Sudán, Myanmar y la indiferencia global: crímenes, guerras y decisiones políticas cuestionadas
Desde las atrocidades del RSF en Darfur hasta decisiones migratorias polémicas en EE.UU. sobre Myanmar, el mundo parece mirar hacia otro lado ante las graves crisis humanitarias
El-Fasher: un epicentro de horrores silenciados
Desde abril de 2023, Sudán ha sido el escenario de una guerra interna devastadora entre el ejército nacional y un grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés). Esta organización, anteriormente vinculada al gobierno sudanés durante los levantamientos de Darfur en los años 2000, ha sido acusada nuevamente de crímenes de guerra, esta vez en la ciudad de el-Fasher.
Según un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional, la RSF habría cometido múltiples atrocidades al tomar el control de esta ciudad clave ubicada en la provincia de Darfur del Norte: desde ejecuciones masivas de civiles desarmados hasta violaciones sistemáticas de mujeres y niñas. En palabras de Agnès Callamard, secretaria general de la organización:
“Esta violencia persistente y generalizada contra civiles constituye crímenes de guerra y puede constituir otros crímenes conforme al derecho internacional.”
Los testimonios recopilados de 28 sobrevivientes relatan escenas de horror: cadáveres amontonados en las calles, secuestros de civiles para pedir rescates, y múltiples agresiones sexuales. En un ejemplo desgarrador, una mujer reportó cómo, durante su huida de el-Fasher, fue violada junto a su hija de 14 años. Trágicamente, la niña murió poco después debido a complicaciones médicas en una clínica de la ciudad de Tawila.
RSF: de milicia Janjaweed a fuerza paramilitar
La RSF no surgió de la nada. Muchos de sus combatientes provienen de la tristemente célebre milicia Janjaweed, que desempeñó un papel crucial en lo que fue calificado como genocidio durante la crisis de Darfur en los 2000: aproximadamente 300,000 personas asesinadas y millones desplazadas. Ahora, bajo una nueva bandera, pero con la misma brutalidad, el grupo está acusado de replicar esos crímenes con renovada impunidad.
Mientras el mundo calla, Estados Unidos ha declarado que la RSF ha cometido nuevamente genocidio en Darfur. Incluso la Organización Mundial de la Salud informó de al menos 460 asesinatos en un hospital tras la ofensiva de este grupo en el-Fasher. ¿Dónde están las reacciones internacionales más contundentes? ¿Dónde están las sanciones ejemplares?
La complicidad internacional: el caso de los Emiratos Árabes Unidos
En una acusación directa, Amnistía Internacional señaló el apoyo de Emiratos Árabes Unidos (EAU) al RSF, facilitando, en sus palabras, un “ciclo incesante de violencia contra los civiles”. Aunque EAU ha negado reiteradamente estas afirmaciones, el señalamiento pone el foco sobre los intereses geopolíticos que permiten o agravan los conflictos locales.
Una pregunta clave surge aquí: ¿por qué ciertos actores internacionales permiten, o incluso impulsan, la perduración de fuerzas represivas si hay beneficios estratégicos o económicos de por medio? La respuesta es tan complicada como perturbadora.
Myanmar: elecciones ficticias y represión persistente
A miles de kilómetros de Sudán, en Myanmar, se libra otra batalla silenciosa. En 2021, el general Min Aung Hlaing derrocó al gobierno democráticamente electo de Aung San Suu Kyi. Desde entonces, el país ha estado sumido en una cruenta guerra civil que ha dejado más de 30,000 detenidos por motivos políticos y más de 7,400 muertos, según cifras de la Assistance Association for Political Prisoners.
A pesar de estos datos alarmantes, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. tomó la decisión, en una medida ampliamente criticada, de cancelar el estatus de protección temporal (TPS) para ciudadanos birmanos residiendo en su territorio. Justificaron la medida afirmando que “las condiciones han mejorado notablemente” en Myanmar, citando entre otros puntos unas supuestas “elecciones libres y justas” programadas para diciembre.
“Kristi Noem está tratando a estas personas como trató al perro de su familia: disparándole en sangre fría. Si se implementa esta orden, literalmente estará enviándolos de vuelta a prisiones, tortura y muerte en Myanmar.” — Phil Robertson, Human Rights and Labor Advocates
Noem, actual secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, ha sido duramente criticada por ignorar la realidad que presentan tanto los informes del Departamento de Estado como múltiples organizaciones de derechos humanos. La situación humanitaria, lejos de mejorar, ha empeorado con la utilización de minas terrestres, ataques a hospitales, escuelas y el uso de civiles como escudos humanos.
La paradoja diplomática de EE.UU.
Irónicamente, mientras EE.UU. denuncia crímenes de guerra en Sudán y promueve sanciones contra el RSF, toma decisiones que parecen ignorar realidades igual de trágicas en Myanmar. Según John Sifton, director de Human Rights Watch para Asia:
“Los informes sobre Myanmar contradicen cada una de las afirmaciones hechas por el Departamento de Seguridad Nacional. Es difícil imaginar quién podría creer estas excusas.”
Esta desconexión entre política exterior y decisiones migratorias alimenta el cuestionamiento global sobre quién decide qué vidas son dignas de protección internacional.
Credibilidad quebrantada frente a crisis humanitarias
La credibilidad de las grandes potencias en temas de derechos humanos se ve gravemente comprometida cuando las acciones contradicen los discursos. Mientras se promueven sanciones y condenas en foros internacionales, decisiones como la de revocar el TPS para víctimas del régimen militar en Myanmar muestran una falta de coherencia alarmante.
De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU., aún existen reportes creíbles de asesinatos arbitrarios, torturas, desapariciones forzadas y detenciones masivas en Myanmar. Y sin embargo, en palabras de Seguridad Nacional, “los ciudadanos birmanos pueden volver a su país con seguridad”.
¿Qué futuro para las víctimas?
Las posibles víctimas del TPS que retornarán a Myanmar —hasta 4,000 personas— quedan expuestas a un régimen que podría encarcelarlas, usarlas en reclutamientos forzados o incluso asesinarlas si son vistas como simpatizantes de la oposición o de movimientos democráticos.
En el continente africano, los civiles de Darfur tampoco tienen refugio: muchos han huido a pueblos cercanos buscando protección que no siempre llega. La Organización de las Naciones Unidas estima que más de 14 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto sudanés, mientras que las cifras de muertos podrían superar fácilmente los 50,000, aunque los números oficiales hablan de 40,000.
La inacción, la complicidad y las decisiones equivocadas tienen rostro, nombre y consecuencias reales. El mundo —y particularmente los países con mayor poder político y económico— debe escoger entre ser cómplice silencioso de la barbarie o constructor activo de justicia y protección humanitaria.
La indiferencia ya no es una opción; es una elección.
