El caso Lakanwal desata una tormenta política en EE. UU.: ¿justicia o pretexto para endurecer la inmigración?

Una tragedia que amenaza con cambiar el curso de la política migratoria

El reciente asesinato de la especialista Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional, presuntamente a manos de un refugiado afgano, Rahmanullah Lakanwal, ha reactivado uno de los debates más intensos y polarizados en la política de Estados Unidos: la inmigración y la seguridad nacional.

Este caso ha generado una poderosa respuesta desde la administración liderada por Donald Trump, quien ha prometido "acciones enérgicas" para revisar el estatus de los casi 200,000 afganos reubicados en suelo estadounidense desde la caída de Kabul en 2021. Más aún, ha pausado la emisión de visas a personas con pasaportes afganos.

¿Quién era Rahmanullah Lakanwal?

Lakanwal, de 29 años, sirvió en una unidad respaldada por la CIA conocida como los Zero Units durante la guerra en Afganistán. Tras la retirada de EE. UU. en 2021, fue uno de miles que llegaron al país bajo la operación Allies Welcome, un programa creado por el gobierno de Joe Biden para proteger a aliados afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses.

Según el grupo de apoyo #AfghanEvac, su proceso de asilo fue minucioso y había sido aprobado a principios de 2025, luego de años de revisiones de seguridad. A pesar de este proceso supuestamente riguroso, Lakanwal ha sido acusado de asesinato en primer grado y intento de homicidio, generando dudas en la opinión pública sobre el sistema de control migratorio.

Trump: "El mayor riesgo de seguridad nacional"

Donald Trump y sus aliados han capitalizado el caso como ejemplo de la supuesta debilidad del sistema estadounidense. El expresidente declaró que "la política migratoria de Biden es el mayor riesgo de seguridad nacional que enfrenta nuestra nación" y anunció su intención de suspender permanentemente la migración desde casi 20 países de mayoría musulmana, entre ellos Afganistán.

JD Vance, vicepresidente bajo la administración de Trump, añadió que "el atentado es evidencia de que estamos abriendo las puertas a refugiados no examinados".

¿Realidad o manipulación política?

Expertos como Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, han sido tajantes al afirmar que el proceso de selección para los refugiados afganos es "uno de los más rigurosos del mundo". Según Selee, Lakanwal fue examinado por múltiples agencias, incluida la CIA, antes de entrar en EE. UU. y de nuevo durante su proceso de solicitud de asilo.

Para Haris Tarin, exfuncionario clave en programas de reubicación de afganos, este caso "no es un fallo de seguridad, sino de integración". Acusó al gobierno de usar un crimen aislado como excusa para aplicar políticas de exclusión generalizadas.

Consecuencias para los afganos en Estados Unidos

El caso ha sembrado miedo e incertidumbre entre los aproximadamente 200,000 afganos reasentados en el país.

Nesar, un joven de 22 años que llegó poco después de la caída de Kabul, compartió su testimonio con el diario The Washington Post (de manera anónima): "Finalmente estaba reconstruyendo mi vida, aprendiendo inglés, consiguiendo mejores oportunidades. Pero ahora, cuando salgo a comprar, siento que todos me miran como si fuera el atacante".

Su entrevista para obtener la residencia permanente estaba programada para el 13 de diciembre, pero hoy no sabe si su futuro continuará en EE. UU. o si será deportado. Miles como él están en una situación similar.

Leyes inmutables, discursos cambiantes

Uno de los puntos más importantes que muchos políticos intentan ignorar es que el sistema de asilo no ha sufrido cambios estructurales desde 1990. Según Andrea Flores, quien fue asesora de inmigración bajo los gobiernos de Obama y Biden, "no se puede culpar a una administración u otra, porque el proceso de asilo es bipartidista y continuo".

A su vez, sostiene que cualquier nuevo control debe venir del Congreso y no de medidas ejecutivas unilaterales. Pero Trump ha prometido seguir tomando acciones vía decretos presidenciales, como lo hizo durante su primer y segundo mandato.

Una narrativa que castiga a inocentes

Krish O’Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge, advirtió sobre la "discriminación retroactiva" que señala a todo un colectivo por las acciones de un individuo: "Atar todo un programa de reubicación a un crimen es profundamente irresponsable y pone en la mira a quienes más han aportado a la seguridad del país".

Afganos que colaboraron como intérpretes, traductores y aliados estratégicos durante dos décadas de guerra hoy relatan sentir miedo, vergüenza y ansiedad al ser tratados como amenazas potenciales.

El componente judicial: una lucha de poderes

El caso ha abierto un nuevo frente también en los tribunales. El juez James Boasberg ha reactivado una investigación por posible desacato criminal debido a que, en otro caso relacionado, la administración permitió la deportación de migrantes pese a una orden judicial que lo impedía.

El juez exige una explicación sobre por qué dos aviones con venezolanos terminaron en El Salvador en lugar de retornar como ordenó. Exfuncionarios judiciales, como Jeremy Fogel y Liam O’Grady, coinciden: "el desprecio a la autoridad judicial compromete el Estado de derecho".

La reacción internacional y la comunidad afgana global

Desde entornos diplomáticos como la UE y Canadá, se ha observado con preocupación el uso político del caso. Activistas advierten que culpar colectivamente a comunidades étnicas o religiosas puede inflamar tensiones raciales y alejar aún más los esfuerzos integradores.

Las organizaciones de defensa de refugiados han emitido comunicados expresando su repudio a lo que consideran una "explotación del dolor de una nación para justificar políticas racistas".

Un solo caso, múltiples consecuencias

• Sarah Beckstrom, de solo 20 años, murió cumpliendo su deber y merece justicia.
• La comunidad afgana enfrenta ahora una nueva ola de escrutinio y precariedad legal.
• El sistema judicial se ve envuelto en una lucha por mantener su autoridad ante una administración que lo desafía.
• La política migratoria toma un abrupto giro hacia posturas más estrictas, que podrían redefinir la identidad misma de Estados Unidos como nación de acogida.

Este incidente será, probablemente, uno de los temas clave en las elecciones de 2026, y marcará el rumbo de la política migratoria en los años por venir. Pero lo que está en juego va más allá del corto plazo: la imagen de justicia e inclusión que proyecta Estados Unidos al mundo también está bajo escrutinio.