Entre la persecución política y la erosión del DACA: la sombra de Trump sobre la justicia estadounidense

El revés judicial a la política de persecución contra enemigos políticos

En una jugada considerada por muchos como un intento evidente de instrumentalizar el Departamento de Justicia (DOJ), la administración Trump recibió recientemente un duro golpe: la jueza federal Cameron McGowan Currie desestimó los cargos penales en contra del exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, dos acérrimos críticos del expresidente.

Ambos enfrentaban acusaciones impulsadas por la fiscal interina Lindsey Halligan, cuya designación fue declarada ilegal en el fallo judicial. Halligan, sin experiencia como fiscal federal y con vínculos cercanos a Trump, asumió el cargo después de que otro fiscal interino ya hubiera cumplido el plazo máximo de 120 días permitido sin confirmación del Senado. De este modo, su nombramiento rompía el marco legal de designaciones temporales en el DOJ.

El fallo de Currie: una defensa del Estado de derecho

La jueza Currie, designada por el expresidente Bill Clinton y procedente de Carolina del Sur, no sólo invalidó las acusaciones por razones procesales, sino que además cuestionó duramente la legalidad del proceso, sentando un precedente importante para futuros abusos de poder administrativo. La magistrada incluso citó un memorándum legal de 1986 redactado por el actual juez de la Corte Suprema Samuel Alito, quien presagiaba que el DOJ no podía realizar designaciones interinas múltiples sin aprobación judicial.

Este precedente podría resonar en la Corte Suprema si el caso es llevado allí por el Departamento de Justicia, como ya han expresado sus intenciones. La jueza indicó que el fallo podría invalidar incluso cualquier intento posterior del DOJ por reindicar a los acusados, dado que el tiempo límite para presentar cargos —el estatuto de limitaciones— ha expirado en el caso de Comey.

DACA bajo ataque: el caso Vijandre y la criminalización del disenso

Mientras se libraba esta batalla judicial, otro frente se abría contra los llamados Soñadores, jóvenes protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Uno de los casos más polémicos fue el de Yaakub Vijandre, detenido en octubre por agentes federales fuertemente armados frente a su casa en Texas debido a publicaciones en redes sociales. El gobierno alegó que sus mensajes glorificaban el terrorismo, sin proveer pruebas concretas.

Vijandre, nacido en Filipinas y protegido por DACA desde años atrás, se encuentra detenido en Georgia mientras el gobierno busca revocar su estatus legal y deportarlo, pese a que ha vivido en Estados Unidos desde los 14 años y nunca ha visitado su país de origen desde entonces.

Persecución con fines políticos o defensa de la seguridad nacional

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, defendió la detención afirmando que DACA no confiere inmunidad y que puede ser revocado por razones de seguridad nacional. Sin embargo, sus críticos argumentan que el caso ejemplifica un patrón de hostigamiento con motivaciones políticas y raciales.

Según el colectivo Home is Here, más de 20 beneficiarios de DACA han sido detenidos desde 2017 bajo circunstancias cuestionables, muchas veces sin previo aviso de retiro de su estatus ni posibilidad de defenderse legalmente. La mayoría de estos jóvenes no tenían antecedentes criminales o enfrentaban cargos menores.

¿Qué está pasando con DACA?

DACA fue introducido en 2012 durante la presidencia de Obama con el objetivo de proteger a quienes llegaron de niños a Estados Unidos de la deportación. Sin embargo, ha sido blanco constante de ataques bajo las administraciones republicanas.

Desde 2020, varias medidas han debilitado progresivamente su alcance:

• La Corte Suprema bloqueó el intento inicial de Trump de eliminar DACA, pero no cerró la puerta a futuros retos legales.
• En 2023, el Quinto Circuito de Apelaciones prohibió a los beneficiarios de DACA en Texas obtener permisos de trabajo.
• Diecinueve estados liderados por republicanos han impugnado el derecho de los soñadores a obtener seguros de salud mediante Obamacare.
• Se han restringido licencias profesionales y matrículas universitarias con subsidio estatal.

"Esta administración no está eliminando DACA directamente, pero está desmantelándolo pieza por pieza", denunció Juliana Macedo do Nascimento, portavoz de United We Dream.

El uso de la tecnología para aumentar la vigilancia del inmigrante

Otro cambio alarmante ha sido la incorporación sistemática del rastreo de redes sociales al proceso de evaluación migratoria. Incluso actividades de activismo político, como manifestaciones en favor de Palestina, han llevado a detenciones o negaciones de visados, lo cual plantea una amenaza al derecho constitucional de libre expresión.

Este enfoque inquietante resuena con lo que ha ocurrido en el caso de Comey: ambos procesos reflejan intentos del aparato judicial y de seguridad nacional por suplantar procesos legales imparciales con vendettas políticas.

¿La ley o el poder?

El patrón es revelador. Letitia James fue acusada de fraude bancario mientras mantenía investigaciones abiertas contra Trump por sus maniobras fiscales en Nueva York. Comey, por su parte, había testificado sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y la presunta obstrucción de justicia por parte del entonces presidente.

Ambos fueron señalados luego de que Trump presionara por abrir cargos que fueran “ejemplarizantes”. Como destaca el abogado de Comey, la imputación se presentó apenas días antes de que caducara la posibilidad legal de hacerlo, en un movimiento desesperado de una fiscal interina ilegalmente nombrada.

Un sistema de justicia en tensión

Estos casos no son incidentes aislados. Como explicó el abogado de Vijandre, Chris Godshall-Bennett: “la línea ha quedado clara: entre ciudadanos y no ciudadanos, y el objetivo parece ser eliminar a tantos no ciudadanos como sea posible”.

La incapacidad de muchos de estos detenidos para recibir un debido proceso, enfrentarse oportunamente a acusaciones o incluso saber por qué se les ha detenido, plantea serias dudas sobre la independencia y equidad del sistema de justicia estadounidense.

¿Y ahora qué?

Tanto en el caso de Comey y James como en el de los beneficiarios de DACA como Vijandre, la historia no ha terminado. El Departamento de Justicia busca apelar el fallo de Currie, y en el caso de DACA, la lucha legal continúa en múltiples tribunales estatales y federales.

Detrás está la pregunta más inquietante: ¿hasta qué punto los aparatos legales y migratorios de Estados Unidos seguirán siendo usados como herramientas de venganza política o de exclusión étnica?

El futuro del estado de derecho y del sueño americano está en juego.