Trump endurece la política migratoria: ¿medidas de seguridad o castigo colectivo?

En apenas una semana, la administración Trump anunció una serie de medidas que podrían transformar radicalmente el panorama de la inmigración en Estados Unidos. Desde la suspensión de solicitudes de asilo, hasta revisiones generales de residencias permanentes y suspensión de visados a nacionales afganos, los recientes anuncios se presentan bajo la bandera de la seguridad nacional. Pero ¿se trata realmente de proteger al país, o más bien de medidas punitivas alimentadas por ideologías nativistas?

Un tiroteo como detonante para ajustes polémicos

El catalizador de esta ola de medidas fue el tiroteo ocurrido en Washington D.C., donde dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados —presuntamente por un solicitante de asilo afgano. Las reacciones no se hicieron esperar: funcionarios de la administración anunciaron de inmediato la pausa de todas las decisiones de asilo y una política de revisión sobre ciudadanos de “países de preocupación”.

“La seguridad americana no es negociable”, declaró Joseph Edlow, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Pero detrás de ese discurso se esconde una narrativa más amplia que va más allá de un caso aislado y se alinea con una estrategia política en ascenso desde el primer mandato de Trump.

¿Qué implica la suspensión de solicitudes de asilo?

El derecho al asilo ha sido uno de los blancos más perseguidos por la política trumpista desde 2017. Ahora, Edlow anunció que las decisiones quedarán suspendidas “hasta garantizar un proceso de revisión y evaluación máximo”. Esta afirmación siembra incertidumbre, ya que no se ha publicado guía formal ni duración estimada de esta pausa.

Para contextualizar, el número de solicitudes de asilo en 2023 alcanzó un récord de 456,750 casos, según la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, casi duplicando las cifras de 2022. Estas cifras reflejan tanto la crisis humanitaria a nivel mundial como el retraso estructural en el sistema migratorio estadounidense.

Veto silencioso: Revisión de green cards según nacionalidad

Además de suspender los procesos de asilo, USCIS declaró que llevará a cabo una revisión rigurosa de todas las solicitudes de residencia permanente realizadas por ciudadanos de países considerados “de alto riesgo”. Aunque no se publicaron oficialmente los países incluidos, se estima que al menos 19 naciones, entre ellas Afganistán, Irán, Somalia y Siria, están bajo escrutinio.

Este tipo de medidas recuerdan al infame “Muslim Ban” que en 2017 prohibió el ingreso de personas de varios países mayoritariamente musulmanes, y que fue duramente criticado tanto nacional como internacionalmente.

Los afganos, objetivo directo

Las nuevas medidas afectan desproporcionadamente a ciudadanos afganos. El 26 de noviembre, la USCIS anunció que suspendería todas las solicitudes migratorias relacionadas con nacionales de Afganistán. Esto incluye aquellos que ya residen en EE. UU. y buscan permisos de trabajo, residencia o reunificación familiar.

Por otro lado, el Departamento de Estado, encabezado por el Secretario Marco Rubio, anunció el cierre temporal de emisión de todo tipo de visado para ciudadanos afganos, incluso aquellos bajo el programa de Visas Especiales de Inmigrante (SIV), reservado para quienes colaboraron con las fuerzas armadas estadounidenses entre 2001 y 2021.

Según #AfghanEvac, organización sin fines de lucro dedicada al reasentamiento de afganos aliados, más de 180,000 afganos esperaban respuesta a sus solicitudes bajo el programa SIV.

¿Revisar a todos los refugiados desde 2021?

Como si la pausa en asilo y los nuevos criterios para green cards no fueran suficientes, la administración también anunció una revisión completa de todos los refugiados admitidos durante la presidencia de Joe Biden, es decir, cerca de 200,000 personas.

Estos refugiados ya habían pasado por un exhaustivo proceso de selección fuera del país según reglas establecidas desde 1980 bajo el Refugee Assistance Program. Este programa, respaldado por múltiples administraciones republicanas y demócratas, siempre se ha presentado como un símbolo de generosidad estadounidense. Reabrir los casos se interpreta como una señal clara de represalias políticas.

Políticas que reviven fantasmas del pasado

Las recientes acciones del gobierno recuerdan peligrosamente a políticas marcadas por el miedo, como la Red Scare de los años 50 o la “Segunda Guerra contra el terrorismo” post 11-S, donde comunidades enteras fueron asociadas injustamente con amenazas a la seguridad.

Las organizaciones pro derechos humanos, incluyendo Human Rights First, criticaron estas decisiones catalogándolas de “castigo colectivo ineficaz”. En palabras de su directora, Eleanor Acer: “Estos refugiados ya pasaron controles exigentes. Reabrir sus casos no aporta seguridad, solo alimenta el odio y desperdicia recursos”.

Manipulación del miedo en año electoral

Este endurecimiento de políticas migratorias también coincide con un contexto político clave: la planificación para las elecciones de 2026. Donald Trump ha declarado abiertamente su intención de “limpiar” los procesos migratorios iniciados por la administración Biden, como parte de su campaña por la reelección.

A esto se suma el impulso que diversos estados —gobernados por republicanos— han recibido para redibujar distritos electorales en favor del partido. Así, la narrativa antimigrante se posiciona como un arma discursiva clave para fidelizar a votantes conservadores temerosos del “otro”.

El caso Wohl y Burkman: desinformación al servicio de la disuasión

Este clima de hostilidad no es nuevo. Uno de los casos más ilustrativos ocurrió durante las elecciones de 2020, cuando los operativos conservadores Jacob Wohl y Jack Burkman fueron acusados de lanzar masivamente robocalls a comunidades urbanas negras advirtiendo que votar por correo implicaría ser rastreados por policías, cobradores de deudas y autoridades sanitarias.

“No le entregues tu información al sistema”, decían los mensajes, apelando a la desconfianza sistémica. Ambos se declararon culpables y fueron sentenciados a un año de libertad condicional. No sin antes enfrentar demandas en Nueva York y Ohio, donde incluso les exigieron 500 horas de servicio comunitario vinculado al registro de votantes.

Esta campaña fue calificada por la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, como una operación revestida de “todos los silbatos racistas posibles”.

Entre la seguridad y la xenofobia: ¿hacia dónde va Estados Unidos?

El debate entre seguridad nacional y derechos humanos no es nuevo, pero la tendencia actual apunta a un preocupante desequilibrio. Bajo el techo de proteger al país, el gobierno ha implementado lo que muchos consideran formas estructurales de exclusión racial y étnica. La estrategia, ya consolidada durante el primer mandato de Trump, vuelve recargada y apuntalada por cifras aisladas, donde un crimen trágico se utiliza como justificación para clausurar vidas enteras.

No es descabellado pensar que esta política marcará una parte importante del debate electoral en 2026. Y desde ya, muchos migrantes, refugiados e incluso ciudadanos con raíces extranjeras comenzarán a sentir el frío de un clima político donde sus identidades son constantemente puestas en duda.