Corrupción en la cima: Vizcarra y la sombra interminable sobre los expresidentes del Perú

Una sentencia que sacude la política peruana

El 26 de noviembre de 2025, en una jornada que pasará a la historia reciente del Perú, un tribunal penal de Lima condenó al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión efectiva por delitos de corrupción cometidos durante su tiempo como gobernador de Moquegua (2011-2014). Según la sentencia, Vizcarra recibió sobornos por un valor aproximado de $611,000 dólares de empresas constructoras, a cambio de otorgarles contratos de gran escala de obras públicas como un sistema de irrigación y un hospital regional.

Además de la pena de cárcel, se le impuso una inhabilitación de 9 años para ejercer cargos públicos. Vizcarra respondió a través de sus redes sociales calificando la sentencia como "una venganza" orquestada por sectores políticos conservadores que dominaron el Congreso durante su mandato presidencial (2018-2020).

Del poder al banquillo: un guion repetido

Vizcarra no es un caso aislado. El listado de expresidentes peruanos que han terminado procesados o encarcelados parece un hall of shame político:

• Alberto Fujimori (1990-2000): condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Fue liberado en 2023 por razones de salud y falleció en 2024.
• Alejandro Toledo (2001–2006): actualmente en prisión preventiva por presuntos sobornos de la empresa Odebrecht.
• Ollanta Humala (2011–2016): procesado por lavado de activos y financiación ilícita de campañas.
• Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018): renunció por escándalos de corrupción y cumple arresto domiciliario.
• Pedro Castillo (2021–2022): está en prisión provisional por intento de golpe de Estado.

Así, el caso Vizcarra se convierte en otra página más —trágica y predecible— del libro de la política peruana, marcado por una desconfianza profunda hacia sus élites políticas. ¿Cómo llegó Perú a este punto? ¿Qué fallas estructurales permiten que la corrupción sea una constante?

Vizcarra: el presidente accidental

Martín Vizcarra ascendió al poder en marzo de 2018 luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, debido al caso Odebrecht. Vizcarra, hasta entonces vicepresidente, asumió el cargo con un discurso anticorrupción que lo catapultó como figura popular. Fue polémico desde el principio; sus choques con el Congreso, mayoritariamente dominado por el fujimorismo, culminaron en su disolución en septiembre de 2019. Esa jugada le permitió ganar respaldo popular, pero lo aisló del poder legislativo.

En 2020, en medio de una pandemia y con una economía golpeada, el Congreso lo vacó bajo la causal de "incapacidad moral", un tecnicismo interpretado a conveniencia. Su caída marcó una fractura aún más profunda en la democracia peruana.

Moquegua y el origen del escándalo

El caso por el cual ha sido condenado Vizcarra tiene sus raíces en su gestión regional en Moquegua. Las investigaciones indican que recibió pagos ilícitos por parte de empresas que obtuvieron la concesión del Hospital de Moquegua, así como del Proyecto Lomas de Ilo, clave en el desarrollo de la zona sur del país. Se trató de montos triangulados, según la fiscalía, mediante intermediarios y "coordinadores" encargados de asegurar que las licitaciones aprobaran sin obstáculos.

Entre las pruebas presentadas figuran grabaciones, testimonios de empresarios arrepentidos y registros contables. Aunque Vizcarra asegura su inocencia y afirma que apelará la decisión, las pruebas fueron consideradas contundentes por los jueces.

¿Justicia o vendetta política?

Vizcarra reaccionó con dureza a la sentencia: "Esto no es justicia, es venganza", escribió en su cuenta de X (antes Twitter). Según él, su inhabilitación y condena son un obstáculo colocado por la derecha política para impedirle postularse nuevamente. Su hermano, Mario Vizcarra, ha anunciado recientemente su interés en postularse a la presidencia, lo que indica que la familia continúa buscando un papel de liderazgo en el país.

Desde su celda, Vizcarra podría intentar mantener viva su voz política, algo que ha hecho anteriormente desde la arena mediática. No sería extraño que busque conducir una narrativa de “persecución política”, muy común entre líderes latinoamericanos caídos en desgracia.

La corrupción como enfermedad estructural

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, Perú obtuvo un puntaje de 36 sobre 100, ubicándose en el puesto 101 de 180 países. Esta puntuación evidencia una clara percepción de corrupción endémica en las instituciones estatales del país andino.

La debilidad estructural de la justicia peruana hace muy difícil castigar la corrupción de manera eficaz y oportuna. A menudo, los procesos se dilatan por años o terminan en absoluciones tras cambios de jueces o fiscales. En este contexto, la condena contra Vizcarra puede representar un punto de inflexión, si se transforma en jurisprudencia contundente que incentive futuras investigaciones.

Impacto en la confianza democrática

Según la Encuesta Nacional Urbana Rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicada en octubre de 2025, el 79% de los peruanos considera que la democracia no funciona. La falta de liderazgos confiables, la judicialización de la política y el uso partidista del sistema legal han deteriorado la credibilidad en las instituciones.

Además, las reformas políticas, exigidas desde hace décadas, no han podido implementarse con eficacia. La fragmentación del Congreso, la ausencia de partidos sólidos y la volatilidad electoral crean un escenario donde ninguna figura puede garantizar estabilidad.

Como afirma el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla: "El problema no es solo que robó o no robó Vizcarra. El problema es que el sistema permite que cualquiera robe, y que solo a veces se le castigue".

¿Y ahora qué?

Mientras Vizcarra inicia un proceso de apelación y su hermano explora una candidatura, el Perú se encuentra nuevamente ante el reto de reconstruir su precaria gobernabilidad. Las elecciones generales del 2026 podrían ser una ventana para el resurgir democrático, pero también una oportunidad para que personajes cuestionados vuelvan a escena, aprovechando el vacío de legitimidad de los partidos tradicionales.

La sociedad peruana exige transparencia, reformas y justicia auténtica. La condena de Vizcarra, si bien histórica, no es suficiente por sí sola: debe ir acompañada de una transformación institucional profunda que limite el nepotismo, garantice la independencia judicial y recupere la confianza ciudadana en sus líderes.

Un país que no olvida

En el corazón de América del Sur, millones de peruanos siguen madrugando para trabajar, estudiar y salir adelante, con o sin política. Sin embargo, saben que cada escándalo como este no solo compromete a un funcionario, sino que hiere el alma del país. Vizcarra, que prometió austeridad y anticorrupción, terminó como uno más en la lista negra. No es solo una tragedia personal, sino una más en la saga nacional de decepciones democráticas.