Estados Unidos y su peligrosa militarización del combate contra el narcotráfico

Una segunda ofensiva mortal que reaviva el debate legal

En septiembre, la administración de Donald Trump se vio envuelta en una tormenta política y legal tras un ataque letal contra una embarcación sospechosa de tráfico de drogas frente a las costas de Venezuela. El incidente provocó la muerte de 11 personas, incluyendo dos sobrevivientes de un primer ataque que se encontraban aferrados a los restos del barco. Según un reportaje del Washington Post, la orden de realizar el segundo bombardeo habría venido del entonces secretario de Defensa Pete Hegseth, bajo la consigna de "matar a todos". Hegseth ha calificado esta información como "noticia falsa".

Según expertos legales y exmilitares, esta segunda ofensiva podría constituir un crimen de guerra, aún si se admitiera la narrativa oficial de que el conflicto contra los carteles de droga equivale a una guerra tradicional.

¿Conflicto armado o violaciones a los derechos humanos?

Michael Schmitt, profesor emérito del U.S. Naval War College y exabogado de la Fuerza Aérea, fue claro: “No importa si estamos en conflicto armado o no. Matar a personas que están sobreviviendo en el agua es ilegal según todas las normas internacionales”.

Schmitt agregó que el Gobierno de Estados Unidos no puede alegar que los carteles constituyen una amenaza armada en el mismo nivel que lo fue al-Qaeda en los ataques del 11 de septiembre. “Es falso que vender drogas sea equivalente a una ofensiva armada contra el gobierno”, enfatizó.

De acuerdo con Schmitt y otros expertos como Brian Finucane, ex abogado del Departamento de Estado y actualmente asesor del International Crisis Group, una ejecución intencionada fuera del marco de conflicto armado se considera asesinato, delito por el cual los militares estadounidenses podrían ser procesados en tribunales nacionales bajo el Uniform Code of Military Justice (UCMJ).

Narrativa peligrosa: la militarización del combate antidrogas

La administración de Trump insiste en categorizar la lucha contra el narcotráfico como un “conflicto armado”, para legitimar ataques militares coordinados directamente sobre embarcaciones. Desde 2023, se han registrado más de 20 operaciones, en las que han muerto más de 80 personas en presuntos ataques antidrogas en aguas internacionales.

Esta postura representa un cambio drástico respecto al tratamiento tradicional del tráfico de drogas como un problema integral de seguridad pública, más acorde al ámbito de justicia civil y cooperación internacional policial.

Para justificar estas acciones, el gobierno ha invocado la necesidad de detener el flujo de drogas que, aseguran, “mata a miles de estadounidenses cada año”. Sin embargo, esta narrativa erosiona los principios básicos del derecho internacional y plantea riesgos inmensos respecto al precedente que podría generar.

El derecho internacional contraataca

Uno de los principios que rige desde hace más de un siglo es la prohibición de ataques indiscriminados o aquellos que no otorguen 'cuartel', es decir, no permitan sobrevivientes. La Segunda Convención de La Haya (1907) prohíbe explícitamente matar a náufragos o prisioneros no beligerantes.

Además, la Convención de Ginebra establece reglas específicas para tratar con sobrevivientes, aun si estos son miembros de fuerzas hostiles. Matar a quienes ya no pueden luchar se considera crimen de guerra.

“Incluso si fuera un barco enemigo, los náufragos tienen protección. Solo se les puede atacar si siguen combatiendo, lo cual claramente no era el caso”, explicó Schmitt.

¿Y qué pasa con la obediencia debida?

La controversia ha encendido el debate sobre si los militares deben rechazar órdenes ilegales. Diversos legisladores demócratas, la mayoría exmilitares, difundieron videos apelando a las Fuerzas Armadas a rechazar órdenes que violen las leyes internacionales.

“Si como piloto recibía la orden de asesinar a todos en una embarcación, sencillamente no la hubiera ejecutado”, declaró el senador Mark Kelly, ex piloto de la Marina y ahora senador demócrata por Arizona.

Este llamado reaviva una tensión crítica dentro de las Fuerzas Armadas: la obligación de obedecer a sus superiores versus la responsabilidad individual frente a crímenes internacionales.

La respuesta del Congreso

Los comités de Servicios Armados del Congreso, tanto en Senado como en Cámara Baja, han abierto investigaciones sobre la legalidad de estos ataques.

Los senadores Roger Wicker (republicano de Mississippi) y Jack Reed (demócrata de Rhode Island) expresaron que ejercerán una “supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias”.

Esto se da en un contexto de creciente preocupación sobre el uso de la fuerza militar en políticas internas, y el aumento en la dependencia de órdenes presidenciales que pueden rozar, o cruzar, los límites de la legalidad.

Las implicaciones éticas y políticas

El caso pone en jaque a un presidente que ya ha sido fuertemente cuestionado por el uso del aparato militar con fines políticos y de control interno. La crisis fronteriza, la represión de protestas y ahora la supuesta ejecución de sobrevivientes consolidan una imagen de gobierno autoritario que justifica la violencia bajo cualquier pretexto.

Además, plantea profundos dilemas éticos sobre cómo se define a un “enemigo” en el contexto moderno. ¿Son los carteles narcotraficantes un ejército con legitimidad de guerra? ¿Y si lo son, puede Estados Unidos tomar el papel de juez y verdugo sin pasar por el debido proceso?

Para grupos de derechos humanos, no hay duda: el Gobierno debe rendir cuentas y los responsables deben enfrentar consecuencias legales.

Comparaciones históricas: del 'ASALT' a la 'guerra global contra el terror'

No es la primera vez que Estados Unidos se ampara en la ambigüedad legal para ejecutar operaciones cuestionadas. Durante la “Guerra Global contra el Terror”, iniciada tras el 11-S, el Gobierno realizó ataques con drones en países soberanos, donde civiles y objetivos sin juicio previo resultaron muertos.

Muy similar es el patrón actual: operaciones secretas, narrativa de amenaza inminente, ausencia de pruebas públicas y defensas legales diseñadas a la medida. Ahora, en lugar de yihadistas, el enemigo son los carteles. El patrón, sin embargo, permanece igual.

¿Qué puede venir ahora?

Además de las investigaciones del Congreso, varias ONG ya han solicitado la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para evaluar si estos ataques se alinean con la definición de crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma.

No hay precedentes de un presidente estadounidense procesado en la CPI, pero si la narrativa de “conflicto armado global” sigue avanzando, podría trazarse un camino inédito hacia la judicialización internacional del uso de la fuerza militar estadounidense fuera de sus fronteras.

Lo que está en juego es grande: la legitimidad no solo jurídica, sino ética y moral de Estados Unidos como referente mundial de derechos humanos y democracia.

La estrategia electoral de una guerra

Mantener un enemigo externo ha sido una estrategia común en tiempos electorales. En plena campaña por recuperar el Congreso, Donald Trump ha convertido al narcotráfico en una nueva cruzada militar, asimilándolo a un conflicto armado como en Afganistán o Irak.

Esto fortalece su imagen de líder fuerte y decidido, pero al costo de poner en jaque las bases fundacionales del derecho internacional. La pregunta que queda es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar?