Una nueva era de seguridad legislativa: ¿protección o retroceso democrático en Michigan?

Un amanecer inquietante para la legisladora Angela Rigas

El pasado mes de octubre, la representante estatal Angela Rigas despertó con los cánticos de manifestantes frente a su casa en el oeste de Michigan. El motivo: exigirle que retire el patrocinio de un proyecto de ley que criminaliza ofrecer refugio a inmigrantes indocumentados. Rigas, una republicana de Caledonia, expresó su temor: “Mis hijos estaban aterrados y me suplicaron quedarme dentro”.

Si bien el acto fue protegido por la Primera Enmienda, el episodio marcó un punto de inflexión. Hoy, la legisladora es una defensora clave de una nueva ley que amplía los poderes de seguridad del cuerpo legislativo de Michigan. El debate que ha emergido se centra en una pregunta crucial: ¿Estamos construyendo un muro protector o una muralla opaca entre ciudadanos y quienes deben representarlos?

¿Qué establece la nueva legislación?

La gobernadora demócrata Gretchen Whitmer firmó esta semana una ley que fortalece a los ujieres de armas (sergeants-at-arms) del Congreso estatal, dándoles jurisdicción para investigar amenazas fuera del Capitolio y brindar seguridad a los legisladores bajo orden de los líderes de cada cámara. Este cambio fue parte de un acuerdo presupuestario que incluyó $6 millones adicionales para este cuerpo de seguridad legislativa.

“El propósito es proteger a los funcionarios electos, y para hacerlo, debemos ampliar las competencias de los ujieres”, dijo Matt Hall, presidente de la Cámara, en una conferencia de prensa.

Amenazas políticas en aumento: una tendencia alarmante

Esta nueva legislación surge en un contexto de crecimiento alarmante en amenazas a políticos estatales. Según una encuesta nacional del Brennan Center for Justice realizada en otoño de 2023:

• El 43% de los legisladores estatales dijeron haber recibido amenazas personales.
• El 38% afirmó que las amenazas han aumentado desde que asumieron el cargo.
• Y otro 38% dijo que las amenazas se habían mantenido constantes.

En Michigan, incidentes recientes refuerzan esta preocupación. En septiembre, dos representantes demócratas informaron haber recibido amenazas de muerte por publicaciones falsas en redes sociales tras el asesinato del activista Charlie Kirk.

Una solución rápida y polémica

La rapidez con la que se tramitó la nueva ley generó inquietud. El proyecto fue aprobado sin audiencias en comités, en menos de dos meses, y pasó al escritorio de Whitmer sin demasiado debate público. En la Cámara fue aprobado por unanimidad, pero en el Senado la votación fue más dividida: 20 votos a favor y 16 en contra.

“Nunca escuché una justificación convincente para votar esta ley”, dijo el senador demócrata Jeff Irwin. “He recibido múltiples amenazas a lo largo de los años. Entiendo lo aterrador que puede ser, pero no creo que esta sea la reacción correcta.”

Irwin criticó especialmente el hecho de que se otorgue poderes policiales ampliados a líderes legislativos que, en el futuro, podrían no actuar de forma ética. “Podrían usarse para reprimir la disidencia política”, advirtió.

¿Seguridad o privilegio? El segundo paquete legislativo

Además de la nueva ley de seguridad, otro conjunto de proyectos legales avanza para eliminar información personal de funcionarios electos de los registros públicos. Esta legislación permitiría que legisladores, jueces estatales y federales, miembros del Congreso y ex gobernadores, soliciten la eliminación de:

• Sus domicilios y lugares de trabajo
• Números de teléfono
• Matrículas de vehículos
• Información financiera

Esta medida ha generado preocupación en grupos defensores de la transparencia. De aprobarse, se limitaría el acceso a registros claves de interés periodístico y ciudadano, ya que las agencias gubernamentales también estarían exentas de revelar esa información por la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act).

La representante Sarah Lightner, copromotora del proyecto, dijo que “es para proteger a nuestras familias. No se trata de ocultarse, sino de evitar que nuestro hogar se convierta en blanco fácil.”

Un desequilibrio legal

Mientras que estos funcionarios tendrían protecciones de por vida, el ciudadano promedio en Michigan no recibe un resguardo similar. Aunque existe un “programa de confidencialidad de direcciones” para sobrevivientes de violencia doméstica, no hay requisitos formales de confidencialidad post-mandato para el resto de la población.

Además, existe un dilema legal. La Propuesta 2, aprobada por los votantes en 2022, exige que los funcionarios electos divulguen propiedades y activos financieros en reportes públicos. El nuevo proyecto interferiría potencialmente con estas exigencias, lo que ha generado propuestas para redactar una legislación “anexa” que flexibilice esos criterios.

Privacidad vs Fiscalización: el debate inevitable

Medios y periodistas han utilizado históricamente la dirección de residencia para verificar si un legislador reside realmente en el distrito que representa, como lo exige la ley. En múltiples ocasiones se ha descubierto que funcionarios alquilan temporalmente casas sin intención real de vivir allí.

Para Angela Rigas, sin embargo, la protección es una respuesta justa ante el acoso que ha vivido. “Nunca me niego a reunirme con un ciudadano, pero que lleguen a mi puerta y peguen carteles en mi ventana es inaceptable”, dijo.

Por otro lado, hay quienes piden una reacción más estructural. “Podemos gastar millones en seguridad o invertirlos en tratar las causas del odio y la radicalización política”, enfatizó Irwin, sugiriendo priorizar la educación cívica y prevención de violencia política.

¿Un modelo replicable en otros estados?

Mientras Michigan avanza en este camino, otros estados observan atentamente. A pesar del debate, la tendencia hacia la militarización de la política local ante amenazas crecientes podría replicarse en contextos similares, tanto en estados con mayoría republicana como demócrata.

La nación se encuentra en una encrucijada donde la seguridad personal de los funcionarios se ve enfrentada a los valores de transparencia y acceso público. Como dijo recientemente un académico de la Universidad de Princeton especializado en violencia política: “La democracia no solo implica proteger a quienes nos gobiernan, sino asegurar que nosotros, como ciudadanos, podamos seguir vigilando cómo lo hacen.”