¿Crímenes de guerra o guerra contra los narcos? El caso Hegseth sacude al Congreso de EE.UU.

Una operación encubierta que desató una tormenta política

En medio de crecientes tensiones internacionales, una operación naval estadounidense en aguas internacionales cerca de Venezuela está sacudiendo no solo el Pentágono, sino también los cimientos legales y políticos del gobierno encabezado por Donald Trump.

Según reportes del Washington Post, el almirante Frank “Mitch” Bradley —ahora al mando del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU.— habría emitido el 2 de septiembre una orden para atacar a los sobrevivientes de un presunto barco de narcotraficantes, siguiendo directrices del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien habría ordenado “matar a todos”.

Este hecho, de confirmarse, no solo constituiría una violación del derecho internacional humanitario, sino que también podría ser considerado un crimen de guerra.

¿Quién es Frank “Mitch” Bradley?

El almirante Bradley, con más de 30 años de experiencia, es un veterano de las fuerzas SEAL y fue uno de los primeros oficiales en desplegarse en Afganistán tras el 11S. Su reciente ascenso a comandante del Comando de Operaciones Especiales —posición clave para operaciones antiterroristas y clandestinas— fue aprobado unánimemente por el Senado.

Pero su reputación está ahora en juego. Legisladores de ambos partidos lo han convocado a una audiencia clasificada para esclarecer su rol en los ataques y la cadena de mando que lo motivó.

“Este es un asunto increíblemente serio. Puede exponer a nuestros soldados a consecuencias legales”, declaró el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

La orden: "matar a todos"

Según fuentes que han solicitado el anonimato, tras un primer bombardeo exitoso sobre el bote sospechoso, al menos dos personas quedaron vivas flotando. Fue entonces cuando Bradley dio la orden de una segunda ofensiva aérea con el objetivo declarado de "hundir el barco", aunque se sabía que había sobrevivientes.

La frase “matar a todos”, atribuida a Hegseth, ha sido central en el escándalo. Legalistas y expertos militares afirman que atacar a personas que ya no representan una amenaza viola las Convenciones de Ginebra, haciendo del acto un delito.

¿Dónde está la línea entre legalidad e inmoralidad?

El derecho internacional es claro: los prisioneros o sobrevivientes que han sido vencidos en combate deben ser tratados con humanidad. Disparar con conocimiento sobre personas que no representan amenaza alguna podría tipificarse como ejecución extrajudicial.

Como explica Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de Democracy for the Arab World Now (DAWN):

“Si las víctimas estaban en el agua, heridas o rindiéndose, no existe justificación legal para matarlas. Eso es un crimen de guerra.”

Y sin embargo, en su defensa pública, Hegseth se ha escudado en la “niebla de la guerra” y ha declarado: “No estuve presente durante el segundo ataque. Pero confío en que el almirante Bradley tomó la decisión correcta.”

Un Congreso dividido, pero exigente

La audiencia clasificada convocada a puertas cerradas incluirá a los altos mandos del Comité de Servicios Armados tanto del Senado como de la Cámara, así como miembros clave del Comité de Inteligencia.

Los demócratas han pedido explícitamente los videos completos de los ataques, las órdenes firmadas, y las evaluaciones de inteligencia que justificaban considerar al barco como objetivo militar.

El senador demócrata Jack Reed indicó que los legisladores también exigen conocer:

• Los criterios usados para distinguir combatientes de civiles
• Las reglas de enfrentamiento específicas para ese operativo
• Quién emitió cada una de las órdenes

Por el lado republicano, senadores como Roger Wicker han prometido investigar “de acuerdo con los procedimientos”, sin comprometer la seguridad nacional.

Pero otros como el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, han defendido abiertamente la acción afirmando: “No veo nada incorrecto en lo que pasó.”

El frente legal: más allá de lo militar

A medida que el caso Hegseth-Bradley captura titulares, otro rostro de la administración Trump enfrenta un examen legal en un tribunal federal de Nueva York: John Sarcone.

