Justicia tardía en Sudáfrica: ¿Un nuevo comienzo o cicatrices que nunca sanan?

La condena de dos ex policías del apartheid reabre heridas históricas y cuestiona la voluntad del Estado post-apartheid

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El reciente fallo judicial en Sudáfrica ha sido recibido como un paso, quizás tardío pero fundamental, hacia la justicia. Dos ex policías del régimen del apartheid, Abraham Engelbrecht y Pieter Stander, fueron finalmente declarados culpables del asesinato de Caiphus Nyoka, un joven activista y líder estudiantil abatido brutalmente por las fuerzas estatales en 1987. Este caso, que permaneció impune por más de tres décadas, representa mucho más que un acto aislado de violencia: simboliza los extensos crímenes de un sistema que institucionalizó el racismo, la opresión y la brutalidad policial por casi medio siglo.

Un crimen que el tiempo no logró enterrar

Caiphus Nyoka fue asesinado en su propia casa durante una incursión nocturna de unidades especiales de la policía del apartheid, como lo fueron la Reaction Unit y la Special Branch, conocidas por su papel en la represión sistemática contra el movimiento anti-apartheid. De acuerdo con el informe forense de 1988 citado durante el juicio, Nyoka fue impactado por al menos 12 balazos en la cabeza, el cuello, el pecho y las extremidades, mientras estaba en la cama, lo que desmiente el argumento oficial de aquel entonces sobre una "legítima defensa" por parte de los agentes.

Tras el fin del régimen de minoría blanca en 1994, Sudáfrica intentó fomentar una curación nacional creando la Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC). Esta iniciativa, pionera en su momento, otorgaba amnistía a quienes confesaran crímenes atroces. Sin embargo, nadie se presentó a admitir el asesinato de Nyoka en ese entonces, lo que impidió su esclarecimiento hasta hoy.

¿Reconciliación sin justicia?

La Comisión de Verdad y Reconciliación documentó más de 22,000 testimonios de víctimas durante sus audiencias públicas, exponiendo un panorama devastador de torturas, desapariciones forzadas y asesinatos políticos. Sin embargo, esta búsqueda de la verdad no siempre se tradujo en acciones penales. Según Human Rights Watch, menos del 1% de los casos recomendados por la TRC fueron judicializados en los años posteriores. Para muchas familias, como la de Nyoka, la reconciliación parecía sinónimo de olvido institucional.

La reciente condena de Engelbrecht y Stander fue posible gracias al testimonio de otro ex policía, Johan Marais, quien en 2019 confesó públicamente su participación en el asesinato y purga actualmente una pena de 15 años. Su acto de arrepentimiento hizo tambalear el muro de impunidad que durante años protegió a los antiguos agentes del Estado, abriendo la puerta a una revisión judicial fundamental.

Presión social y nuevas investigaciones

En el contexto actual, Sudáfrica enfrenta una creciente presión nacional e internacional para revisar otros crímenes cometidos por el régimen del apartheid. En octubre de 2025, una nueva investigación reveló que Albert Luthuli —líder del Congreso Nacional Africano (ANC) y Premio Nobel de la Paz— no murió atropellado por un tren, como se dijo en 1967, sino que fue presuntamente asesinado a golpes por oficiales de seguridad.

La muerte de Steve Biko en 1977 es otro caso reabierto. Este emblemático activista del movimiento Black Consciousness murió bajo custodia policial, y aunque su muerte provocó protestas internacionales, nunca se responsabilizó a los culpables. Hoy, nuevas pesquisas buscan determinar si gobiernos post-apartheid, incluso los del mismo ANC, han bloqueado deliberadamente estos casos para proteger a ciertos actores implicados.

“La justicia se ha retrasado, pero no ha sido negada”, dijo una portavoz del Ministerio Público tras conocerse el veredicto en el caso Nyoka.

El dilema moral del pasado no resuelto

El caso Nyoka plantea un dilema crucial en las democracias emergentes: ¿es posible la reconciliación sin justicia plena? Sudáfrica sigue siendo un referente global en procesos de transición democrática, pero los vacíos en la rendición de cuentas amenazan con erosionar esa imagen. Diversos analistas han denunciado cómo las estructuras políticas posteriores a 1994 priorizaron la estabilidad política sobre la justicia material.

El periodista y autor sudafricano Jacob Dlamini, en su libro "Askari: A Story of Collaboration and Betrayal in the Anti-Apartheid Struggle", señala cómo el sistema infiltró no sólo a las organizaciones sociales, sino también la psique colectiva, creando mitos de perdón que muchas veces camuflan impunidad.

El peso de las víctimas y sus familias

Para la familia Nyoka, el juicio no es suficiente. Su hermana, Nomsa Nyoka, declaró tras la sentencia:

“Durante 36 años vivimos sin respuestas. Este veredicto no nos devuelve a Caiphus, pero sí nos devuelve algo de nuestra humanidad.”

Según un informe del South African History Archive (SAHA), más de 500 casos de muertes bajo custodia aún no se han resuelto ni abierto a proceso judicial. Las familias de estos mártires del apartheid han conformado organizaciones como “Khulumani Support Group” para exigir justicia y verdad.

¿Qué significa hoy el "nunca más"?

“Nunca más” fue una de las máximas adoptadas por el nuevo orden democrático en Sudáfrica. Sin embargo, el simbolismo hueco de esta frase se ha vuelto motivo de crítica. La falta de voluntad política para asumir un papel activo en el enjuiciamiento de antiguos responsables ha generado una segunda victimización, la del olvido institucional.

Los sectores más jóvenes del país, muchos nacidos después de 1994, comienzan a cuestionar el relato heroico de la transición. Movimientos como Fees Must Fall y Rhodes Must Fall han exigido un resarcimiento más efectivo del legado del apartheid, incluyendo la redistribución de la tierra robada y una verdadera reforma educativa y cultural.

La narrativa de una justicia restaurativa sin consecuencias penales comienza a desmoronarse. Uno de los reclamos repetidos en redes sociales tras conocerse la sentencia fue: “Sin justicia, no hay paz”.

Avances, pero con cautela

Este caso no cierra una etapa, apenas la reabre. El Ministerio de Justicia ha anunciado la creación de una unidad especial para retomar investigaciones de crímenes del apartheid, priorizando aquellos ya identificados por la TRC. Expertos en derecho internacional y derechos humanos consideran que esto puede marcar un punto de inflexión si no se queda en gestos simbólicos.

Sudáfrica tiene la oportunidad de rectificar lo que durante años se ignoró. El fallo contra Engelbrecht y Stander es una llamada de atención: la memoria no es sólo un deber moral, sino una obligación jurídica.

Una justicia colectiva aún por construir

Más allá del castigo a individuos particulares, el desafío más grande para Sudáfrica es construir un puente real entre memoria, verdad y justicia. Solo así la promesa de una nación libre y equitativa, por la cual luchó Caiphus Nyoka, podrá materializarse plenamente.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press