementar los recursos humanos y académicos destinados a estas iniciativas.
• Aplicar sanciones severas a policías y funcionarios penitenciarios implicados en muertes y violencia.
• Establecer protocolos que eviten el uso excesivo de la fuerza en detenciones, particularmente en casos de mujeres embarazadas o personas vulnerables.

Costará tiempo, voluntad política y presión ciudadana, pero como expresó Karpowitz en una reciente reunión: “Este no es solo un problema carcelario; es un problema social, educativo e intergeneracional. Y estamos perdiendo el barco”.

Mientras la historia de Robert Brooks se cierra con condenas menores y la de Ta’Kiya Young con una absolución, miles de voces tras rejas piden algo más básico: dignidad y oportunidad.