Sarcone fue designado como Fiscal Federal interino para el distrito norte de Nueva York luego de que expirara su nombramiento por los jueces locales. Pero la Procuradora General Pam Bondi lo reasignó estratégicamente a un rol especial que le permitiría seguir actuando como Fiscal interino, maniobrando los límites de la ley federal.

La fiscal estatal Letitia James, que está siendo investigada por la oficina de Sarcone en relación con demandas contra Trump y la NRA, ha presentado una moción para desestimar los citatorios emitidos por Sarcone. Ella sostiene que su autoridad es ilegítima.

La audiencia ante la jueza de distrito Lorna Schofield podría poner en tela de juicio no sólo las estrategias legales de la administración Trump, sino también su afán por controlar fiscalías clave mediante designaciones extraoficiales y cuestionables.

Más casos similares en el país

El de Sarcone no es un caso aislado. En las últimas semanas, juzgados federales han dictaminado que fiscales en Virginia, Nevada y Los Ángeles fueron nombrados de forma inconstitucional o excedieron sus mandatos interinos. En Nueva Jersey, una corte federal ha descalificado a Alina Habba para el cargo de Fiscal Federal del estado.

El patrón parece claro: la administración Trump ha buscado colocar leales bajo mecanismos legales flexibles, evitando la necesaria confirmación del Senado.

¿Y si todo sale mal?

La posibilidad de que tribunales federales anulen las investigaciones o procesos iniciados por estos fiscales podría crear una peligrosa laguna legal. Juicios que cuestionan la autoridad de estos fiscales resultarán en batallas jurídicas que podrían durar años y socavar la confianza en el sistema judicial.

En palabras del senador Richard Blumenthal:

“Puede que Hegseth no haya estado en la habitación, pero estaba en el circuito de decisiones. Su orden fue instrumental y previsiblemente resultó en la muerte de los sobrevivientes.”

La batalla por el Congreso pasa por Florida

Mientras tanto, en Tallahassee, Florida vive su propia pulseada institucional: la apertura del comité especial de redistribución electoral. El objetivo detrás de escena es claro: aprovechar cualquier ventaja para obtener entre tres y cinco escaños más a favor del Partido Republicano en las elecciones legislativas de 2026.

Esta iniciativa, impulsada por Trump y respaldada parcialmente por el gobernador Ron DeSantis, choca frontalmente con una cláusula de la Constitución estatal que prohíbe rediseñar distritos electorales con la intención de beneficiar o perjudicar a un partido político o candidato.

Aun así, la estrategia sigue avanzando.

Florida tiene actualmente 28 escaños en la Cámara de Representantes, 20 en manos republicanas y 8 en demócratas. Cada uno de los nuevos mapas podría cambiar el equilibrio de poder en Washington, y eso explica la presión, incluso desde el mismo Trump, para que el proceso avance antes de marzo del próximo año.

Una tormenta perfecta

Lo que está ocurriendo es más que una acumulación de escándalos, es una tormenta perfecta: uso cuestionable del poder militar, maniobras legales disruptivas para colocar aliados al frente de fiscalías clave, y un intento de reformular las reglas fundamentales del juego democrático mediante la redistribución de distritos.

Cada una de esas acciones, por separado, ya sería alarmante. Juntas, dibujan un retrato preocupante sobre el rumbo del poder ejecutivo y su relación con los principios jurídicos y democráticos que deberían sostener la república.

¿Un boomerang legal?

Las comparecencias ante el Congreso y los juicios en curso podrían convertirse en un boomerang legal y político no solo contra los protagonistas involucrados, sino contra la estrategia de fondo del trumpismo.

Legisladores republicanos moderados ya muestran señales de incomodidad. Senadores como Thom Tillis han declarado abiertamente que quiere responsabilidad en la cadena de mando y que no se protegerá a nadie involucrado en la masacre del 2 de septiembre.

¿Estamos ante un momento de inflexión donde la legalidad pueda derrotar al tribalismo político? ¿O simplemente veremos cómo la narrativa oficial impone una nueva versión de los hechos, reinterpretando incluso lo que constituye un crimen de guerra?

Se responderá en los pasillos del Capitolio, en las salas de audiencias federales, y quizás... en las urnas.