¿Justicia desde el Caribe? La familia de un pescador colombiano reta a EE.UU. por un ataque militar mortal

Un ataque sin juicio: el caso de Alejandro Carranza

El 15 de septiembre, en aguas del Caribe colombiano, un bote pesquero fue alcanzado por una bomba lanzada en una operación militar estadounidense. A bordo iba Alejandro Carranza, un pescador colombiano que murió en el ataque. Desde entonces, su familia ha iniciado una lucha en busca de justicia por lo que califican como una ejecución extrajudicial.

Este mes, su caso se convirtió en la primera demanda formal contra estos ataques estadounidenses presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Podrán las familias afectadas realmente obtener justicia ante el poder militar de EE.UU.?

Una guerra sin pruebas: la campaña militar estadounidense en el Caribe

Desde inicios de septiembre, el ejército estadounidense ha bombardeado embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental, justificando su actuar en una supuesta lucha contra el narcotráfico. Según cifras no oficiales, más de 80 personas han muerto en estas operaciones.

Sin embargo, el gobierno de Donald Trump no ha presentado evidencias claras sobre las actividades delictivas de las embarcaciones atacadas. En el caso de Carranza, ni el Pentágono ni la Casa Blanca difundieron imágenes ni información verificable sobre los motivos del ataque. La familia del pescador colombiano insiste que su bote no transportaba drogas.

¿Consecuencias para EE.UU.? Lo que significa acudir a la CIDH

La CIDH, principal organismo de derechos humanos en América, no tiene competencias vinculantes sobre los Estados Unidos, ya que el país no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, sí puede emitir recomendaciones y generar presión internacional.

Daniel Kovalik, abogado de la familia Carranza, explicó que esperan que una decisión favorable y la presión pública logren una compensación y ayuden a detener los ataques indiscriminados.

“El gobierno de EE.UU. no se somete a mecanismos de rendición de cuentas internacionales, por eso usamos las vías disponibles”, dijo Kovalik.

Una escalada regional: ¿intervención disfrazada?

Los ataques comenzaron frente a la costa de Venezuela, escalando después al Pacífico. Esta presencia militar, la más importante en la región desde la Guerra Fría, parece tener un objetivo político: presionar por la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro.

De hecho, el propio presidente Trump afirmó recientemente que comenzarán ataques terrestres en países que “fabrican y venden drogas a EE.UU.”. Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo según la ONU, fue específicamente mencionado.

“Sabemos dónde viven, sabemos todo sobre ellos. Y vamos a empezar pronto también por tierra”, dijo Trump a periodistas.

Críticas desde Colombia y amenazas contra la familia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha criticado duramente los ataques, calificándolos de “asesinatos”. Petro, quien enfrenta sanciones impuestas por la administración Trump, ha condenado el uso desproporcionado de la fuerza contra embarcaciones.

La familia de Carranza, además de su dolor, ha tenido que lidiar con amenazas de grupos paramilitares por denunciar el hecho. En la petición a la CIDH, se expone que las víctimas no tienen medios eficaces en Colombia para obtener reparación y que las amenazas impiden un proceso seguro ante los tribunales locales.

La disputa por las cifras y la narrativa oficial

El Departamento de Estado ha insistido en que las embarcaciones destruidas contenían cargamentos de cocaína y fentanilo, pero no ha publicado imágenes ni pruebas concretas. “Había bolsas grandes esparcidas por el mar”, afirmó Trump, aunque los detalles nunca fueron revelados.

Por su parte, testimonios recogidos por medios como el New York Times y el Washington Post han revelado que algunas órdenes militares incluían la frase “maten a todos”, y que sobrevivientes fueron rematados tras los ataques iniciales.

Según el Post, el secretario de Defensa Pete Hegseth habría aprobado un segundo ataque contra sobrevivientes del primer bombardeo. La crueldad de esta estrategia ha desatado indignación en sectores de derechos humanos.

El precedente histórico: ¿por qué este caso importa tanto?

América Latina no es ajena a la intervención militar estadounidense. Desde la Operación Cóndor en los 70 hasta la intervención en Panamá en 1989, EE.UU. ha tenido un largo historial de injerencias bajo el pretexto del orden y del combate al narcotráfico.

Pero este caso es distinto. Aquí, hay una víctima civil, una familia que demuestra no tener vínculos con el narcotráfico, y una denuncia formal que podría abrir la puerta a una nueva era de responsabilidad internacional.

Según expertos del CEJIL, si la Comisión admite el caso y emite una postura contraria a EE.UU., se crearía un documento histórico que podría sustentar futuras demandas incluso dentro del mismo sistema judicial estadounidense.

Una cuestión de jurisdicción y moral

La impunidad geopolítica de EE.UU. se enfrenta al poder simbólico de organismos multilaterales. Aunque la CIDH no puede obligar a Washington a indemnizar a la familia Carranza o modificar sus políticas, sí puede visibilizar la desproporcionalidad en el uso de la fuerza y detonar una discusión ética sobre los límites del poder militar en tiempos de supuesta paz.

En palabras del propio Kovalik: “Este caso puede ser el inicio para terminar con la lógica de matar antes de investigar”.

¿Qué sigue para la familia Carranza y otros afectados?

Mientras la CIDH analiza la admisión del caso, la familia Carranza vive con miedo y dolor, pero también con esperanza. Pretenden llevar su voz ante organismos internaciones, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.

“No es sólo por Alejandro, sino por todos los inocentes que pueden morir sin justicia”, dice uno de sus hijos. Al mismo tiempo, otras familias colombianas han comenzado a reportar desapariciones similares y denuncias de ataques que consideran arbitrarios o injustificados.

Este caso podría abrir la puerta a una revisión total de los métodos de intervención militar extranjera en América Latina y al cuestionamiento de narrativas hegemónicas que vinculan cualquier embarcación en el Caribe con el narcotráfico sin prueba alguna.

Un símbolo de resistencia

Mientras el Pentágono guarda silencio y el debate se politiza, la historia de Alejandro Carranza se transforma en un símbolo. Representa la vulnerabilidad del ciudadano común ante la maquinaria militar más poderosa del mundo y, al mismo tiempo, la resistencia de una familia que se atreve a levantar la voz.

En un mundo marcado por el desequilibrio entre potencias y pueblos vulnerables, cada esfuerzo por justicia ofrece una esperanza. Aunque no haya garantías de reparación, la visibilidad internacional y la presión ciudadana podrían cambiar el curso de esta historia.

¿Será Alejandro Carranza el primero de muchos que logren desafiar la lógica del poder armado sin rostro?