Tragedia en Hong Kong: entre la solidaridad ciudadana y el silencio estatal

El incendio en Wang Fuk Court deja 146 muertos, miles de desplazados y despierta tensiones sobre la libertad de expresión y la rendición de cuentas en Hong Kong

  •  EnPelotas.com
    EnPelotas.com   |  

Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong. El miércoles por la tarde, una tragedia estremeció a una de las regiones más densamente pobladas del planeta. Un incendio declarado en el complejo residencial Wang Fuk Court arrasó con siete de sus ocho torres de apartamentos, dejando un saldo oficial de al menos 146 muertos, 79 heridos y más de 4,600 desplazados. Junto a la consternación, emergen cuestionamientos sobre las autoridades, la corrupción y la cada vez más limitada libertad de expresión en Hong Kong.

Una ciudad herida, pero solidaria

Mientras los bomberos tardaron casi dos días en sofocar completamente el fuego —que se inició el miércoles y no fue extinguido hasta el viernes por la mañana—, la ciudadanía hongkonesa reaccionó con una masiva muestra de humanidad y apoyo. Se han recaudado más de 900 millones de dólares hongkoneses (unos 115 millones de dólares estadounidenses) en donaciones para ayudar a los afectados.

A esto se suma una contribución gubernamental de 300 millones de dólares hongkoneses destinados a iniciar procesos de reconstrucción, asistencia psicológica y subvenciones temporales. Como indicó Loretta Loh, una vecina que dejó flores en el sitio del siniestro, “cuando pasa algo, salimos a ayudarnos unos a otros”.

Rescate, refugio y reconstrucción

A día lunes, las cifras proporcionadas por el gobierno muestran que 683 personas han sido realojadas en hoteles y hostales locales, otras 1,144 en viviendas transitorias, mientras que dos refugios de emergencia permanecen abiertos para cobijar a quienes siguen sin un techo. Paralelamente, las labores de identificación se intensificaron durante el fin de semana con la intervención de la Disaster Victim Identification Unit de la Policía de Hong Kong, que permitió elevar el conteo de víctimas fatales.

¿Cómo se permitieron las condiciones del desastre?

Los edificios del complejo estaban cubiertos por andamios de bambú y redes de nilón como parte de unas renovaciones exteriores. Las ventanas, alarmantemente, estaban bloqueadas por paneles de poliestireno. Muchos residentes llevaban más de un año denunciando estas condiciones, lo que apunta a una posible violación del código de incendios.

Según el Departamento de Trabajo de Hong Kong, se realizaron 16 inspecciones al sitio desde julio de 2024. Las advertencias por escrito a los contratistas fueron múltiples, y la inspección más reciente tuvo lugar una semana antes del incendio.

Corrupción en el centro del fuego

El descontento público encuentra sustento en acciones recientes del Departamento contra la Corrupción de Hong Kong, que ha arrestado a 11 personas, incluyendo directores y un consultor de ingeniería de la empresa constructora responsable de las remodelaciones. Sin embargo, para muchos, la responsabilidad política también debería asumirse.

Jean-Pierre Cabestan, politólogo y experto en Asia radicado en Hong Kong, afirmó que “la gente está furiosa y cree que el gobierno hongkonés debería rendir cuentas”.

Represión y censura tras una catástrofe

Lejos de permitir un espacio para el duelo colectivo y la reflexión ciudadana, las autoridades han optado por sofocar cualquier atisbo de crítica. El sábado, la Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional emitió un comunicado condenando lo que llamó “esquemas maliciosos” con “motivos ulteriores para causar disturbios”.

Al menos tres personas han sido arrestadas por expresar su inconformidad públicamente: un organizador de una petición en línea demandando rendición de cuentas gubernamental, y dos voluntarios que ofrecieron ayuda en Tai Po tras el siniestro.

Los paralelismos con la China continental son cada vez más evidentes. Tras las masivas protestas de 2019, el gobierno ha impuesto una serie de leyes que restringen la libertad de expresión bajo el pretexto de proteger la “seguridad nacional”. Cabestan señala que “Hong Kong está operando como el gobierno continental chino: corta de raíz cualquier protesta antes de que pueda desarrollarse”.

El precio de la crítica y el miedo a hablar

La censura de opiniones contrarias al discurso oficial no es sólo una hipótesis. Las recientes detenciones por delitos como “sedición” y la vigilancia constante a las redes sociales muestran cómo se ha criminalizado incluso el acto de cuestionar.

La pérdida de representación democrática es también parte de este telón de fondo. Desde 2020, se ha prohibido en la práctica la realización de protestas masivas, y figuras políticas opositoras han sido expulsadas o imposibilitadas de postularse a elecciones legislativas, mientras medios independientes han sido cerrados o forzados al exilio.

El incendio como síntoma, no excepción

La tragedia en Wang Fuk Court no es sólo un accidente aislado, sino el resultado de una concatenación de decisiones políticas, negligencias estatales y un sistema de control social cada vez más rígido. La rápida censura de críticas y detenciones arbitrarias son señales claras de una tendencia gubernamental preocupante. Como bien resumió Human Rights Watch sobre hechos similares en países como Tailandia y China, esta clase de represión transnacional “se está convirtiendo en una mancha para el historial de derechos humanos” de los gobiernos involucrados.

A pesar del miedo, de los riesgos legales y del cerco mediático, la ciudadanía hongkonesa sigue mostrando un sentido de comunidad inquebrantable. Las donaciones millonarias, la ayuda voluntaria y los homenajes en los lugares del desastre revelan que el tejido social resiste, aunque ahora lo haga desde la incertidumbre, la tristeza y —cada vez más— el silencio forzado.

“Cuando algo así sucede, no basta con reconstruir edificios. Es urgente reconstruir la confianza en las instituciones”, escribió un columnista anónimo en un foro digital antes de que su publicación fuera retirada de internet.

¿Qué futuro le espera a Hong Kong?

Con más de 100 personas aún desaparecidas, y con miles de hongkoneses desplazados por el incendio, los próximos meses serán cruciales. El gobierno deberá demostrar no solo capacidad ejecutiva para albergar a los damnificados, sino también voluntad política para reconocer sus errores, algo que hasta ahora ha evitado de forma categórica.

Algunos especialistas temen que el caso, en lugar de significar un despertar democrático, sea utilizado como ejemplo para justificar una mayor vigilancia estatal y censura. Otros, más optimistas, creen que la magnitud del drama dejará una huella imborrable que podría reactivar la conciencia pública. Por ahora, lo único claro es que, entre las llamas, no solo se perdieron hogares: también se consumen las libertades básicas de una ciudad que alguna vez fue símbolo del pluralismo asiático.

Nota: Este artículo es un análisis original que examina el trasfondo político, institucional y social del incendio más mortífero en la historia reciente de Hong Kong.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press