Trump, la migración afgana y un nuevo ciclo de miedo: ¿seguridad nacional o política del pánico?

Un nuevo incidente reaviva un viejo discurso

El expresidente Donald Trump ha vuelto al centro del debate político en Estados Unidos después del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca el pasado miércoles. El presunto responsable, un ciudadano afgano rescatado durante la evacuación estadounidense de 2021 tras la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán, ha servido como catalizador para que Trump vuelva a poner foco en uno de sus temas favoritos: la inmigración como amenaza a la seguridad nacional.

Operación Bienvenida a los Aliados bajo la lupa

Después de la retirada caótica de Afganistán, la administración de Joe Biden implementó Operation Allies Welcome, una medida que permitió el reasentamiento de más de 76,000 afganos en EE.UU. Muchos de estos refugiados habían colaborado directamente con tropas estadounidenses como intérpretes o personal logístico.

No obstante, ese programa ha sido objeto de críticas desde su inicio. Organismos republicanos y el ala más conservadora del Congreso han señalado supuestas deficiencias en el proceso de evaluación y selección de los solicitantes.

Trump aprovecha el crimen para reforzar su agenda antigubernamental

Trump, en una declaración en video, calificó el ataque como “una agresión atroz” y aseguró que demuestra que las políticas migratorias de Biden son “la mayor amenaza a la seguridad nacional”. Su respuesta no solo fue condenatoria: fue un puntapié para relanzar su plataforma de endurecimiento migratorio.

“Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos aquí”, sentenció Trump.

Además de afirmar que revisará caso por caso a los afganos admitidos bajo la presidencia de su sucesor, el magnate dirigió su discurso hacia la comunidad somalí en Minnesota, estado que comparó con “un lugar desgarrado por inmigrantes”.

La criminalización por asociación: ¿peligro real o retórica electoral?

El uso político de incidentes criminales cometidos por individuos inmigrantes no es nuevo. Según expertos en derecho migratorio, esto suele producir una peligrosa generalización que perjudica a miles de personas inocentes.

Shawn VanDiver, presidente de #AfghanEvac, lo advirtió:

“No quiero que se utilice esta tragedia como un truco político. La gran mayoría de los evacuados afganos han contribuido de forma positiva a este país.”

Organizaciones humanitarias han señalado que más del 90% de los afganos reubicados completaron evaluaciones médicas, biométricas y de seguridad antes de ser autorizados para residir en el país.

El contexto judicial y las nuevas tensiones migratorias

Mientras la administración continúa endureciendo las políticas migratorias, un juez federal en California falló recientemente contra una medida de Trump que habría restringido el acceso a audiencias de fianza para inmigrantes detenidos sin antecedentes penales. La jueza federal Sunshine S. Sykes amplió el fallo, beneficiando potencialmente a miles de personas en centros de detención en todo el país.

Antes de esta reversión legal, muchos inmigrantes sin antecedentes podían permanecer en libertad mientras sus casos avanzaban en la corte migratoria. La política de Trump, al revocar esto, había sido duramente criticada por dejar a miles detenidos indefinidamente.

“Estas son personas que han vivido aquí por años o décadas, tienen familia ciudadana y no representan amenaza alguna”, afirmó el abogado Matt Adams, que lidera la querella contra las medidas de Trump.

Los efectos sociales y humanos del discurso en contra de refugiados

La pausa indefinida en las solicitudes migratorias de nacionales afganos ha dejado en el limbo a cientos de familias. Muchos de los afectados se encuentran actualmente en países intermediarios como Catar y Albania, esperando su reubicación definitiva.

Esta detención del proceso ha generado preocupación por los plazos legales y la exposición al riesgo, especialmente si regresaran a Afganistán. Los defensores de derechos humanos han expresado que se trata de una forma indirecta de rechazar ayuda a quienes colaboraron con el ejército estadounidense.

Amenazas internas también alimentan el debate

Mientras el foco está puesto en inmigrantes y refugiados, no se puede ignorar que las amenazas contra las fuerzas de seguridad han venido también de dentro del país. Dos hermanos, ciudadanos estadounidenses y residentes en Virginia, fueron arrestados en noviembre tras ser denunciados por un oficial fuera de servicio. Supuestamente, discutían un plan para atacar a agentes de migración de ICE.

Uno de los acusados, John Bennett, era subdirector de una escuela secundaria. Ambos fueron imputados por “conspiración para cometer lesiones maliciosas”, según documentos judiciales.

“Es escalofriante que un educador esté supuestamente planeando emboscadas a oficiales federales”, declaró Tricia McLaughlin del Departamento de Seguridad Nacional.

Este hecho resalta una contradicción en el enfoque de seguridad nacional centrado solamente en migrantes: las amenazas pueden provenir de sectores internos con ideologías extremistas.

¿Política migratoria o política del miedo?

La postura de Trump en relación a la migración ha cambiado relativamente poco desde su primer mandato. Lo que sí ha cambiado es el contexto: una sociedad más polarizada, tribunales que han empezado a desafiar sus acciones ejecutivas, y una comunidad migrante mucho más activa en la denuncia de atropellos.

El uso de exabruptos como “infierno en la tierra” para referirse a Afganistán o acusaciones generalizadas contra comunidades como la somalí en Minnesota no solo presentan un dilema ético, sino que alimentan estereotipos peligrosos y profundizan el prejuicio racial y étnico.

Los datos desmienten el nexo directo entre inmigración y crimen

Estudios del Cato Institute, un think tank de orientación libertaria, muestran que los inmigrantes tienen significativamente menos probabilidades de cometer crímenes violentos que los ciudadanos estadounidenses nativos. En Texas, por ejemplo, los inmigrantes sin documentación cometieron homicidios a una tasa de 2.2 por cada 100,000, mientras que los ciudadanos cometieron homicidios a una tasa de 3.1 por cada 100,000.

Estas cifras contradicen el discurso que asocia migración con crimen, pero aún así esta narrativa persiste, utilizándose con fines políticos en contextos como elecciones presidenciales.

¿Qué está en juego en este nuevo ciclo político?

La criminalización de inmigrantes forma parte de un ciclo conocido en la historia estadounidense. Desde la Ley de Exclusión China de 1882 hasta la era del Secure Communities de Obama o el Title 42 implementado durante la pandemia por Trump y sostenido por Biden, Estados Unidos ha oscilado entre apertura y retraimiento, entre humanitarismo y temor, entre asilo y exclusión.

Sin embargo, con el regreso de Trump a una plataforma protagónica, el riesgo es volver a una política de Estado construida sobre el miedo, perjudicando a miles que buscan asumir su legítimo derecho a protección, refugio o simplemente una vida mejor.

No deberíamos permitir que un solo episodio criminal condicione la vida de miles de familias ni que se borre de golpe la cooperación de tantos afganos que ayudaron a EE.UU. durante dos décadas de guerra. Menos aún si esta discriminación funciona como punto de partida para una reelección presidencial.